leía el comunicado de la entidad regional de Cultura de Loreto en Perú, con sede en Isla Grande, en el cual se solicitaba al Alcalde de esa extraña ínsula que paralizara las obras que había emprendido en plena Plaza de Armas del puerto difunto de manera inconsulta y que no se adecuaba a ley. Además, lo hacía con ánimo persuasivo y cumpliendo con el deber de velar por el patrimonio monumental de toda la población insular. Hablando en plata, la decisión del Alcalde era un atropello en toda regla. Alguien del entorno edil tuvo la brillante idea, y seguramente sugirió al primer concejal de la isla, que pusiera unos toldos en cada banca de la Plaza de Armas (¿o plaza Mayor?) para que esta luzca mejor y los parroquianos pudieran sentarse allí para charlotear. La decisión del burgomaestre insular era una metida de pata descomunal ¿habrá una voz perversa que aconseja al oído al alcalde como debe arruinar la Plaza de Armas y afear la ciudad?, ¿ha sido legal que el alcalde irrumpa en la Plaza de Armas, con cuadrillas de trabajadores, a colocar los puñeteros toldos? Es una pena que la torpe decisión adolezca de legalidad, y por qué no, de sentido común. Primero, que la Plaza de Armas está dentro de los bienes culturales que han sido declarados patrimonio monumental, desde hace un tiempo atrás porque recuerdan a un determinado histórico de la ciudad cuando se cruzó el llamado progreso con la barbarie por la explotación cauchera; los consejeros y turiferarios de la primera autoridad municipal, deberían haber leído las normas de protección cultural antes de invadir este bien monumental. Las autoridades deben ser los primeros en cumplir la ley si no lo hacen estamos ante una pasmosa arbitrariedad. La declaración de bien cultural obliga, a las autoridades y al público en general, a cumplir con ciertas exigencias de protección y defensa como es el de mantenerlo inalterable o sí se va a intervenir, sí fuera el caso, se contara con la opinión vinculante – porque es la autoridad competente, de la entidad de cultura. Es decir, son reglas básicas y de cierto sentido común. Es por eso, que la reacción del Alcalde ante el comunicado de la autoridad de cultura en la región es desproporcionada porque debe cumplir la ley y debió consultar a quien corresponda. El mismo alcalde reconocía en una entrevista que contará, en el futuro, con un asesor cultural ante la barrabasada que acaba de cometer, en el fondo no me parece mala idea. Un consejo hasta de un conejo, señor Alcalde.
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