Un equipo especial del Ministerio Público formalizó la investigación preparatoria contra la ex alcaldesa de Lima Susana Villarán y otros funcionarios, así como a un ejecutivo de la empresa OAS por los delitos de cohecho, negociación incompatible y lavado de activos. Los hechos corresponden a la investigación preliminar sobre la campaña del «No» a la revocatoria.
El 24 de noviembre del año pasado, el Ministerio Público dispuso el inicio de una investigación preliminar contra Villarán y Castro por presunto cohecho pasivo propio y lavado de activos en agravio del Estado, debido a los presuntos aportes de las constructoras brasileñas. Por esta razón, se solicitó ese mismo mes al Poder Judicial el impedimento de salida del país de ambos exfuncionarios, el cual fue aceptado tres días después.
El Ministerio Público dirigió en abril el allanamiento de las viviendas de la exalcaldesa en Miraflores y Lurín, así como la de su exgerente municipal José Miguel Castro. La tesis de la Fiscalía, según consta en la resolución fiscal que autorizó la diligencia, es que Villarán habría solicitado la financiación de su campaña del ‘No a la revocatoria’ a Odebrecht y OAS porque estas tenían “intereses” en la Municipalidad de Lima.
