Escribe: Tato Barcia
A mediados del mes de junio el Gobernador Regional Sr. Elisban Ochoa anunció que convocará a licitación primer paquete de 32 obras financiadas con 135 millones del fideicomiso. De estas 16 solo cuentan con su código “Invierte.pe”; y de estas solo 9 figuran con proceso de licitación en marcha en la “OCSE” por 65 millones 720 mil 697 soles. Y si se llevan dentro del cauce normal de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo 344-2018-EF; podrían ser adjudicadas durante el mes de agosto y estarían en condiciones de empezar los trabajos durante la segunda quincena de septiembre o primera de octubre, en el mejor de los casos. De una simple revisión de los mismos, es fácil percatarse que 8 de estos proyectos fueron realizados por gobiernos locales (municipales), y solo uno corresponde a la principal institución pública de Loreto; lo que demuestra que carece de un banco de proyectos. La inversión pública cayó en 32.7% en el primer semestre de este año. Esta cifra es la mayor caída en la inversión pública en Loreto desde igual periodo del año 2016, en el que bajó en 28.5% en dicho semestre. Es lamentable ver la inercia con la que se conduce el GOREL. A la fecha, la ejecución presupuestal del gobierno regional está por debajo de la media nacional, por otro lado la calidad del gasto deja mucho que desear; esto requiere de una propuesta más compleja, pues vincula el uso eficaz y eficiente de los recursos públicos con los objetivos que se persigue tales como el crecimiento de la economía regional o el aseguramiento de equidad distributiva; se trata pues de una medición multidimensional. Pero sin embargo vemos cómo el PBI continúa rezagado, la inversión pública y privada paralizadas y un deterioro de las condiciones de vida en Loreto. Iquitos respira el caos y el desánimo de los agentes económicos, la informalidad está en su máxima expresión, obras paralizadas y pistas bombardeadas.
La entrada en vigencia a partir del 1ro de enero de este año de la “Ley No 30897 – LEY DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN Y DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO DE LORETO”. La cual se suponía; al menos en teoría. Que esta norma debería generar todo un “CÍRCULO VIRTUOSO” dentro de nuestra economía al promover el incremento de la inversión pública y el desarrollo de la inversión privada, sin embargo a producido el efecto contrario; Alza de precios en todos los sectores (bienes y servicios), desempleo, mayor pobreza, desnutrición, etc, etc. Por ello resulta urgente y necesario ver en qué se invierte el dinero del famoso “FIDEICOMISO”, que nace como una compensación económica como consecuencia de la eliminación del reintegro tributario del IGV (no son menores de 200 millones de soles al año por este concepto), y de la eliminación del IGV por la importación de bienes destinados al consumo de Loreto (asciende a 70 millones de soles al año por este concepto). En total 270 millones anuales para constituir el “fideicomiso”; mediante el cual el MEF (fideicomitente) entrega las cantidades de dinero descritas líneas arriba, al GOREL (fideicomisario o beneficiario), anualmente para que se destinen al financiamiento, por parte del gobierno regional de Loreto, de la ejecución de las inversiones públicas como proyectos de infraestructura turística, para impulsar actividades productivas, entre otros, elaboración de expedientes técnicos o documentos equivalentes y su ejecución. Siempre y cuando estas estén priorizadas en el Plan de Desarrollo Regional Concertado del gobierno regional. Esto conforme a la normativa del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
Las declaraciones del gobernador regional el día sábado 13/07 anunciando la construcción de una moderna infraestructura para la institución educativa I.E. San José, por un monto referencial de 27 millones de soles; que será financiados con fondos del Fideicomiso. También anunció la construcción de un nuevo hospital cuyo perfil se ejecutará en el presente año y su construcción deberá iniciarse en abril del próximo año; ambos en la localidad de Indiana, capital del distrito del mismo nombre. Así mismo vemos que otra obra importante es el “Mejoramiento del Centro Educativo Elzeario MC Donald” por un monto referencial de 13 millones y medio de soles; en la localidad de Pebas y otras obras de igual o mayor importancia en Caballo-Cocha. Ambas ciudades pertenecen a la provincia de Ramon Castilla. Que no tendría nada de excepcional si esta última provincia no seria donde nació y la primera ciudad donde vivió gran parte de su vida nuestra primera autoridad regional; Debemos recordar que la ciudad de Iquitos representa un poco más del 50% de la población de Loreto a diferencia de la provincia de “Ramón Castilla” aunada a la localidad de Indiana no superan el 10% de la población total de Loreto; sin embargo se llevan un poco más del 37% de la torta. Aquí cabe preguntarse con qué criterio se priorizan las obras con que se canjearon los beneficios tributarios de Loreto. Todo esto, deja dudas sobre la consistencia de los argumentos y la consecuencia entre lo que se dice, se hace y se hará.
