[Finalizada la etapa de dialogo en tres procesos de consulta previa].
Con la finalidad de contribuir con la adecuada implementación del derecho a la consulta previa, el Defensor del Pueblo, Eduardo Vega, solicitó al Poder Ejecutivo cumplir con los acuerdos asumidos con pueblos indígenas de Loreto y Ucayali.
Detalló que, mediante un oficio enviado el pasado 22 de abril a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), se señaló que tras varios meses de la firma de los acuerdos en los procesos para la creación del Área de Conservación Regional (ACR) Maijuna-Kichwa, la categorización de la Zona Reservada de Sierra del Divisor, así como la autorización para la suscripción del contrato de licencia del Lote 169, aún está pendiente la aprobación de los correspondientes decretos supremos por parte del Poder Ejecutivo.
El funcionario acotó que dicha promulgación debe respetar los acuerdos alcanzados entre el Estado y los pueblos indígenas, de conformidad con el artículo 15° de la Ley N° 29785, Ley de Consulta Previa y el artículo 23.2° de su Reglamento, que establecen la obligatoriedad del cumplimiento de los acuerdos logrados en un proceso de consulta.
Además, destacó que mediante el diálogo intercultural entre el Estado y los pueblos indígenas se haya podido acordar, por ejemplo, la participación de representantes de los pueblos consultados en la gestión de las áreas naturales protegidas, el cumplimiento de las cláusulas de protección ambiental y la participación de representantes indígenas en los comités de supervisión, entre otros.
Finalmente, cabe precisar que en los procesos de consulta llevados a cabo participaron 11 pueblos indígenas. Así, en el proceso del Lote 169 se les consultó a los pueblos Asháninka, Amahuaca, Ashéninka y Yaminahua, en el de Sierra del Divisor a los pueblos Shipibo-Conibo, Isconahua – Shipibo Conibo, Matsés, Huambisa y Ashéninka, mientras que por la consulta del ACR Maijuna-Kichwa participaron los integrantes de los pueblos Maijuna y Kichwa.
Las poblaciones indígenas que tienen «la suerte» de contar en sus territorios con exploraciones o plantas de extracción de estas riquezas del subsuelo; terminan cayendo en la mas terrible de sus desgracias. La pobreza económica (aunque parezca increíble), en la que terminan es desastrosa, ni hablar de los efectos sociales, culturales, de salud y ambientales que inevitablemente terminan padeciendo estas comunidades que todos debemos proteger.
¿El Gobierno?, en los últimos años es presa del reto crecimiento económico a cualquier costo (veamos el tema minero por ejemplo).
Por lo tanto mentir, engañar o «mecer» a las comunidades indígenas es un «arte» del que los gobernantes se jactan en los medios del Poder, hasta que suceden los «Baguazos», cuyas consecuencias ya es historia harta conocida de quienes pagan a costa de su vida esta trágica «factura».
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