La controversia por la creación del Colegio Profesional de Artistas del Perú (CPAP) ha escalado rápidamente, generando un clima de rechazo generalizado en diversos sectores culturales del país. La Ley N.º 32645, impulsada por el Congreso de la República, busca regular y supervisar el ejercicio artístico, pero la reciben como una amenaza a la esencia misma de la labor creativa. El gremio de actores, músicos y cineastas denuncia que esta norma no solo se aprobó sin un debate amplio ni consenso, sino que también incluye cláusulas que podrían ser utilizadas con fines políticos y de censura.
Uno de los puntos más críticos de la ley es la exigencia de títulos académicos (bachillerato y licenciatura) para poder colegiarse. Esto representa una barrera de exclusión para miles de trabajadores de la cultura. Esta medida marginaría a cultores tradicionales, sabios ancestrales y creadores autodidactas que han desarrollado su carrera fuera de las aulas universitarias. Los especialistas advierten que imponer una lógica de profesiones reguladas, similar a la medicina o la ingeniería, resulta incompatible con una actividad basada netamente en la libertad de expresión.
Diversas personalidades del arte han alzado su voz para calificar la ley como «aberrante» e «ignorante». Señalan que parece diseñada para que sectores mediocres accedan a cargos estatales. Se critica que la normativa atenta contra el derecho constitucional a la libertad de creación al intentar «ordenar» disciplinas que son intrínsecamente libres. Existe el temor de que la colegiación se convierta en un requisito indispensable para acceder a contratos públicos o convocatorias financiadas por el Estado. Ante este escenario, la demanda por la derogatoria inmediata de la ley es cada vez más fuerte entre los colectivos culturales del país.
La Amazonía en pie de lucha: El impacto estadístico de la exclusión
En regiones como Loreto, donde la transmisión de conocimientos artísticos es predominantemente empírica y ancestral, la preocupación es profunda y las voces de protesta son contundentes. Rubén Manrique Espinar, actor, gestor cultural y cineasta loretano, ha manifestado su total desacuerdo con la creación de este colegio. Lo califica como un proceso que discrimina y sectariza. Para Manrique, la ley es incoherente, ya que el 50% de los artistas inscritos en el Registro Nacional de Trabajadores del Arte y la Cultura (Rentoca) han adquirido sus conocimientos de forma ancestral y un 32% son autodidactas. Esto significa que este colegiado representaría apenas a una quinta parte de la población artística del Perú.
Una de las ideas más potentes de Manrique es que «no necesitamos de un colegio de artistas para que te declare artista». Defiende la autonomía del oficio frente a la burocracia estatal. El cineasta cuestiona específicamente el artículo 2, inciso B de la ley, que pretende supervisar y controlar las actividades artísticas, lo cual considera un atentado contra la libertad de crear. Afirma con firmeza que en la Amazonía el arte nace de conocimientos ancestrales de pueblos como los Shipibo o Kukama. «Son manifestaciones que no requieren en absoluto la validación de un papel», dice.
Manrique también critica el rol del Estado, señalando que históricamente este ha puesto trabas en lugar de brindar apoyo real a la cultura, siendo el sector privado el que suele apostar por los resultados y no por los títulos. Relata cómo gestores culturales han tocado puertas de políticos sin éxito, logrando sacar adelante proyectos solo gracias a la fuerza de la comunidad. En su reflexión, resalta que el movimiento cultural surge a pesar de la falta de infraestructura, poniendo como ejemplo el «Muyuna Fest», un festival de cine flotante en el río Itaya donde el público asiste en canoas, sin intervención alguna del Estado.
Entre la autogestión y el peligro de la inhabilitación
Para el cineasta loretano, la visión del artista debe evolucionar hacia la autogestión y el emprendimiento cultural, alejándose de una dependencia estatal que no cumple su rol. El realizador advierte que, si se aplica la ley, grandes maestros y artistas de renombre podrían quedar inhabilitados para brindar asesoramiento por el simple hecho de no estar colegiados. Su postura es clara: la ley está mal hecha y, lejos de beneficiar, solo traerá problemas al sector artístico nacional. «Pues el arte se debe juzgar por su impacto y satisfacción al público, no por la burocracia que el gobierno intenta imponer», dice.
Concluye que, mientras países como Estados Unidos, México o Colombia tienen gremios para proteger al artista, el Perú opta por una colegiación excluyente. Esta diferencia marca, para él, la falta de una intención real de protección social y laboral en la normativa peruana. Así, su llamado es a mirar más hacia la iniciativa privada y la libertad de creación.
Por otro lado, Jair Sánchez Casanova, primera voz de los legendarios Fabulosos Wemblers, coincide en que la ley representa una barrera para creadores populares.
Sánchez sostiene que los compositores y músicos actuales no cuentan con el tiempo necesario para seguir estudios universitarios formales. Esto, solo para ser reconocidos por un cartón. Para el líder de la emblemática agrupación amazónica, «la esencia del músico reside en la creatividad y la inspiración», elementos que no dependen de un título académico. Sánchez resalta que en Iquitos existe un profundo sentimiento de marginación por parte del gobierno central hacia los artistas populares. Afirma que la asociación de músicos de la selva está mayoritariamente en desacuerdo con esta norma, pues consideran que el Estado busca encasillarlos en un «bloque» tras años de estudio impuesto.
La voz de la experiencia: El éxito sin el aval de Lima
La idea más potente de Sánchez es que el artista se debe a su raciocinio e ideas propias. Mas no a un marco legal impuesto centralistamente desde Lima. El líder de Los Wemblers enfatiza que el éxito internacional de su agrupación se ha logrado sin ningún tipo de apoyo gubernamental. Cuenta que han podido visitar Europa y Estados Unidos gracias a sus propias creaciones que pegan a nivel mundial, mientras que el apoyo regional y nacional ha sido nulo. Para Sánchez, resulta irónico que el gobierno quiera ahora regularlos cuando nunca les ha proporcionado herramientas mínimas para su desarrollo.
El músico describe cómo ellos mismos deben generar sus propios métodos y actuaciones para beneficiarse y financiar nuevas composiciones. Critica que los reconocimientos estatales son meramente documentos de «algarabía momentánea» que carecen de valor real o respaldo económico. Esta falta de incentivos tangibles hace que la creación del nuevo colegio se perciba como una carga burocrática adicional sin beneficios reales. Sánchez defiende que la fuerza musical del Perú reside en la gente que hace música desde el sentimiento y la tradición.. Una meta académica que el gobierno traza de forma «muy difícil» de alcanzar para quienes ya están inmersos en la labor creativa diaria.
Finalmente, ambas voces de Loreto coinciden en que la ley del Colegio de Artistas es una traba más impuesta por un Estado que no comprende la realidad cultural del país. Mientras Manrique destaca la discriminación estadística y la falta de infraestructura, Sánchez subraya la desconexión del gobierno con el proceso creativo popular. Advierte que si la ley no reconoce a quienes no han pisado una universidad, estará invisibilizando a los grandes maestros de la Amazonía. El rechazo en la selva peruana es un eco de una preocupación nacional: que la burocracia termine por asfixiar la libertad artística. Una libertad que ha sobrevivido a pesar del olvido estatal.
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