Congresista Meléndez
La comisión de Fiscalización del Congreso de la República, deberá iniciar un proceso de investigación acerca de los millonarios contratos de concesión de reserva fría entre la empresa Genrent del Perú, asi como el contrato de suministro firmado por Electro Oriente con la cuestionada empresa Genret, señaló el congresista por Loreto, Fernando Meléndez Celis.
El legislador y vocero de la bancada de Alianza para el Progreso, formalizó el pedido a través de una misiva dirigida al Presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, Edgar Alarcón Tejada. Cabe precisar que Meléndez Celis, también es miembro titular de dicha comisión,
“Se desconoce los motivos por las cuales se firmaron los Contratos de Concesión de Reserva Fría de Generación del Proyecto “Suministro de Energía para Iquitos” entre el Ministerio de Energía y Minas y la empresa Genrent del Perú SAC, y el Contrato de Suministro de Electricidad entre Genrent del Perú SAC y la empresa Electro Oriente SA, ambos, en la misma fecha”, señala el documento.
El parlamentario argumenta además que, se desconoce las razones por las que la empresa Electro Oriente SA, que contaba con la capacidad técnica e económica para satisfacer la demanda eléctrica de la población de Iquitos, pasó de ser la productora y distribuidora de la energía eléctrica en Loreto, San Martin, Amazonas y parte de Cajamarca, a solo ser la distribuidora en Iquitos, el principal mercado para dicha empresa”
De otro lado, en el oficio también se incluye el pedido para que se revisen las consultorías mediante los contratos G-75-2019 y G-76-2019, los que se habrían otorgado a la empresa Peruvian Management Capital Groups SAC, con domicilio real en la ciudad de Tarapoto, la misma que tenía como representante legal al señor Octavio Manuel Alvarado Angulo quien, según el mismo diario, fue jefe de campaña electoral del ex Primer Ministro, César Villanueva Arévalo, cuando éste postuló para la presidencia del Gobierno Regional de San Martín;
Dichos contratos denominados: G-75-2019 “Elaboración y ejecución de estrategias legales para lograr la inaplicabilidad del laudo arbitral del MEF-FONAVI que incluye acciones constitucionales, apersonamiento al proceso de nulidad de laudo y otras acciones legales para el logro del objetivo”, y G-76-2019 “Servicio de asesoría legal para sinceramiento de la carga procesal laboral, civil, constitucional y contencioso administrativo de las sedes Loreto, San Martín, Amazonas y Cajamarca”, han tenido, según el diario “La Región”, un costo de 760 mil soles, a pesar de contar la empresa con ocho (8) abogados encargados de ver estos temas;
Cuestionamiento a directores de Electro Oriente
El parlamentario pidió explicaciones sobre graves denuncias hechas por medios de comunicación como el diario “Uno” de fecha 14 de abril de 2018, donde se señala que los directores de la empresa Electro Oriente S.A. (ELOR) Jorge Antonio Apoloni Quispe, Gustavo Jorge Domecq Domecq, Jaime Alberto Pinto Tabini, Milciades Zelada Díaz, Alejandro Navas Meza y Wenceslao Del Águila Solano, fueron denunciados penalmente por presuntos delitos de: Asociación ilícita para delinquir, corrupción de funcionarios, nombramiento y aceptación indebida de cargo público, falsificación de documentos y otros, solicitándose en la demanda la intervención urgente de dicha empresa antes de que el daño sea irreparable, tratándose de funcionarios con injerencia en temas de energía eléctrica e hidrocarburos;
Asimismo, el diario “Pro y Contra” de Iquitos, en su edición del 4 de marzo de 2019, señala que Milciades Zelada Díaz, representante del Ministerio de Economía y Finanzas en el Directorio de Electro Oriente S.A. tiene siete denuncias referidas a presuntos delitos cometidos, tales como: abuso de autoridad, homicidio culposo y peculado en los distritos fiscales de Lima y Ucayali; además de que según el mismo diario, de fecha 27 de marzo de 2019, el indicado director, aprovechándose de su condición de miembro del Directorio de Electro Oriente S.A. habría exigido la contratación de un familiar directo en la empresa, pese a que dicha persona no cumplía con el perfil requerido para el puesto, perjudicando a la empresa y a los profesionales que, de buena fe, postularon en la convocatoria..
