ESCRIBE: Sócrates Rivaldo Torrejón

Terminando la presente columna, Zoraida Ávalos ya se desempeña como Fiscal de la Nación y su primera medida como titular del Ministerio Público ha sido declarar en emergencia la institución.

Desde su designación como Fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, ya representaba un obstáculo para las investigaciones más importantes: Lava Jato y Cuellos Bancos. Deja el cargo esta semana por la puerta chica, aplastado por la magnitud de sus desaciertos y públicamente abandonado por sus aliados. Su caso es otro capítulo bochornoso en la historia del Ministerio Público; recién empezará a cerrarse cuando se admita las acusaciones constitucionales que pesan en su contra. Más aún porque su continuidad como fiscal supremo le otorga una mayoría en la junta a los magistrados sindicados como miembros de Los Cuellos Blancos del Puerto.

En su trayecto laboral, Chávarry habrá visto de seguro circular personajes, como él, que han servido por décadas a corruptos sin que les pase nada. Es que él no tuvo la sensibilidad para comprender que la ciudadanía –ahora empoderada– ha empezado a percibir que sí es posible tener un sistema judicial, un Congreso o instituciones fundamentales no controladas por la corrupción. No quiere, entonces, dejar pasar la oportunidad de limpiarlos. Y él es el último escollo –ahora que la mayoría fujimorista del Congreso está resquebrajada–.

Es más. Chávarry vive la terrible condición de ser repudiado por prácticamente todo el país. Debe ser algo realmente espantoso tener abiertamente en contra: al Ejecutivo, al Legislativo y decenas de instituciones serias, todos pendientes de que se vaya. Hasta la Iglesia se ha pronunciado en contra –a pesar de que “su reino no es de este mundo”–.

Sin embargo, observo con preocupación que –más allá del repudio que genera Chávarry y la simpatía y respaldo que reciben los fiscales Pérez y Vela– corramos el peligro de seguir personalizando la lucha a favor de la justicia y en contra de la corrupción. La reposición del equipo especial Lava Jato y la salida del Fiscal de la Nación solo representan un alivio momentáneo, una salida temporal a una crisis institucional. La meta en el futuro, sin embargo, es que todos los fiscales hagan tan bien su trabajo que ni lleguen a ser noticia. Es decir, que cumplir con el deber –a conciencia y eficientemente– no sea una escandalosa excepción.