¿Cómo responde una organización internacional como BUSF cuando las controversias alcanzan a quienes la representan en España y en distintos países?
Cuando las controversias dejan de ser hechos aislados y comienzan a repetirse alrededor de quienes representan a una organización de cooperación internacional, el problema ya no es únicamente judicial: es profundamente institucional. Mientras en el Perú un representante de BUSF, José Rolando Benavente Farfán, enfrenta una expulsión del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios de Puno y actuaciones del Ministerio Público por hechos relacionados con el manejo de bienes y donaciones, en España también existen cuestionamientos públicos, querellas y procesos vinculados a personas relacionadas con la organización. Cada caso deberá resolverse en su respectiva jurisdicción y con pleno respeto al debido proceso.
Cuando una organización que nació para fortalecer a los bomberos termina siendo asociada a conflictos, denuncias o divisiones internas, ya no basta con invocar su noble misión. Tiene la obligación ética de demostrar, con hechos, que sigue siendo digna de la confianza de quienes donan, de quienes sirven como voluntarios y de quienes esperan ayuda en los momentos más difíciles.
Hay una diferencia que muchas instituciones parecen no comprender, o quizá prefieren ignorar.
La justicia determina culpabilidades.
La transparencia demuestra integridad.
Son dos caminos distintos. El primero corresponde a jueces y fiscales. El segundo pertenece al terreno de la ética, de la responsabilidad institucional y del respeto hacia quienes depositan su confianza en una organización creada para servir.
Toda institución humanitaria vive de un patrimonio que no figura en sus balances financieros ni puede cuantificarse en una auditoría contable. Ese patrimonio es:
LA CONFIANZA.
Sin confianza no existen donantes. Sin confianza no existen voluntarios. Sin confianza no existe cooperación internacional. Sin confianza, la solidaridad deja de ser un acto de esperanza para convertirse en motivo de sospecha.
Por eso resulta inevitable preguntarse qué ocurre cuando una organización cuya razón de ser es fortalecer a los bomberos termina siendo cuestionada por acciones que, según denuncias, testimonios y procedimientos disciplinarios, ha debilitado precisamente a quienes debía apoyar.
La pregunta no es menor.
¿Por qué una institución creada para fortalecer la capacidad operativa de los bomberos termina enfrentando cuestionamientos relacionados con el manejo de donaciones, el destino de equipos y conflictos que afectan a las propias compañías de bomberos?
¿Qué ocurrió para que hoy la cooperación solidaria a través de BUSF terminara envuelta en controversias que hoy son materia de investigaciones y de preocupación pública?
En el Perú existe un hecho institucional que no puede ignorarse. El señor José Benavente Farfán fue expulsado del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, filial Puno – CGBVP, mediante una resolución disciplinaria por faltas calificadas como muy graves y leves dentro del régimen disciplinario de la institución. Esa decisión pertenece al ámbito institucional del CGBVP y constituye un antecedente objetivo que no puede ser minimizado. Pero lo sorprendente es que al día de HOY este señor es el presidente de la institución Bomberos Unidos Sin Fronteras (BUSF) en Perú, filial de BUSF España, que antes tenía su sede en Arequipa, luego en Loreto y hoy en Puno; con CUATRO PRESIDENTES en poco tiempo y de acuerdo a la ocasión: EDGAR SALOMON CASTAÑEDA (Arequipa)
YBI JANET VÁSQUEZ VÁSQUEZ (Loreto)
CHRISTIAN MEZA PÉREZ (Loreto)
JOSE BENAVENTE FARFÁN (Puno)
Entre bambalinas también se formó en Arequipa, la “Asociación Civil Grupo de Intervención ante Catástrofes – Perú” que aparece y desaparece al gusto del presidente de BUSF España, Antonio Nogales, y regentada por: FERNANDO ARCE y ALONSO MALAGA
Causalmente todo este entramado de nombramientos empezó y se mantiene a partir del destape en el año 2019 de la estafa millonaria en España a nombre de los niños con cáncer en Perú, cuyos promotores, 5 de ellos, fueron a la cárcel, y que actuaban bajo el paraguas de una falsa ONG contra el cáncer infantil LINCECI.
En los tiempos actuales 2026 se continúa en las investigaciones y denuncias relacionadas con el manejo de bienes y donaciones, cuya determinación corresponde al Ministerio Público y, de ser el caso, al Poder Judicial. Será la justicia quien establezca las responsabilidades que correspondan.
Pero hay una responsabilidad que no depende de una sentencia.
Es la responsabilidad de rendir cuentas.
Porque una organización humanitaria no necesita esperar que un juez dicte una resolución para explicar a la sociedad cómo administra los bienes que recibe en nombre de la solidaridad.
No necesita esperar una condena para publicar inventarios.
