En comunicado de Puinamudt
Desde inicio del año 2019, las federaciones indígenas han sostenido múltiples reuniones con el equipo técnico del Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR) y con sus cambiantes directores (a lo largo del año han sido 5 directores), para informarles del grave abandono en el que se encuentran las 65 Plantas Potabilizadoras de Agua (PTAP) de 65 comunidades expuestas a metales pesados y que toman agua del río para su consumo, siendo la función de esta PTAP procesar el agua eliminando los metales pesados y abastecer piletas para que la población indígena consuma agua limpia.
Este año ha sido un año crítico para estas 65 comunidades pues en mayo culminó el contrato de las personas supervisoras de estas plantas (responsables de informar mensualmente a PNSR y a la empresa que presta el mantenimiento de fallas técnicas o problemas en cada PTAP), asimismo culminó el contrato de la empresa INCLAM responsable de prestar el servicio (labor que pasó a manos de PNSR), y la amenaza de PNSR de donar estas 65 PTAP a las municipalidades locales quienes no cuentan con personal técnico calificado, capacidad de ejecución de gasto, ni con mecanismos de fiscalización que aseguren la prestación permanente del servicio.
las federaciones lograron detener la donación de las PTAP a los municipios, junto con la Defensoría del Pueblo enviando un informa técnico que sustentó la inviabilidad de este proceso.
Sobre la contratación de supervisores, PNSR se comprometió en varias ocasiones a renovar esta contratación pues comprendía la importancia de los supervisores para asegurar que tanto la empresa INCLAM haga el mantenimiento como, verificar que las plantas funcionen adecuadamente. Estas promesas se oficializaron en reuniones con los dos últimos directores de PNSR Aldo Ortega (02 de octubre) y Hugo Salazar (11 de noviembre), pero hasta la fecha no han cumplido con esta promesa.
Respecto al contrato de una empresa para asegurar el funcionamiento permanente de las PTAP desde el 18 de noviembre, el nuevo director de PNSR se comprometió el 11 de noviembre a realizar esta contratación el mismo 18 para que el servicio no se detenga y la población no consuma agua contaminada. Pero hasta la fecha no se ha realizado.
Consecuencias de los incumplimientos
La ausencia de supervisores de PTAP no permite a PNSR recabar información sobre el estado de las PTAP, solo quedarse con la versión de la empresa que presta el servicio, pues tampoco PNSR ingresa a los territorios de forma continua para verificar que los informes de la empresa contengan información real y actualizada.
Que no exista actualmente ninguna empresa con contrato para prestar el servicio de mantenimiento de las PTAP (PNSR no ha renovado el 18 de noviembre el contrato a la empresa que prestaba el servicio) implica que las plantas no reciben el cuidado, mantenimiento ni insumos necesarios para que estas limpien de contaminantes el agua que toman del río, obligando a las familias indígenas a continuar consumiendo agua contaminada con metales pesados.
Los riesgos
La población de las 65 comunidades afectadas, viven expuestas a contaminación petrolera desde hace 50 años. Sus territorios no han sido remediados, no cuentan con postas médicas ni hospitales, tampoco personal médico especializado o primario, asimismo no cuentan con sistemas de agua y saneamiento adecuados a su situación vulnerable.
Estas 65 PTAP logradas por las federaciones han sido y son a la fecha, el único mecanismo para limpiar sus cuerpos de metales pesados y otras sustancias tóxicas. Abandonar estas PTAP como lo esta haciendo el Estado, es condenar a esta población a la exposición crónica a la contaminación, que bien conoce el Estado, los condena a muerte.
Exigencia de acción inmediata
El acceso al agua limpia, a la salud y a vivir en un medio ambiente libre de contaminación son derechos fundamentales de los pueblos indígenas que están siendo violentados sistemáticamente por los mismos sectores del gobierno central: vivimos en territorios contaminados por más de 50 años, sin servicios de salud, sin médicos, sin agua limpia y con la amenaza de 40 años más de explotación petrolera irresponsable por parte del Estado.
A pesar de la gravedad de la situación en la que vivimos, de los permanentes reportes que hemos hecho ante Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Vivienda, la Presidencia del Consejo de Ministros, así como de la firma de actas y compromisos con estos sectores, el gobierno no está aplicando las acciones necesarias e inmediatas que aseguren el derecho de nuestra población a acceder a agua apta para consumo humano, y nuevamente nos exponemos a continuar tomando agua contaminada.
Esta situación no debería continuar y sus sectores deberían cumplir con su función protectora y promotora de nuestros derechos fundamentales, por ello les informamos que no nos quedaremos con los brazos cruzados, continuaremos luchando para asegurar que nuestros derechos no continúen siendo atropellados por sus sectores.