Es conocido que la ejecución presupuestal para las obras públicas, de todo tamaño y costo, viene siendo deficiente desde hace varias gestiones del GOREL, y es que desde tiempo atrás se creyó que la causa de ello era la demora en los trámites ante el SNIP (Sistema Nacional de Inversión Pública), dependencia del MEF, quien aducía como motivación de la demora la baja calidad de la confección de perfiles y proyectos, esto último por la impericia técnica del personal encargado de hacerlos.
Por otro lado, en las obras en que se había adjudicado la buena pro, en el camino había desavenencias entre la entidad contratante, el constructor y a veces el supervisor, lo que derivaba en complejos expedientes de reclamaciones y de arbitrajes, descubriéndose en algunos de estos últimos que había razones soterradas y no muy santas.
Además de lo expuesto, no podemos olvidar que la complejidad del sistema de contratación de las obras era un acicate para conversaciones de sesgo delictivo con las cuales se arribaba a entrega de las famosas “coimisiones”, lo cual elevaba los desembolsos del GOREL en perjuicio de todo la región, que con el diferencial se hubieran podido satisfacer muchas otras necesidades. Para solucionar la problemática el gobierno central ha hecho diversas modificaciones en la normatividad de las contrataciones por el Estado e incluso se llegó a sustituir el SNIP por INVIERTE.PE, aunque lastimosamente pareciera que el remedio fue peor que la enfermedad, a lo que se agrega la intervención de la Contraloría General de la República que, aunque con las mejores intenciones de cuidar los recursos públicos, muchas veces terminamos con la paralización de obras y procesos judiciales interminables (como la del Mercado modelo). Es de esperar que, con el sistema de acompañamiento de la Contraloría durante todo el tiempo del proceso de ejecución de las obras, sin esperar el control posterior, pudiera ayudar en la mejor calidad de obras y oportuna entrega de ellas a la entidad pública convocante.
Para las obras pequeñas, que pudieren señalarse con un valor no superior a determinado número de Unidades Impositivas Tributarias (UITs), en lugar de sacarlas a engorrosos concursos y licitaciones, podrían entregarse directamente a contratistas que cumplan con las calificaciones, y al valor referencial fijado por la entidad pública contratante, y los contratistas de preferencia radicados en las localidades en que se ejecutarán las obras. Evidentemente que, con un sistema de reparto equitativo de las pequeñas obras, se reducirían los costos al GOREL y gobiernos locales, habría un mejor control y se evitarían tantas paralizaciones que al fin de cuentas afectan a los usuarios de las obras que se ejecuten, principalmente en lo que son obras municipales de pistas, veredas y agua y desagüe, entre otras.
Sin embargo terminaron adjudicando las obras a contratistas de otras regiones (principalmente Ucayali y San Martín). Lo que implica qué hay que ahondar en el tema.
Hace un tiempo un amigo me dijo que había tres tipos de corrupción en las obras públicas de nuestra región. La primera es la coima que se paga para que se asigne la obra a un postor determinado. La segunda es la corrupción asociada a la calidad de la obra. Esa en la que te inflan el precio por el cemento o le meten menos fierro o ladrillo ahí donde debería haber más. Pero hay un tercer nivel de corrupción relacionado con su utilidad. Sí pues, no son pocas las veces en las que la obra en cuestión ni siquiera sirve. Imaginen hace cuánto tiempo se terminó el embarcadero turístico de la 2da cuadra de la AV. la Marina y no entra en funcionamiento; amén del costo que implicó su construcción. Para la mayoría de los Iquiteños, la corrupción no es una sorpresa. Prácticamente ya nos hemos acostumbrado a ella. Los ciudadanos no debemos pagar los millones que alguien se guarda en el bolsillo. Sin embargo, lo que más me molesta es que se pueda usar esto de excusa para que el empresario privado informal aproveche en sumar argumentos para no pagar los impuestos que debe pagar. Por su parte, el sector privado debe entender que la variable de la coima no puede estar incorporada en los balances financieros. Un representante de una importante empresa constructora regional me decía que todas las instituciones públicas de Loreto están plagadas de corrupción en diversos niveles. Algunos aún creen que la coima acelera los negocios, pero, en realidad, lo que ocurre es que hace que estos caigan. A veces más tarde que temprano, pero caen al fin y al cabo. Sin embargo, nuestra región no se merece eso y, no pierdo la fe, que dentro de poco existan procesos que sí sumen y tengan un impacto positivo. Quiero creer que todavía existimos personas que queremos buscar hacer de nuestra región Loreto un mejor lugar para vivir, libre de corrupción y de malos políticos.
