ESCRIBE: Jaime A. Vásquez Valcárce
La misma historia de siempre. Sólo cambia la tecnología. Ahí están los comunicados de los organismos estatales. Los pronunciamientos de las organizaciones indígenas. Las declaraciones de los funcionarios. Todo como si se sacara de archivo un libreto de una radionovela. “Exigimos una investigación exhaustiva”. “Tiene que identificarse a los responsables”. “Está llegando a la zona una Comisión de Alto Nivel”. “Estamos en la zona para verificar la gravedad de los hechos”. “El gobierno está preocupado por lo sucedido”. “Invocamos al diálogo y que se mantenga el clima de paz”. Joder. Joder. Joder. Y ¿saben cuál es el dato que falta en medio de los tres cadáveres? Nadie da los nombres de los fallecidos. Son, hasta el momento de escribir esta columna, NN. No es broma.
ORPIO, organización de comunidades indígenas, en una parte del pronunciamiento señala: “Lamentamos informar que hay tres muertos, uno de la comunidad nativa de Bretania, uno de Bacarachiro y uno que no sabemos de qué comunidad es”. Mientras se realizan las investigaciones podemos ensayar unas reflexiones en torno al Estado, la prensa y la sociedad.
El Estado, hoy representado por el Ministro de Cultura, Alejandro Neyra. ¿Qué es el Estado para las comunidades nativas? Nada. En la práctica nada. Porque si de servicios básicos se trata, el Estado no los brinda. Alrededor del lote 95 los pobladores de Bretaña exigen que la empresa Petrotal les brinde lo que otras empresas entregan a los indígenas que viven alrededor de los lotes 5, 192 y demás. Unas horas de energía eléctrica. Eso, en una sociedad inclusiva, es obligación del Estado. Hace unos días, el mismo Estado, representado por la ministra de “Desarrollo e Inclusión Social”, Patricia Donayre, estuvo en la provincia de Requena, en el distrito de Jenaro Herrera, repartiendo conservas de pescado. No es el pecado de la ministra. Ella es únicamente una agente pasajera de un sistema que por casualidad la tiene como representante. Ese mismo Estado, esta vez representado por PETROPERÚ, ha pedido hace algún tiempo que Jenaro Herrera, Saquena y Yaquerana, sean retirados del plan de cierre de brechas porque los funcionarios de esa empresa creen que no son de “influencia petrolera”. El Estado es así, tiene un discurso inclusivo, pero su práctica es excluyente. Varios dirigentes indígenas tienen que sobrevivir en ciudades como Lima o Iquitos porque es así donde tienen que hacer las gestiones. Y, como permanecen mucho tiempo, el propio Estado -el mismo que los maltrata- se encarga de satanizarlos por esa permanencia en las grandes ciudades. Lo otro sería quedarse en sus pueblos, que sería lo peor. Ya verán que en menos de una semana las aguas se calmarán, la Comisión de Alto Nivel bajará a Lima y las brechas no se cerrarán. Sí, las brechas.
El 14 y 15 de diciembre del 2016 -tres años y ocho meses atrás- se produjo el llamado “Acuerdo de Saramurillo”. Era el inicio del desarrollo de las cinco cuencas del área de influencia petrolera: Marañón, Chambira, Corrientes, Tigre y Pastaza. Hasta el momento se ha destinado 50 millones de soles para cinco proyectos de agua y saneamiento en Urarinas, Parinari, El Tigre y Trompeteros en la provincia de Loreto/Nauta. En el distrito de Andoas en el Datem del Marañón, también. Sólo un pequeño detalle: ninguno está terminado. Negociaciones van y vienen. El 30 de marzo del 2019 negociaron con Salvador del Solar, entonces Presidente del Consejo de Ministros y se acordó que donde haya un pozo petrolero se beneficie el municipio de la zona. Así se llegó a 25 municipios que deben presentar proyectos de desarrollo. Se incluyó a Lagunas y Jeberos entre ellos porque Petroperú consideró que al pasar el oleoducto por la jurisdicción distrital tenían que beneficiarse. En la provincia de Maynas sólo están incluidos los distritos de Alto Nanay, Napo, Torres Causana y Mazán. El plan de cierre de brechas quedó oficial con el DS 139 del 28 de julio del 2019, con diagnóstico y todo. El 7 febrero de este año la PCM ofreció 5,292 millones para obras. Las federaciones de comunidades indígenas solicitaron 10 mil millones como mínimo. En este tira y afloje de montos -nadie sabe explicar técnicamente cómo se llega a ambos montos- el Gorel se pone de mediador. El gobernador se ofrece para enriquecer el plan. Los técnicos de ambos lados -hasta del organismo mediador- se ponen a trabajar. En esas reuniones andaban (¿deambulaban?) cuando vino la pandemia. Se afirma que antes de fin de año se desembolsará 426 millones y que en un momento se llegó a los 9,600 millones de soles. Y que la cifra actual bordea los 15 mil millones. Esto se va negociar con la PCM. En eso estaban José Fachín, Joe y Wagner Musoline, Róger Grandez, César Moreno, Fernando Osores, Juan Carlos Ruíz, entre otros asesores que tienen que ver con el plan de cierre de brechas cuando sucedió lo de Bretaña. ¿Qué pasará en los días siguientes? Lo más probable es que se continúe con las negociaciones y no se puede descartar más hechos violentos. Porque mientras los pobladores esperan que se apruebe los proyectos también quieren que las empresas les faciliten la energía eléctrica que el Estado los niega. Cuando algún día se pongan de acuerdo en el plan, habrá que rogar que las obras se ejecuten en los plazos establecidos. Mientras todo eso suceda es probable que se produzcan más muertos y heridos.
