Contraloría detectó daño irreversible al medio ambiente en Loreto y Ucayali
La Contraloría General, mediante una Auditoria de Cumplimiento, determinó que la inacción de 11 profesionales (entre funcionarios y ex funcionarios) de la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios (DGAAA) del Ministerio de Agricultura (MINAGRI) respecto a dos empresas agrícolas ubicadas en Loreto y Ucayali permitió la deforestación de 8,099.46 hectáreas de bosques primarios, considerados Patrimonio Forestal de la Nación, causando daños irreversibles al medio ambiente.
Según el Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 691-2019-CG/AGR-AC por estos hechos se identificó presunta responsabilidad del tipo penal y administrativo en dichos profesionales, quienes contaban con información suficiente, relevante y oportuna sobre la conducta infractora de las referidas empresas dedicadas a proyectos agrícolas de alta intensidad (cacao y palma aceitera) durante el periodo 2013 – 2017.
De acuerdo al informe, elaborado por la Subgerencia de Control del Sector Agricultura y Ambiente, las empresas Cacao del Perú Norte S.A.C. (fundo Tamshiyacu, Loreto) y Plantaciones de Ucayali S.A.C. (fundo Zanja Seca, Ucayali), iniciaron sus operaciones sin contar con la Certificación Ambiental requerida y ocasionaron daños irreversibles al medio ambiente.
Uno de los aspectos básicos a considerar es que los suelos de producción forestal no se recomiendan para producción agroindustrial porque presentan limitada riqueza para la producción agraria, generando el deterioro del medio ambiente, tornándose negativo para el buen desarrollo de las especies forestales y fauna silvestre. Con la deforestación, el bosque tarda muchos años en repoblarse.
En la auditoría se determinó que, en el 2016, los profesionales de la DGAAA, de manera irregular aprobaron el Estudio de Suelos y otorgaron la Clasificación de Tierras con Capacidad de Uso Mayor (CTCUM) de 2,000.51 hectáreas del fundo Tamshiyacu (en Loreto), cuando se había perdido las condiciones naturales del suelo y existía un pronunciamiento al respecto. Además, las tierras estaban clasificadas como tierras para la producción forestal.
Dicha situación se vio agravada debido a que el Director General a cargo de la DGAAA, dispuso el levantamiento de la medida preventiva de paralización de las actividades agrícolas en Tamshiyacu, a pesar de conocer que el Poder Judicial había ordenado expresamente mantenerla vigente. Con este accionar se otorgó la apariencia de legalidad a la deforestación de hectáreas de suelos con aptitud natural forestal para instalar plantaciones de cacao.
Por otra parte, se evidenció que, en el año 2013, se aprobaron los Estudios de Impacto Ambiental de los proyectos agroindustriales de palma aceitera en la localidad de Maniti y Santa Cecilia, en el distrito de Indiana, región Loreto, sin realizar una evaluación integral de los impactos ambientales por la ejecución de ambos proyectos, en la misma localidad. Ello significó daños irreversibles en 5 170.62 hectáreas en la zona de Maniti y 4 134.73 hectáreas en Santa Cecilia, ocasionando impactos significativos sobre especies de flora y fauna silvestre en situación de amenaza y protegida por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).
Los resultados del control posterior fueron notificados al Ministerio de Agricultura y Riego, así como a la Procuraduría Pública de la Contraloría General, para el inicio de las acciones administrativas y legales que correspondan contra los funcionarios y ex funcionarios involucrados.
Los hechos descritos se encuentran detallados en el Informe de Auditoría de Cumplimiento que se encuentra publicado en el portal institucional www.contraloria.gob.pe (Sección Transparencia e Informes de Control), conforme lo dispone la nueva Ley de Fortalecimiento de la Contraloría y del Sistema Nacional de Control, en aras de la transparencia y acceso a la información.
