Embanderando la Patria

[Escribe: Moisés Panduro Coral].

El ex Presidente Alan García ha propuesto que el día 27 de enero, -fecha señalada para la lectura del fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya sobre la demanda de límite marítimo que Perú presentó contra Chile-, las autoridades peruanas decreten el embanderamiento de las ciudades y pueblos del Perú. Algunos, enceguecidos todavía por la inquina política interna, creen ver en esta propuesta un innecesario exaltamiento de la fe patriótica que anima al pueblo peruano, una sombra de chauvinismo y, cuando no, un “inadmisible aprovechamiento político” por parte del líder del aprismo.

Yo creo todo lo contrario. En este momento no caben ni chauvinismos ni beneficios personalizados. Por eso, independientemente de que las autoridades concreten finalmente el planteamiento de Alan, en esa fecha los peruanos debemos izar la bandera roja y blanca, no únicamente por voluntad propia motivada por el fervor patriótico que nos nace del corazón y de la rica herencia histórica de la que somos depositarios, sino por el trascendental significado que tiene para el Perú la fecha en que culminará un proceso de reivindicación de largo aliento que tiene sus raíces más profundas en la memoria de lo que fue la civilización más avanzada del continente sudamericano y del Virreinato más poderoso de América Latina.

La guerra del Pacífico fue una agresión de Inglaterra y Chile contra Perú. El imperio británico, -la potencia mundial de entonces, los gringos que unos años después llegaron a la amazonía peruana a robarse las mejores semillas del caucho y a orquestar una conspiración internacional para desacreditar a los empresarios caucheros peruanos-, armó a los sureños y financió gran parte del atraco salitrero que convirtió Arica y Tarapacá en propiedades del invasor. Tiempo después, en 1929, Perú firmó un Tratado de Paz y Amistad que ponía fin a los diferendos limítrofes entre nuestras naciones. Sin embargo, conforme avanzaron los conceptos de territorialidad en el derecho internacional, específicamente en lo que se refiere a las 200 millas marinas y a las nuevas tendencias del Derecho del Mar, sabíamos que teníamos aún un asunto pendiente de resolución con nuestro vecino: ése es el límite marítimo entre Perú y Chile.

En 1975, Bolivia y Chile, gobernados por los dictadores Hugo Bánzer y Augusto Pinochet, respectivamente, restablecieron sus relaciones diplomáticas suscribiendo el Acuerdo de Charaña mediante el cual se superaba el tema de la mediterraneidad de Bolivia dándole a este país una salida al mar a través de un corredor configurado por el norte con el límite entre Perú y Chile, condicionando dicha cesión a un canje simultáneo de una superficie compensatoria a favor de Chile equivalente como mínimo al área de tierra y mar cedida a Bolivia. Frente a esas negociaciones, nuestro país presentó una sólida objeción enmarcada en el Tratado de 1929 y en la tesis que en su momento difundió el almirante Guillermo Faura Gaig, -conocido por su valiosa descripción de la hidrografía amazónica en su libro “Los ríos de la amazonía peruana”-, que sostiene que el Perú no tiene tratado de delimitación marítima con Chile, por tanto, en Charaña, Chile y Bolivia estaban asumiendo compromisos sobre una porción de mar que no pertenecía a ninguno de los dos. Finalmente, el Acuerdo de Charaña no se implementó.

El escritor, periodista y diplomático chileno José Rodríguez Elizondo en el documento titulado “La suerte jurídica está echada” (Fundación Friedrich Ebert, Santiago, 2012) refiere que la tesis del almirante Faura Gaig sirvió a la cancillería peruana para diseñar una estrategia orientada a plantear el diferendo bajo el liderazgo intelectual del embajador Juan Miguel Bákula. Es así que, luego de una década, el 23 de mayo de 1986, el joven Presidente García tomó la decisión política de ejecutar esa estrategia encargando al mismo Bákula la condición de emisario especial de los planteamientos de Perú ante el gobierno de Chile. Sobre esas bases, progresivamente, los gobiernos de Fujimori y Toledo, contribuyeron a construir nuestra demanda jurídica.

El 28 de julio de 2007 en su discurso por Fiestas Patrias, con un primer año intentando negociar el tema bilateralmente con Chile y después de varios incidentes (como por ejemplo, cuando el Parlamento chileno creó una nueva región Arica Parinacota en la frontera que motivó la protesta de Perú, superándose el impase cuando dicha creación fue declarada inconstitucional por el gobierno chileno; o cuando, un camión militar peruano en el que iban un coronel y 19 soldados ingresó involuntariamente más de dos kilómetros en territorio chileno, ofreciendo el gobierno peruano las disculpas del caso), Alan García asumió la opción de demandar a Chile, la que se efectivizó el 16 de enero de 2008 cuando nuestro ex canciller Allan Wagner depositó la demanda contra Chile en la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

Han pasado seis años desde la presentación de la demanda, y ahora estamos ad portas de que el fallo del máximo tribunal sea conocido. Por eso, este 27 de enero no es una fecha cualquiera, es una fecha importante para el Perú. No es triunfalismo, no es chauvinismo, no es provocación, no es patrioterismo, es auténtica fe patriótica que busca cerrar digna y victoriosamente una guerra de rapiña anglo-chilena iniciada contra el Perú hace más de 100 años. Y yo, por supuesto, embanderaré mi casa, en esa fecha.