El pueblo de Iberia, ubicado en la provincia de Requena, está en siendo juzgado en estos momentos. El delito que cometieron los hombres y mujeres de ese lugar fue inédito en la historia del Perú. Sucedió que en las elecciones generales del 2016 el 50% de habitantes no acudió a votar. La elevada cifra llamó la atención de unos cuantos, pero nadie se percató que detrás de ese ausentismo había una protesta radical contra el uso y el abuso del voto. Los días pasaron y no se tomaron medidas para devolver la fe y la esperanza a esa jurisdicción. En la segunda vuelta, contienda entre pares y parecidos, las cosas empeoraron, porque los moradores de dicho pueblo simplemente no acudieron en mancha a votar. Es decir, el 100% de los electores de ambos sexos se quedaron en sus casas.
La noticia estalló como un petardo en un cuarto cerrado y el que menos se rasgó las vestiduras, aduciendo que el asunto de votar era un deber sagrado, una acción ineludible. Nadie podía abusar del ausentismo teniendo en cuenta que existía el voto nulo o viciado y el voto en blanco para expresar el descontento. Por lo tanto, los pobladores de Iberia habían cometido un delito. Contra ellos no servía entonces la simple multa. Era más importante castigarles ejemplarmente para que ese abandono de las ánforas electorales no se repitiera nunca más. El ejercicio de la democracia exigía un castigo ejemplar para esos hombres y mujeres que se habían atrevido a desafiar el sistema electoral que tenía sus cosas, pero que era preferible a la acción de cualquier autoritarismo. Fue así como esos no votantes fueron sometidos a un juicio publico.
El juicio publico se realiza en estos días en la ciudad de Iquitos. Y como van las cosas, con los argumentos esgrimidos por la parte acusadora y la débil defensa de parte de los implicados en el delito de no votar colectivamente, es posible decir que esos hombres y mujeres que en conjunto no eligieron a nadie sufrirán pena privativa de la libertad.
