[PUEBLOS INDIGENAS MAIJUNA Y KICHWA].

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Hace 16 meses el Poder Ejecutivo tiene pendiente la emisión del Decreto Supremo que busca proteger sus tierras y recursos naturales.

 Los acuerdos de un proceso de consulta son obligatorios y pueden ser exigidos administrativa y judicialmente.

El Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega Luna, reiteró su pedido a la Presidencia del Consejo de Ministros de emitir la norma que aprueba la creación del Área de Conservación Regional (ACR) Maijuna – Kichwa en la región Loreto, al recordar que dicha medida es esperada por los pueblos indígenas desde hace más de 16 meses.

“El 22 de octubre de 2013 concluyó la etapa de dialogo del proceso de consulta previa con el acuerdo de crear esta área de conservación que significaría, según lo manifestado por los representantes indígenas, un avance en la protección de sus tierras y los recursos naturales que, en la actualidad, se encuentran amenazados por la presencia de taladores ilegales en la zona”, explicó.

Vega advirtió que esta “demora viene generando señales de cansancio y desconfianza en los pueblos indígenas, lo que podría —esperemos que no sea así— terminar por desvalorizar la consulta previa como una herramienta crucial en el ejercicio democrático del dialogo intercultural”. Asimismo, recordó que las organizaciones indígenas podrían buscar el cumplimiento de este acuerdo en sede administrativa o judicial, conforme a lo establecido en la Ley de consulta previa.

En el oficio remitido a PCM, el funcionario también destacó que en su discurso presidencial por fiestas patrias del año 2013, el Presidente de la República, calificó a este proceso de consulta previa como “un proceso serio y respetuoso donde una vez más hemos comprobado que los peruanos podemos avanzar equilibradamente en el aprovechamiento racional de nuestros recursos naturales y el fomento de la inversión”.

En atención a ello, Vega Luna recomendó “la urgente publicación del decreto supremo que aprueba la creación del Área de Conservación Regional Maijuna–Kichwa, respetando los acuerdos alcanzados en el proceso de consulta previa y garantizando los derechos de este importante segmento de la población”.