En una carta dirigida al Ministerio de Energía y Minas, Perupetro S.A., Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Salud, Defensoría del Pueblo, Autoridades Públicas representantes de comunidades indígenas solicitan atención inmediata ante los riesgos por el covid19 y denuncian que la empresa Pluspetrol les sigue perjudicando.
El documento firmado por representantes de Comunidad La Petrolera, Comunidad San Gabriel, cuenca del Marañón, distrito Urarina, Comunidad San José de Saramuro, cuenca del Marañón, distrito Urarina, Comunidad San Pedro, cuenca del Marañón, distrito Urarina, Comunidad La Petrolera, cuenca del Patoyacu, río Chambira, distrito Urarina,
Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca – ACODECOSPAT señalan:
Preocupados e indignados, escribimos ante los nuevos riesgos e incertidumbres a las cuales nos somete el Estado peruano, a causa de la situación en el Lote 8 y la mala atención a la salud de nuestras comunidades por el Estado. Pluspetrol Norte está huyendo, se está escapando: se ha declarado en liquidación, no va a terminar su contrato, se declarará en quiebra y no pagará sus multas al OEFA. Tampoco ejecutará un Plan de Abandono del lote, dejando las instalaciones y daños ambientales sin cumplir sus obligaciones de acuerdo a ley. Una vez más se ve la incapacidad del Estado para garantizar derechos de los pueblos indígenas.
En la comunidad La Petrolera son 8 derrames de petróleo que afectan nuestro territorio desde el año 2011. El último derrame corresponde a febrero de 2018 y hasta hoy no se remedia. El área integral de impacto de este último derrame es casi 5000 m2, donde se ubican una quebrada y la laguna Rosacocha, que es fuente diaria de alimentación de nuestra comunidad, afectada además por 3 derrames anteriores: en febrero 2014 y julio 2015 dos veces. Todos esos derrames han provocado que peces como bujurquis, fasacos, acarahuzús, boquichicos y otros tengan sabor y olor a petróleo. Nosotros hemos denunciado esto desde hace años, pero no ha sido atendido a tiempo por las autoridades. Lo mismo ocurre con comunidades como Nueva Alianza (4 derrames), Reforma (2 derrames), Santa Teresa (3 derrames) y otras más; son en total 33 derrames en el oleoducto Corrientes-Saramuro los que registran OEFA y OSINERGMIN que están en la misma situación.
La Reserva Nacional Pacaya Samiria, territorio ancestral del pueblo kukama, también está profundamente afectada. Ubicada al frente de comunidades como San José de Saramuro, San Gabriel, San Pedro de Urarina y otras más. En el Pacaya Samiria se han identificado oficialmente 11 puntos contaminados en los más de 17 kilómetros de ducto que van de la Batería Yanayacu hasta el río Marañón; pero además existen lagunas de petróleo a causa de derrames antiguos que ocurrieron al interior de la batería Yanayacu. Hasta hoy se siguen contaminando estos aguajales y zonas inundables por responsabilidad de Pluspetrol, y la contaminación filtra a cochas, quebradas y ríos de territorios comunales.
Es una nueva falta de respeto y vulneración a nuestros derechos que hasta hoy el Estado no se haya comunicado con nosotros para explicarnos y aclarar lo que va a suceder con el Lote 8. El Estado se comporta como si los pueblos indígenas no existieramos; a pesar que nosotros denunciamos permanentemente la contaminación y los abusos de las empresas petroleras. En estos años ni una sola vez entró el Ministerio de Energía y Minas o Perupetro a informarnos sobre las obligaciones de las empresas petroleras, o sobre su rol como autoridad socioambiental u otro asuntos. Hemos solicitado mediante carta del 8 de febrero reunión con el Viceministro de Hidrocarburos y al gerente de Perupetro, para que nos informe sobre lo que pasa en el Lote 8, pero hasta ahora no nos responden.
