La onda expansiva que está dejando el caso de la constructora brasileña Odebrecht a puesto en evidencia el alto nivel de corrupción que se vive en el Perú. Un escándalo que terminó afectando a todas las entidades del sector público y su relación con las constructoras del sector privado. La corrupción es un dolor de muelas que aqueja a muchos; y Loreto escapa de cualquier plan nacional de modernización pero de ninguna manera escapa de la vergonzosa corrupción. De verdad que causa nauseas el tema de las obras públicas, sus irregularidades, colapsos y proyectos inconclusos, ya que las principales instituciones públicas insisten en presentar presupuestos con sobre costos, malos materiales, falta de estudios y proyectos que han generado las llamadas “obras sobrevaloradas”. El mediocre manejo de los fondos del “Fideicomiso” provenientes de la “Ley No 30879”; lejos de proporcionar un nuevo impulso al crecimiento económico (idea trasnochada con la que nos estafaron) originó todo lo contrario, incluso paralizó la región, haciéndole perder la oportunidad de avanzar de manera más eficiente en la puesta en marcha de obras de verdadera envergadura.
Aquí en la región Loreto tenemos un ejemplo palpable de cómo el efecto “Odebrecht” terminó afectando al sector construcción. Basta con mirar el paquete de las obras de “fideicomiso” tan promocionadas en mayo pasado por el Gobernador Regional, hasta la fecha solo se adjudicaron tres obras. La primera fue la “L.P. No 005-2019-CSO-GRL”, correspondiente a la obra “Pavimentación de Calles de la Ciudad de Orellana”, con un presupuesto base referencial de S/. 5’708,777.97 (sin IGV). Y que tuvo como ganador de la buena pro a la empresa “N&L Constructoras Generales EIRL”; identificada con RUC : 20393418321…La segunda fue la “L.P. No 004-2019-GSO-GRL”, correspondiente a la obra : “Mejoramiento de Servicio Educativo Primario No 601411”, zona de Pampa-Chica, distrito de San Juan, Ciudad de Iquitos, con un presupuesto base de S/. 8’812,697.27 (sin IGV). Y que tuvo como ganador al “Consorcio Alianza Peru” con RUC : 20451445937…La tercera fue la “L.P. No 008-2019-GSO-GRL”, correspondiente a la obra : “Servicio Educativo I.E. Del Centro Poblado Juancito”, distrito de Sarayacu, provincia de Ucayali, región Loreto, con un presupuesto base de S/. 6’057,887.02 (sin IGV). Y que tuvo como ganador al “Consorcio Juancito” con RUC : 20393758423. Las dos primeras obras fueron adjudicadas a empresas de la región Ucayali y la tercera a un consorcio conformado por empresas de la región Huánuco. ES DECIR LAS OBRAS PRODUCTOS DEL “FIDEICOMISO” QUE SE OTORGÓ A LORETO POR EL RETIRO DE NUESTROS BENEFICIOS TRIBUTARIOS ESTÁ BENEFICIANDO A EMPRESAS DE OTRAS REGIONES. Ya que es muy lamentable pero cierto, ninguna de las empresas loretanas pueden acceder al documento correspondiente que les permita acreditar su “Solvencia Económica y Financiera”. Esto significa que las obras de nuestra región probablemente en su mayoría serán otorgadas a empresas constructoras foráneas, podríamos decir también que resulta una prueba más de que el dinamismo económico prometido solo fue un sueño de opio.
Desgraciadamente la industria de la construcción en Loreto ha sufrido los embates de la corrupción y ningún gobierno ha sido capaz de frenarlo. Estos clanes continúan desafiando y violentando las normas establecidas, en este caso la “Ley de Contrataciones y adquisiciones del estado Ley N°. 30225; y su Reglamento modificado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF”. A ella se anteponen el compadrazgo, el amiguismo, los intereses políticos y económicos, factores que desembocan en obras mal construidas, entregadas a destiempo y; generalmente, a costos muy superiores a lo presupuestado originalmente. Es decir, las obras se licitan entre las sombras y así, lo que debería verse como símbolo del progreso y el desarrollo de Loreto se convierte en realidad en un desastre: pistas que no duran mucho, obras de agua y desagüe que no sirven para nada, vicios ocultos, daños estructurales, materiales de mala calidad, y nosotros los loretanos pagando el precio en silencio.
La OSCE a través de reiteradas resoluciones estableció como requisito para poder participar en una licitación de una obra pública el poder calificar la solvencia económica del postor, para ello la Entidad debe verificar que la documentación que presenta la constructora (según el requisito establecido), pueda acreditar que cuenta con el respaldo económico y/o financiero suficiente para atender sus obligaciones, independientemente de la denominación asignada a dicho documento; la misma que deberá ser emitida por una institución financiera supervisada por la SBS (es decir un Banco). Como se acredita la solvencia económica y financiera? Pues, ahora para contratar con el sector público es obligatorio acreditar que reúnes las condiciones mínimas de solvencia económica que se establezcan en el pliego de cada licitación. Te pueden pedir que acredites la solvencia económica en función de: El volumen anual de negocios, el patrimonio neto de la empresa, Seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales, etc.
