Gonzalo Marsá, asesor indígena, expuso los desafíos que enfrenta la explotación forestal en Loreto. Durante una entrevista, reveló que 297 comunidades fueron señaladas por actividades ilegales en la extracción de madera, acumulando multas que superan los 148 millones de soles. Esta situación llevó a la estigmatización de personas que no participan activamente en la ilegalidad.

Marsá indicó que el problema involucra a comunidades, líderes y empresarios que a menudo operan en conjunto. Destacó que no se puede considerar a toda la población como delincuente, ya que la falta de recursos y educación contribuyen a la situación actual. «Es esencial entender el contexto en el que operan estas comunidades», señaló.

Para abordar estos desafíos, Marsá sugirió una colaboración entre el Estado y el gobierno regional para proporcionar asistencia técnica y recursos a las comunidades. También subrayó la importancia de que los candidatos incluyan en sus plataformas propuestas para una explotación forestal sostenible, fomentando un diálogo más abierto sobre el futuro de los recursos en la región.

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