La violencia contra la mujer es uno de los problemas públicos que golpean fuertemente a la sociedad peruana y uno de los resultados de dicho problema público son los constantes feminicidios, entendidos como el asesinato de las mujeres por su condición como tal, en contexto de violencia familiar, coacción, hostigamiento o acoso sexual; abuso de poder, confianza o de cualquier otra posición o relación que confiere autoridad a la persona agresora, conforme a lo establecido por la sociedad; y en cualquier forma de discriminación contra la mujer, independientemente de que exista o haya existido una relación conyugal o de convivencia con la persona agresora, tal como lo establece el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).
Asimismo, encontramos que el problema público de la violencia contra la mujer y sus resultados, entre ellos el feminicidio, no se encuentra controlado, mucho menos está siendo combatido, toda vez que en el primer trimestre del presente año los casos de feminicidio se han incrementado en 26,4% respecto al mismo periodo del año anterior, conforme al siguiente cuadro:
Hace unos días falleció Eivy Ágreda, luego de una larga y dolorosa agonía, quien fue víctima de un cobarde ataque dentro de un vehículo de transporte público por un supuesto “admirador o pretendiente”, que al sentirse rechazado por la mencionada mujer, planificó desfigurarla, quemándola. Esta lamentable agresión fue noticia a nivel internacional, lo cual debió alertar al gobierno de turno, en suma, a las cifras ya recabadas por el MIMP, pero el presidente de la república al ser consultado por la muerte de Eivy, solo atinó a decir “nos sentimos apenados, a veces son los designios de la vida”, olvidando que estamos frente a un grave problema público que no está siendo combatido.
Si bien, luego de la avalancha de críticas generadas por sus declaraciones, el señor presidente dijo que desde su gobierno se realizarán diversas acciones para combatir la violencia contra la mujer y los feminicidios, no queda claro cuál es la política pública que propone este gobierno para combatir el referido problema, debido a que solo se ven acciones aisladas, mas no una planificación y articulación de una política pública de Estado como se requiere. Esperemos que ello se revierta, sino presenciaremos y formaremos parte de un país repleto de mujeres violentadas y/o asesinadas con un gobierno incapaz de afrontar dicha realidad.
Miguel Angel Rojas Rios
Abogado
Maestrando en Gobierno y Políticas Publicas
rojasr.miguel@pucp.edu.pe
