Más de nueve millones de hectáreas de tierras cultivables, una superficie equivalente al territorio de Portugal, fueron requisadas a partir de 1969 y durante la década que le siguió por el general Juan Velasco.
El nuevo gobierno militar decía que estos campos, hasta entonces en manos de grandes terratenientes, serían repartidos entre 400.000 personas en un acto de justicia.
Fue la aplicación de una Reforma Agraria tres veces más grande que la ocurrida en otros países de Sudamérica, como Chile, Ecuador y Bolivia.
Pero ese acto heredaría un problema que más de cuatro décadas después no tiene solución: el pago por las tierras.
Junto a los poseedores de tierra peruanos, cerca de 200 fondos de inversión de Estados Unidos, la mayoría con capital de trabajadores jubilados, están demandando el pago de esas tierras.
Ello debido a que estos estadounidenses poseen cerca del 20% de los bonos que emitió el régimen de Velasco para compensar la expropiación de las tierras.