Ahora bien, atendiendo a las particularidades del mercado financiero de nuestra región, podría darse el caso que una Entidad señale que la solvencia económica del postor se acredita mediante determinado tipo de documento, asignándole cierta denominación al mismo; no obstante, puede que no todas las entidades del sistema financiero emitan dichos documentos bajo la misma denominación consignada en las Bases de determinada licitación. Ante este escenario, resulta primordial considerar, ante todo, la finalidad que persigue tal requisito de calificación, la cual es determinar que el postor cuente con el respaldo económico y/o financiero suficiente para atender sus obligaciones; por lo tanto, independientemente de la denominación consignada, entramos a un tema subjetivo; ya que el “Comité Especial” podría verificar a su criterio si el contenido del documento presentado por el postor acredita adecuadamente que este cumple con el requisito exigido en las Bases, situación que debe evaluar cada Entidad contratante de manera particular.
Por otra parte es menester precisar que el sistema financiero peruano se ha desarrollado y se ha tornado más resistente desde la Evaluación de Estabilidad del Sistema Financiero (Financial System Stability Assessment), en otras palabras los bancos se encuentran más resistentes a choques adversos provenientes de la corrupción principalmente del sector construcción y ante ello tratan de generar importantes colchones de capital y rentabilidad. Y es que, el sector bancario en nuestro país sigue muy concentrado y los cuatro bancos más grandes representan el 83% del total de los activos del sector bancario privado. Estos cuatro principales bancos están clasificados como bancos domésticos o nacionales de importancia sistémica y por lo tanto se encuentran bajo una supervisión elevada.
Como hice referencia al principio de este artículo, la economía peruana viene siendo afectada por los destapes de corrupción del caso “Odebrecht” y otros similares. Con el tiempo, comprobamos que las malas prácticas no estarían limitadas a una sola compañía, sino que habrían caracterizado el comportamiento de un gran número de empresas de la industria de la construcción en nuestro país. ¡Qué pena!, porque existen decenas de miles de trabajadores capaces y honestos que trabajan en ellas y que hoy sufren las consecuencias de las malas decisiones tomadas por unos pocos. Sin embargo, el problema no termina con las decenas de miles de familias que dependen del sector construcción. El problema es sistémico y no solo afecta a esta industria, sino también a sus empresas proveedoras y a los trabajadores que en ellas laboran.
Pero allí tampoco termina el problema. El sistema financiero tiene una alta exposición con estas empresas constructoras, por lo que el 4,3% del total de créditos del sistema bancario podría súbitamente deteriorarse (las cifras son mucho mayores al incluir los créditos otorgados a los proveedores y a los trabajadores de las empresas involucradas). Si estos créditos devienen en impagables, entonces cerca del 40% del patrimonio de los bancos desaparecería y con ello entraríamos en una severa crisis financiera que corta la cadena de pagos agravándolo todo. El problema es demasiado grande como para no actuar: “Too big to fail”. Es un concepto financiero que describe la situación de un banco cuyo futuro tendría consecuencias sistémicas desastrosas sobre una economía.
Al hablar de construcción en Loreto inmediatamente se plasma en el imaginario la evocación a la actividad de construcción sin ningún tipo de diferencia. Resulta ser que, quien se dedica a esta actividad inmediatamente carga sobre su espalda la sospecha de corrupción (concretamente soborno). El asunto reputacional le ha dado al sector un golpe fuerte que será difícil remontar y esto (a riesgo de equivocarme), solamente podrá pasar con una mezcla de dos aspectos: tiempo y confianza. Pero como el tiempo no podemos controlarlo, entonces hay que trabajar en la confianza. Precisamente lo que ha ocurrido con la construcción ha generado un repliegue por parte de los bancos y eso es pura desconfianza. Ahora, los bancos ya no quieren prestar y/o avalar con una Carta Fianza; y si lo hacen, probablemente, utilizarán condiciones mucho más desfavorables (para los empresarios de la construcción).
La lógica es la siguiente: si te dedicas a construcción tengo la sospecha que puedas incurrir en actividades de soborno. Entonces si te atrapan (el sistema de Justicia), es probable que te apliquen sanciones sumamente drásticas que, posteriormente, hagan inviable cualquier devolución del crédito. Por eso, mejor no te presto, ni te avalo. Más allá de lo injusto o no que pueda parecer el razonamiento antes planteado, lo cierto es que a los bancos ya les entró temor. Lo más importante también es entender que el sector construcción hoy fue el que salió más afectado y, como se dice coloquialmente, “pago pato”; pero eso no resta que en otros sectores el riesgo sea similar (o incluso más grande). Por eso debemos entender que la corrupción es transversal.
Hoy la situación se ha agravado. Las constructoras no pueden acceder a los documentos que acrediten su respectiva Solvencia Económica y Financiera; y mucho menos a las cartas fianza requeridas para ejecutar los proyectos, pues los bancos han incrementado significativamente el costo de las mismas y exigen garantías que en muchos casos las vuelven inalcanzables. Es esta una de las causas de que la actividad constructora se haya desacelerado significativamente en los dos últimos años. Dado que sus activos son mucho menor que las reparaciones civiles que tendrían que pagar en caso de verse involucrados en un caso de corrupción. En mi opinión, las acciones y normas adoptadas fueron acertadas, ya que reduce la incertidumbre y transparenta los riesgos intrínsecos a cada empresa; pero por sí mismo no destrabará el problema que se viene generando en las adjudicaciones de obras del sector público.
