Sin lugar a dudas el presidente Vizcarra ganó popularidad con la población al proponer el sometimiento a referéndum de: (i) la reforma del sistema de elección de miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), (ii) la no reelección de congresistas; (iii) el financiamiento privado a partidos políticos; y, (iv) el retorno a la bicameralidad parlamentaria sin incrementar el número de congresistas.
Muchos analistas y juristas ya debatieron sobre la inviabilidad de algunos de los temas que el presidente propone para referéndum, pero uno de los temas más controvertidos hoy en día, sobre todo por el rechazo inmediato que tuvo por parte de los congresistas, la mayoría de ellos de Fuerza Popular, es la no reelección de parlamentarios, que planteó como una inequidad existente, debido a que actualmente se prohíbe la reelección de alcaldes, gobernadores regionales y del presidente de la república, pero los parlamentarios están exceptos en dicha prohibición.
Sobre esta propuesta, se debe indicar que la figura de la reelección en democracias más afianzadas, conforme a la literatura académica, se entiende como la premiación que otorgan los ciudadanos a las autoridades a fin de garantizar la continuidad de una gestión, que mediante políticas públicas idóneas generó valor público.
Asimismo, una de las voces en contra de la propuesta presidencial, postuló que prohibir la reelección de los políticos en general, limita la continuidad de las políticas públicas y no permite generar políticos profesionales o conocedores de la realidad nacional; y quizá conlleve a que los políticos que tengan solo una oportunidad en el cargo, busquen enriquecerse lo más pronto posible, dejando de lado la continuidad de la implementación de políticas que benefician a la sociedad; es decir, se generaría mayor corrupción y robo a las arcas del Estado.
Sin embargo, teniendo en cuenta que a nivel municipal no existe reelección y a pesar de ello existen muchos alcaldes investigados y sentenciados por corrupción, entonces es válido afirmar que, de no existir dicha prohibición, los mismos estarían profesionalizándose en corrupción, limitando los posibles beneficios que generaría la trasferencia del poder. Conforme a ello, considero que cuestionar la pertinencia o no de la reelección de congresistas o de los políticos en general tendría mucho más sentido luego de modernizar los sistemas y procedimientos de control, supervisión y sanción, por la evidente vulnerabilidad del Estado frente a las redes de corrupción.
En ese sentido, el debate idóneo debería ser el cómo hacer que se modernicen los sistemas y procedimientos de control, supervisión y sanción, a nivel administrativo, político y jurisdiccional, teniendo en cuenta que nos enfrentamos a una representación política, desde hace muchos años, descentralizada con un control precario y casi inexistente, que es eminentemente reactivo.
Miguel Angel Rojas Ríos
Abogado
Maestrando en Gobierno y Políticas Públicas
rojasr.miguel@pucp.edu.pe
