La producción normativa sobre la Amazonía es magnánima, un historiador recientemente fallecido la llamó “marañones legislativos”, porque esta es ingente, contradictoria, una maraña en toda regla. Cualquiera que la huronee si no se tiene un candil se puede extraviar en esta patria de folios y preceptos legales. En los años ochenta se publicó varios tomos de la regulación existente en la Amazonía teniendo como principal línea de base el inicio de la república peruana. Dentro de esta maleza normativa, un indígena litigante muy ingenioso, aprovechando esta descomunal (hasta desconcertante) producción legislativa del marjal, tejió finamente argumentos simétricos, muy solventes, para defender sus purmas (terrenos en barbecho) que estaban descansando y eran ocupados por un vecino. Esta producción normativa no se ha detenido, sigue y sigue sin menguar el caudal. Da la impresión que bajo el supuesto “vacío amazónico” el legislador trata de cubrir con las leyes de todo nivel. Digo supuesto porque tal vacío no existe, salvo en la cabeza todavía de mucha gente. Los árboles, el bosque, los ríos confunden, y mucho, a propios y extraños. Para añadir una gota de leyes tenemos que la floresta también tiene una regulación internacional que le atañe, que van desde normas regionales (me refiero a los de países americanos y los de la cuenca amazónica) y de ámbito internacional como es el caso de convenios sobre los recursos naturales, que al firmarlos son de obligatorio cumplimiento por los países y más aún los que viven en esta área de gran biodiversidad. Es por eso que me llama la curiosidad que las ciudades amazónicas, en lo que respecta a sus competencias, hacen flaco favor al cumplimiento de todo este océano normativo relacionado, por ejemplo, al medio ambiente. Para ser más concretos, me refiero el ordenamiento territorial. Se da una paradoja que mientras de un lado hay una sobredimensionada regulación, la ciudadanía en la floresta camina o mira para otro lado ¿estaremos a tiempo de enmendarlo?
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