No necesita esperar un proceso penal para informar dónde están las donaciones.
No necesita esperar una sentencia para colaborar plenamente con quienes buscan esclarecer los hechos.
La transparencia nunca debería depender del calendario judicial.
Cuando una institución responde a los cuestionamientos únicamente con silencio, ese silencio podrá ser una estrategia jurídica. Pero jamás debería convertirse en una política institucional.
Porque el silencio protege expedientes.
La transparencia protege la confianza.
Y una organización humanitaria no administra únicamente vehículos, herramientas de rescate, cascos, equipos de protección o drones.
Administra algo infinitamente más valioso.
Administra la confianza de ciudadanos que donan creyendo que cada aporte llegará íntegramente a quienes arriesgan su vida salvando la de otros.
Administra la confianza de cooperantes internacionales que aportan recursos convencidos de que serán utilizados exclusivamente para fortalecer el servicio humanitario.
Administra la confianza de miles de bomberos voluntarios que dedican tiempo, esfuerzo y recursos propios para servir a sus comunidades.
Por eso la pregunta de fondo es inevitable.
¿Puede una organización como BUSF cuya misión es fortalecer a los bomberos terminar debilitándolos?
Si testimonios, denuncias e investigaciones apuntan a que una compañía de bomberos como la de Puno, quedó privada de equipos indispensables para responder a emergencias, el problema deja de ser exclusivamente administrativo.
Se convierte en un problema ético.
Porque detrás de cada herramienta de rescate no existe únicamente un bien material. Existe la posibilidad de salvar una vida.
Cuando desaparece un equipo de rescate, no desaparece solamente un objeto. Desaparece parte de la capacidad para responder a un incendio, a un accidente de tránsito, a un derrumbe o a una inundación.
La primera víctima de cualquier irregularidad nunca es una institución.
Es el ciudadano que algún día necesitará esa ayuda.
También resulta legítimo formular otra pregunta.
¿Qué papel corresponde a la organización matriz en España, cuando su representación en otro país enfrenta cuestionamientos tan serios?
Las organizaciones internacionales no solo exportan cooperación.
También exportan prestigio. Y ese prestigio lleva consigo una enorme responsabilidad.
Cuando existen controversias relevantes sobre la actuación de representantes nacionales, la organización matriz tiene el deber moral de demostrar que posee mecanismos eficaces de supervisión, control y rendición de cuentas. No basta con invocar la autonomía de sus filiales si la confianza que respalda su labor es compartida.
En una institución humanitaria, la indiferencia también comunica.
Comunica ausencia de liderazgo.
Comunica falta de control.
Comunica una preocupante distancia frente a la obligación de proteger aquello que constituye su principal patrimonio: la credibilidad.
La sociedad no exige perfección. Exige honestidad. Exige explicaciones.
Exige transparencia. Porque la solidaridad no puede administrarse entre sombras.
Las organizaciones humanitarias fueron creadas para tender puentes de confianza, no para levantar muros de silencio.
La justicia, tarde o temprano, determinará responsabilidades individuales.
Pero la historia juzga a las instituciones por algo diferente. Las juzga por la forma en que respondieron cuando la confianza que les había sido confiada comenzó a resquebrajarse.
Y en el mundo de la cooperación humanitaria existe una verdad que ninguna estrategia jurídica podrá desmentir:
La justicia determina culpabilidades. La transparencia demuestra integridad.
Quien comprende esa diferencia protege la misión de la institución.
Quien no la comprende termina poniendo en riesgo aquello que ninguna donación puede volver a comprar: la confianza de la sociedad. Y eso es lo que no entiende la directiva de la Matriz de BUSF en España (al mando de los señores Antonio Nogales Rodríguez, Presidente, y Fernando Carballo Hierro, Vicepresidente) porque también están en lo mismo: querellados en España por presunta falsificación y usurpación, a la espera de la justicia ¡QUÉ BONITA FAMILIA!
¡LA AYUDA HUMANITARIA EXIGE MANOS LIMPIAS!
Quien administra recursos destinados a salvar vidas no solo debe ser honesto: debe parecerlo. No basta con invocar la presunción de inocencia para eludir la obligación de rendir cuentas. En las organizaciones humanitarias, la confianza no es un beneficio accesorio; es el fundamento mismo de su existencia. Por ello, cuando un directivo acumula sanciones institucionales, investigaciones o graves cuestionamientos sobre el manejo de los recursos confiados a la organización, corresponde a la propia institución evaluar si esa persona puede seguir representando con credibilidad la misión solidaria que dice defender. No porque toda denuncia implique culpabilidad, sino porque la ética de la cooperación exige un estándar de conducta más alto que el mínimo exigido por la ley.
«La ley protege la presunción de inocencia. La ética protege la confianza pública.»
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