El gobernador regional de Loreto, Elisbán Ochoa, señaló que la orden de prisión preventiva que recae en su contra, responde a intereses políticos.
Según la investigación del Tercer Despacho de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Loreto, en 2020, la autoridad regional y otros 11 investigados, habrían autorizado contratar los servicios de alimentación y alojamiento para los ciudadanos que se encontraban varados tras decretarse el aislamiento obligatorio.
“Este es un tema político más que legal. Es un tema administrativo, porque no le corresponde al gobernador controlar quienes comen o quienes se alojan en un hotel. Nosotros determinamos la política de gestión, la parte administrativa tiene sus responsables”, manifestó a Pro y Contra.
Ochoa negó que existan pruebas que determinen que él esté involucrado en las irregularidades de la tramitación de órdenes del servicio de alojamiento.
“Me da mucha pena su actitud, (la fiscal) me está involucrando sin tomar mi manifestación. Ha solicitado prisión preventiva para que después investigue […] Aquí hay motivaciones políticas y económicas, ya estamos presentando una queja”, dijo.
