En la mañana de ayer en una cadena nacional radial que dice ser la más importante estaba entrevistando al presidente de la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República Miguel Román. Su presencia es importante por estos días porque él proviene de Islay y un acciopulista de larga data. Alguien que no podría ser acusado de izquierdista, es más últimamente obligado por las circunstancias, ha tenido que salir a decir algo por la coyuntura, así no quisiera.
Y en medio de estas explicaciones que da a los medios sobre la crisis social en varios sectores del país saltó la propuesta aprobada ayer en un pronunciamiento desde el Cusco. Los gobernadores regionales en su punto dos de este documento han expresado la necesidad de una nueva ley sobre minería.
Puntualmente dice: “impulsar una reforma de la ley de la minería en el Perú… que incorpore la consulta previa, impactos socio ambientales que respeten otras actividades económicas, sociales, turísticas y culturales… mejoramiento de la estructura tributaria y de los recursos, haciendo que el estado y las comunidades sean accionistas e implementar fondos de compensación”.
Debe haber sido muy preocupante esta propuesta para algunos sectores, pues cuando era entrevistado sobre este punto Miguel Román, que es vital en la realidad social del país, los periodistas en este medio minimizaron y cortaron el tema. “eso es constitucional” se le escuchó decir a uno y a otro mencionar que no se gastan los recursos mineros o se gastan mal en regiones.
Debió ser muy alarmante este pronunciamiento porque inmediatamente después el propio Martín Vizcarra empujado por el resorte de una preocupación empresarial aceptó llegar a Arequipa para dialogar sobre el conflicto por el Valle de Tambo y solucionarlo – ¡esperemos!-. Está demás decir que ayer miércoles Moquegua, Tacna, Puno y Cuzco han iniciado protestas consistentes y no sólo pronunciamientos aislados o por redes sociales, que hoy mediante un paro anunciado podría radicalizarse.
Parece que el consenso sobre sostener ciertos modelos aquí se demuestra en ciertas esferas del poder económico y mediático. Se puede tolerar un paro, dos, rabietas de gobernadores regionales o dirigentes “lentejeros” mientras no se discuta el tema de fondo. Y este parece ser la legislación sobre la extracción minera en el Perú. ¿Qué tiene que ver con una reforma constitucional? por supuesto y esa posibilidad pone también en tela de juicio otros sectores que han venido funcionando por el sólo mecanismo del control del mercado y que ha generado serios perjuicios al país.
Parece que los líos menores de la reforma política (importantes pero parece que finalmente será sólo un paseo de los otorongos), no está dejando ver el debate de fondo que es además fuente de varios actos de corrupción, obviamente. Qué se inicie el debate y si de algo ha servido esta coyuntura social es poner en agenda este tema de urgencia nacional.
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