La educación es la herramienta más poderosa para transformar la realidad de nuestras comunidades y abrir puertas al mañana. En las diferentes regiones del país, niños y niñas asisten a clases con la ilusión de aprender y progresar, pero no basta. Necesitan un sistema que garantice que cada estudiante, sin importar dónde viva, cuente con las herramientas necesarias para alcanzar sus sueños. Según el informe del World Inequality Lab, la educación de calidad es el motor que genera la mitad de toda la riqueza nueva en el mundo. Más importante aún: para las familias con menos recursos, una buena formación es la puerta hacia la prosperidad, ya que es responsable del 70% del aumento de sus ingresos. En términos sencillos, educar a un niño es la forma más segura de romper el ciclo de la pobreza. “Una educación de calidad garantiza que cada niño cuente con docentes capacitados, currículos actualizados y materiales educativos pertinentes para su realidad. Esto debe complementarse con espacios seguros que tengan servicios básicos y una infraestructura moderna, diseñada para las condiciones de cada región. Solo con esta base integral aseguramos que el aprendizaje no se detenga y que nuestros jóvenes tengan mejores oportunidades de vida”, remarcó Erick Chuquitapa, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES).
El aprendizaje permanece estancado
Lograr que nuestros niños dominen habilidades clave es el primer paso para asegurar su autonomía y bienestar futuro. Actualmente, los resultados de la Evaluación Nacional de Logros de Aprendizaje (ENLA) 2025 muestran que hay mucho por mejorar. En Cusco, apenas el 38,2% de estudiantes de cuarto grado de primaria alcanzó un nivel satisfactorio en Matemática. Es un retroceso respecto al 41,7% registrado en 2019, antes de que los colegios adoptaran la virtualidad por el confinamiento. “Los resultados reflejan que los esfuerzos por recuperar los resultados previos a la crisis sanitaria todavía son insuficientes. Un estudiante que no domina habilidades numéricas básicas verá fuertemente limitado su desarrollo y autonomía en el futuro. Por ejemplo, podría enfrentar dificultades para calcular un presupuesto, administrar sus gastos o tomar decisiones financieras informadas”, subrayó Erick Chuquitapa, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES). El panorama es especialmente preocupante para los estudiantes de secundaria, quienes se encuentran cerca de terminar la etapa escolar y comenzar su vida profesional. En segundo grado de secundaria, solo el 16,9% de los escolares cusqueños logró el nivel satisfactorio en Matemática. En un par de años, los mismos estudiantes deberán enfrentar exámenes de admisión o insertarse al mercado laboral sin herramientas básicas. Además, la ENLA 2025 revela una profunda brecha entre la zona urbana y rural. En Lectura, por ejemplo, mientras que el 25% de estudiantes urbanos de segundo de secundaria alcanzó un nivel satisfactorio, en las zonas rurales apenas llega al 8%. Es decir, un estudiante del campo tiene un tercio de probabilidades de comprender adecuadamente lo que lee comparado con uno de la ciudad. La desigualdad viene, entre otros factores, de entornos deficientes que no conducen a un aprendizaje adecuado para los estudiantes.
Más de la mitad de los colegios rurales de Cusco requieren ser demolidos
En Cusco, de los 2,499 locales educativos de educación básica regular en zonas rurales, 1,486 requieren ser demolidos y reconstruidos, pues al menos el 70% del área techada presenta un riesgo muy alto de colapso. Se trata de una cifra mucho mayor en comparación con la zona urbana, donde 132 de 488 colegios se encuentran en esta situación. Chuquitapa señaló que el foco debe ponerse en la gestión del presupuesto público para educación. Aunque el gasto en educación en el Perú creció un 30% desde el 2015, este esfuerzo económico no se ha traducido en mejoras sostenidas en los resultados académicos de los estudiantes. “El principal desafío del sistema educativo peruano no es solo contar con presupuesto, sino ejecutarlo de manera eficiente y oportuna. Esto implica asegurar que los recursos realmente lleguen a las escuelas, se traduzcan en mejores condiciones para los estudiantes y contribuyan a mejorar los aprendizajes. Una mala ejecución retrasa obras, limita el acceso a materiales y afecta directamente la calidad educativa”, concluyó Erick Chuquitapa de REDES.
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