Lo que no se sabía hasta ahora es que la Fiscalía Penal de Pampas había solicitado la detención preliminar de los ocho militares y los tres civiles que sobrevivieron al ataque. El Juzgado de Investigación Preparatoria de Pampas, sin embargo, la denegó.

Según la resolución del 27 de abril de 2026, el problema fue el plazo. Los implicados ya habían sido detenidos el mismo día de los hechos, el 25 de abril, pero el juez había dispuesto su libertad. La Fiscalía pidió la detención preliminar justo cuando se les había dado libertad, por lo que debía solicitar la medida dentro de las primeras 24 horas de la detención inicial. Pero el requerimiento llegó después, cuando ya era tarde.

Retraso

Desde el Ministerio Público explican que las pericias se retrasaron porque los peritos de la Policía Nacional tardaron en llegar. Aseguran que desde el 25 de abril ya se habían ordenado todas las diligencias urgentes, pero la PNP no las ejecutó a tiempo, supuestamente por la lejanía del lugar. Ese retraso, argumentan, fue lo que les impidió cumplir con el plazo legal para solicitar la prisión preventiva.

De todos modos, el juez Walter Gerardo Llacza Asencios resolvió que no correspondía la detención preliminar. Con esa medida descartada, rechazó el pedido sin siquiera revisar el fondo, ni las pruebas, ni si los investigados podían fugarse.

El juzgado también señaló que no había indicios de fuga. Los militares fueron intervenidos en el lugar de los hechos; los dos heridos estaban siendo atendidos en la clínica, y uno de ellos se había presentado por voluntad propia ante las autoridades. Todo eso debilitó el argumento fiscal de que existía una urgencia real para volver a detenerlos.

Fallido operativo

Los hechos ocurrieron en la carretera que une Pucacolpa (Huanta, Ayacucho) con Colcabamba (Huancavelica), en el sector de Pongor, a minutos de llegar a Campo Armiño. Durante la fallida operación militar, efectivos del Ejército dispararon contra una camioneta y murieron cinco personas en el acto. Al principio, las autoridades sostuvieron que se trató de un enfrentamiento armado, pero los testimonios de los sobrevivientes lo desmienten y las primeras diligencias han puesto en duda esa versión.

El argumento de obstaculización

En su requerimiento, la fiscal Zina Romero Chávez también sostuvo que los militares, por su condición y acceso a información privilegiada, podían interferir en la investigación. Según su tesis, podrían influir sobre testigos, coordinar versiones entre los involucrados o afectar la obtención de pruebas. Eso era especialmente preocupante porque aún faltaban diligencias técnicas y periciales clave. Por eso, para la Fiscalía, la restricción de libertad era necesaria para evitar que alguien entorpeciera la investigación.

Ahora lo ve Derechos Humanos

A pesar de este revés, la investigación sigue adelante. Ahora la conduce la Fiscalía de Derechos Humanos, que indaga la actuación de los militares. El Ministerio Público mantiene la imputación por homicidio calificado y lesiones graves, y no descarta presentar un nuevo pedido de detención, siempre que cumpla con los requisitos legales.

Por ahora, los ocho investigados permanecen en libertad mientras afrontan las diligencias. Los tres sobrevivientes, que antes eran investigados, ahora son considerados víctimas al igual que los fallecidos.

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