Por otro lado, vivimos problemas graves en el ámbito de la salud, los cuales tenemos que denunciar. El Plan de Salud de las cuencas del Pastaza, Corrientes, Tigre, Marañón y Chambira (Modelo de Atención), en 4 años de implementación, ha ingresado solamente mediante las brigadas de salud una sola vez a la comunidad La Petrolera, esto el 3 de octubre de 2020; pero tenemos conocimiento que los responsables de la Microred Maypuco han informado que ingresaron en diciembre 2020, lo cual es falso. Peor aún, en la comunidad San Gabriel, el promotor de salud informa que ni una vez ha ingresado una brigada del Plan de Salud a su comunidad.
Además, es inaceptable que en ese único ingreso de la brigada y las autoridades de salud a la comunidad La Petrolera, se nos entreguen medicamentos vencidos y, ante nuestro reclamo, el doctor responsable y el coordinador de la brigada, Grover Sandi, nos dijeron sobre los medicamentos que “son buenos, se les puede usar”. Esto es un atentado contra la salud de nuestra comunidad. Finalmente, se debe otorgar indumentaria de protección a los promotores y promotoras de salud, quienes exponen muchas veces su vida a picaduras de serpiente o contagios de enfermedades.
Estamos cansados y cansadas del ninguneo del Estado, de que se nos trate mal. Es hora de que nos escuchen y el Estado cumpla su rol como garante de derechos y cumpla sus obligaciones que constan en el Convenio Nº 169 de la OIT. No vamos a permitir que el Estado nos trate como si no existieramos, cuando por décadas se ha beneficiado con varios cientos de millones de dólares producto de la extracción del petróleo que existe en nuestros territorios ancestrales. Por ello, exigimos:
Sobre el Lote 8:
Se inicie en el más breve plazo una labor de identificación de impactos en las zonas correspondientes a los puntos contaminados en territorios comunales, esto con participación de los monitores ambientales de nuestra comunidad, sus autoridades comunales y nuestra federación ACODECOSPAT.
Se nos convoque a una reunión, acompañados de nuestra organización indígena ACODECOSPAT, para que se nos informe sobre: (i) la situación actual de liquidación de Pluspetrol, sus consecuencias y la posición del Estado frente a ello; (ii) la situación de las responsabilidades ambientales en el Lote 8; (iii) mecanismos, medidas, e instrumentos de gestión ambiental que se aplicarán para la remediación, así como plazos inmediatos de aplicación y responsables de ejecución; (iv) Los escenarios del Lote 8 en el corto, mediano y largo plazo.
Señalamos al Estado que no permitiremos que avance con nuevas operaciones en el Lote 8 hasta que no tengamos información y claridad sobre el futuro del lote, y se realice un proceso de Consulta Previa de forma adecuada, en estricto cumpliento y respeto del Convenio Nº 169 de la OIT.
Sobre Salud:
En este momento hay 4 casos de COVID19 en la comunidad La Petrolera y nos falta medicinas. En la comunidad solo contamos con tratamiento para 2 casos más de COVID19, y está aumentó la aparición de casos. Exigimos que se entreguen a las comunidades de la zona más pruebas de despistaje y medicinas para tratamiento.
Exigimos que se priorice el ingreso de brigadas de salud a las comunidades San Gabriel y La Petrolera, y también se ingrese a otras comunidades de la Microred Maypuco. Además exigimos que se dote con medicinas adecuadas y vigentes a los botiquines y a los agentes de salud de cada comunidad.
Ya que el Plan de Salud se acaba en junio de 2021, exigimos que este plan se amplíe, que tenga presupuesto exclusivo y se ingrese regularmente a la quebrada del Patoyacu y a todas las comunidades de la Microred Maypuco con atención integral e intercultural. Además que se capacite, equipe, e implemente a los promotores y promotoras, a las parteras, a los sabios y sabias que forman parte del sistema de salud de nuestras comunidades.
También exigimos al MINSA que acelere el proceso de elaboración de perfil, expediente y aprobación de presupuesto del Puesto de Salud de la comunidad La Petrolera.
