LA AUTONOMÍA DE UN RECTOR

El rector de la antigua UPI o UCP, Juan Saldaña Rojas, declaró ayer en este diario que no quiere depender del Ministerio de Educación. Defendió luego la autonomía del claustro como un principio básico del funcionamiento de las universidades públicas y privadas. Pero la palabra autonomía está demás en el presente. Es una palabra vacía de contenido. Porque ninguna universidad de este país, ni la más famosa, ni la más billetuda, ni la más autobombera, califica como un verdadero centro de estudios superiores en el censo de las universidades de la tierra. Aunque parezca  mentira. El conocimiento y su aplicación han evolucionado tanto que ya no tenemos como ocupar un puesto decoroso en esa fiesta. No se realizan verdaderos trabajos de investigación, por ejemplo y andamos en la cola en ese rubro, como para variar.

Y no podemos engañarnos y engañar a los  demás, apelando a palabras sacrosantas que han dejado de ser funcionales. Eso significa que todo lo que impulsa y hace vivir a esos centros encargados de dar cartones y títulos tiene que ser revisado, cuestionado y cambiado. De lo contrario, todo seguirá igual. O peor. Por otra parte, el problema de la educación superior es demasiado agudo para excluir a una entidad, a un grupo o una persona. No estamos diciendo que las universidades peruanas deban perder la autonomía, la libertad en el ejercicio de sus funciones, pero nadie puede refugiarse en esa palabra para oponerse al cambio. No es serio apelar a esa palabra cuando de lo que se trata es salir de esa retaguardia que se mantiene por muchos años. Porque entonces, si el rector de la UCP o antigua UPI, no quiere depender de nadie, debería pedir que el Estado nacional cobre impuestos a las universidades privadas, pago del que esos centros educativos o educacionales están exonerados de acuerdo a ley.

Desde luego, una ley puede perennizar el gatopardismo nacional. Es decir, hacer como si se cambiaran las cosas para que al final nada cambie. Pero eso es otro tema. Nadie, en su sano juicio, puede oponerse a una mejoría en el funcionamiento de las universidades de este país. Salvo que viva aferrado a esa obsoleta estructura y se niegue de plano a mejorar. Y eso parece ser la defensa de la autonomía tal y como lo conocemos en este país.