La muerte de Andrés Umiña Yto, producto de un accidente el 18 de agosto del 2024 provocado por Wily René Vilca Neira, quien conducía con 0.53 g/l de alcohol en sangre (exedila el límite máximo permitido de alcohol en sangre para conducir), nunca fue sancionada: su licencia aparecía vigente, según el Informe N°007-2025 de la Dirección Contra la Corrupción de la PNP de Puno.
La Gerencia de Transportes y Seguridad Vial de la Municipalidad Provincial de Puno, legalmente obligada a cancelar e inhabilitar permanentemente la licencia de Vilca Neira, omitió ejecutar la sanción, verificándose su vigencia en el sistema del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
«Los Mandachitos de la Corrupción» operaban, según la tesis fiscal, como una ventanilla de impunidad para quienes podían pagar el precio que la red había establecido, según la Resolución N°04 del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Puno.
Las víctimas más vulnerables: un neonato y un niño de cuatro años sin justicia
El 5 de abril del 2024, Freddy Fernández Mamani conducía en estado de ebriedad el vehículo de placa 4886-EZ y ocasionó un accidente que dejó lesionado a un neonato, sin que la Gerencia de Transportes ejecutara jamás la cancelación de su licencia, según el Informe N°007-2025.
Apenas dos meses después, el 3 de junio del 2024, Jaime Guzmán Salas Ordoño, también en estado de ebriedad, ocasionó un accidente que dejó a un menor de cuatro años con politraumatismos y descarte de fractura de cráneo, sin sanción ejecutada.
Además, Edwar Roque Tito fue intervenido el 5 de agosto del 2024 con 1.62 g/l de alcohol en sangre, más de tres veces el límite legal, tras chocar incluso un vehículo policial, pero su licencia seguía vigente en el sistema del MTC.
Más de 220 conductores peligrosos circulan impunes por las calles de Puno
La investigación fiscal identificó más de 220 conductores sancionados entre 2023 y 2025 cuyas papeletas por infracciones gravísimas nunca fueron ejecutadas por la Gerencia de Transportes, según los anexos documentados en el requerimiento de la Primera Fiscalía Provincial Especializada.
Entre esos casos, Félix Alcide Escobar Maldonado presentó 2.34 g/l de alcohol en sangre el 25 de marzo del 2024, el nivel más alto registrado en la investigación, y Darwin Oliz Apaza Galarza alcanzó 2.07 g/l, cuatro veces el límite legal, ambos sin sanción ejecutada.
Ninguno de esos más de 220 conductores vio cancelada su licencia, pues sus registros aparecían vigentes o con estados irregulares en el MTC, evidenciando, según la tesis fiscal, un patrón sistemático de corrupción sostenido durante al menos dos años en Puno.
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