CASO CONTRARIO DIRECTOR Y ASESOR SERÁN DENUNCIADOS

La fiscal provincial, Leslie Díaz Guerra, de la  Segunda Fiscalía de Prevención de Delito acudió ayer a la Dirección Regional de Educación para exhortar a las autoridades remitir un informe detallados de los casos de violación sexual y acoso  que la entidad ha recepcionado en el 2018, de no cumplir en un plazo de  72 horas tanto el director, Luis Pinedo, y el asesor legal pueden ser denunciados.

Según precisó con este informe también se conocerá cual si se ha dado la respectiva tramitación a las denuncias de alumnos o padres de familia contra docentes contratados y nombrados. Como avance, la Fiscalía conoció que en Requena tienen 21 casos, de las cuales tres docentes fueron retirados y de  Putumayo registran seis. Aún están a la espera de las demás Unidades de Gestiones Educativas.

“Se está levantando todo un informe  para  enviarlo a la Fiscalía Penal  por  el delito de omisión de funciones porque  si bien es cierto ya no están en el cargo, asumen una responsabilidad por el periodo en la cual ellos han estado y han tomado conocimiento del tema”, explicó la fiscal provincial Leslie Díaz a Pro & Contra.

Sobre el plazo aseguró que de no tener  el informe a detalle como solicitaron, ellos mismos acudirán a la Dirección Regional de Educación parar pedirlo y llevarlo a la  Fiscalía Penal de Turno que corresponda. “Asimismo se tomaran acciones coercitivas como tratar de determinar a qué funcionarios les correspondería iniciar una investigación preliminar. En nuestro caso, como somos fiscalía de prevención del delito lo que  hacemos es  exhortar y ya hemos exhortado al asesor legal bajo apercibimiento para que nos entreguen en un plazo máximo de 72 horas. Igualmente le hemos hecho llegar la misma exhortación al director (Luis Pinedo). Ahora cumplido ese plazo y no me entregan lo solicitado, nosotros tenemos la facultad  de emitir estos actuados al fiscal penal de turno para que inicie el procedimiento penal que corresponde contra el director actual y el asesor”. La fiscal agregó que encontraron la predisposición de los funcionarios para colaborar sobre el tema que expone a una población vulnerable.

Cabe recordar que la segunda semana de marzo la Contraloría emitió un informe acerca de  Directores de las Unidades de Gestiones Educativas (UGELs)  de Requena, Mariscal Ramón Castilla y Loreto junto a  integrantes de Comisiones de Procesos Administrativos  no cumplieron con informar a tiempo  al Ministerio Público o al Órgano del Control Interno los 55 casos de   docentes acusados de violación sexual.

Esto fue evidenciado en un informe realizado por la Contraloría General que muestra a 28 funcionarios con presunta responsabilidad penal y administrativa  al no realizar ninguna acción, como la separación temporal del denunciado,  para proteger a los menores  pese a tener conocimiento de la denuncia.

Asimismo, la Oficina Descentralizada de la Defensoría del Pueblo advirtió que hay más casos similares en las Unidades de Gestiones Educativas de la región. Hugo  Pari Taboada, jefe de la oficina de la Defensoría, explicó que  con el apoyo de la Adjuntia para la Administración Estatal consultaron  sobre las denuncias recibidas en el 2017 en las Ugeles  de Loreto Nauta, Daremos del Marañón, Putumayo, Requena, Alto Amazonas y Mariscal Ramón Castilla que requieren atención.