El papel de la prensa -entre hay quienes se quieren excluir- ha sido el de siempre. En todos los lados. La prensa masiva y nacional mostrando imágenes de archivo como si fueran actuales, preocupándose por el hecho sólo porque hay “cinco muertos y un número indeterminado de heridos graves y leves. Los funcionarios de la empresa petrolera ofreciendo declaraciones con una ignorancia notoria de los hechos, distribuyendo notas de prensa explicativas y reiterativas, ningún funcionario con vocería enterada para informar a los pobladores del lugar donde se han producido los muertos. El Poder Ejecutivo nombrando una Comisión de Alto Nivel donde está un ministro con buenas intenciones -lo lógico hubiera sido que sea Patricia Donayre la que vuele a la zona- pero que solo servirá de bombero ante la calentura de los fallecidos. El gobierno nacional informando tenuemente con frases telegráficas en las redes sociales. Los periodistas locales replicando las fotos ajenas como propias y sin dar mayores detalles de lo sucedido, las autoridades regionales tratando de meter su cuchara cuidándose de no estar tan cerca que los queme ni tan lejos que los enfríe, de los hechos y de los medios. Los periodistas locales tratando de ser responsables en los medios nacionales y disparando a quemarropa información como un fuego cruzado en las redes personales. Mientras que un medio de comunicación -ahí si no hay inclusión que valga- repitiendo lo de siempre porque es una de las pocas empresas-sino la única- beneficiada de los problemas indígenas a través de proyectos con comunidades al que colocan el rótulo de comunicación. Aunque a veces no sean percibidos con notoriedad hay medios y comunicadores que han hecho del tema indígena un modo de vida. Y no es que den la mejor cobertura en momentos de muertes como las de Bretaña, sino que se aprovechan de los muertos para seguir viviendo.
La sociedad sigue en su “inmunidad de rebaño” en el tema indígena. ¿Ustedes creen que los iquiteños, siendo mayoritariamente de origen indígena, están pendientes de lo que suceda en las comunidades nativas? Para nada. Seamos sinceros. Ni siquiera están preocupados en el número de fallecidos. La sociedad bosquesina tiene otras preocupaciones. Mientras algunos trabajan en el plan millonario de cierre de brechas el grueso de la población está en otro carril. Con excepciones, ninguna autoridad ha tomado en serio el tema indígena en las últimas cinco décadas. Por eso hemos llegado a esta situación. De un lado se despotrica de las empresas petroleras, pero se las pasa el sombrero para arreglar problemas que el Estado debería hacerlo. De un lado lamentamos que dirigentes indígenas permanezcan mucho tiempo en Iquitos alejados de sus comunidades y por otro lado no aceleramos para que consigan con celeridad los proyectos. Se firman acuerdos para meses después ratificarlos con otras firmas. ¿Cambiará esta situación? Muy difícil. Mientras no entendamos que el Estado tiene que cumplir su rol. Que los empresarios privados no están obligados a dar servicios públicos como si de una dádiva se tratara. Que los dirigentes nativos tienen que ser agentes para mejorar la condición de vida de sus paisanos. Pasa por analizar en conjunto el rol del Estado, la prensa y la sociedad.
