Botellas plásticas y otros elementos de este material se encuentran en las playas de Perú

Lucha contra los plásticos desechables:

El plástico está en todas partes. Su bajo costo y fácil manejo ha generado un auge en la producción de objetos con este material.

Pero los beneficios están siendo superados ampliamente por los problemas que ahora está causando al planeta, pues gran parte del plástico que se produce actualmente está diseñado para desecharse luego de usarse por primera vez.

Así, envases de bebidas, tapas de botellas, empaques de alimentos y bolsas de compras, cosméticos, textiles, entre otros objetos hechos con plástico terminan acumulándose durante siglos en basureros, lagos, ríos y océanos. Al no biodegradarse, se fragmenta en pequeños trozos o microplásticos que contaminan suelos y afectan aves y especies marinas.

Según un informe de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, por lo menos 13 millones de toneladas de plástico se filtran en los océanos cada año y para el 2030 se calcula que se producirá 619 millones de toneladas de plástico anuales, desechos que podrían seguir matando aves y especies marinas que los confunden con su alimento, además de contaminar suelos, agua y peces debido a las sustancias tóxicas que se utilizan para la elaboración de este producto.

¿Se ha avanzado en la regulación de su uso? En América Latina, varias naciones han emprendido el camino para frenar el uso innecesario de plásticos a través de la ley.  ¿Qué países han avanzado más?

Perú se alista para aprobar una norma nacional

El pasado 5 de junio, en el Día Mundial del Medio Ambiente, la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso peruano aprobó un proyecto de ley que prohíbe el uso de bolsas de plástico en todo el país. El dictamen fue el resultado de varias propuestas presentadas ante el Parlamento peruano y propone la eliminación progresiva del plástico de un solo uso, de tecnopor y de sorbetes.

La ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, relató que el Congreso recibió seis propuestas de diversos parlamentarios además de la que presentó el Ministerio del Ambiente. Aclaró que luego del dictamen en la comisión se realizaron talleres para debatir sobre los plazos que se planteaban con el fin de llegar a un consenso, pues las discrepancias iban desde 180 días para que las empresas se adapten a la norma, hasta cinco años, propuesto justamente por el gremio industrial.

“Según los datos que tenemos, por lo menos cinco millones de personas utilizan tecnopor en Perú, y no creo que se puede cambiar eso en 180 días. Es un proceso”, dijo Muñoz y mencionó que el consenso logrado da un plazo de tres años, hasta el bicentenario, para adaptarse a la norma. “Esperamos que en la próxima legislatura la comisión lo proponga como tema prioritario y se discuta en el Pleno”, dijo la ministra.

Mencionó también que es importante avanzar en el reciclaje. “El problema principal que tenemos es que generamos muchos residuos y reciclamos muy poco”.

La industria está invirtiendo en tecnología de punta, por ejemplo, para las botellas de plástico —sostiene Muñoz— y se podrían producir botellas con el 100 % de plástico reciclado, pero llegamos a un 20 %. El problema es que gran parte de los recicladores son informales y las compañías no pueden comprarles plásticos porque no dan factura. “Estamos trabajando con los gobiernos locales para que puedan ser impulsores de la formalización de recicladores”.

Bruno Monteferri, director de Conservamos por Naturaleza de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) considera que la ley debería considerar no solo las prohibiciones para los plásticos de un solo uso como se indica en la norma, sino también incentivos para la reconversión de la industria.

El director de Conservamos por Naturaleza hizo una dura crítica a la cultura de lo desechable. “Hace unas décadas se pensó que lo más cómodo era usar los productos desechables. Se creyó que era barato porque el producto que se desechaba no incorporaba los costos ambientales o a la salud. Ahora, tenemos información sobre el impacto que estamos causando en el planeta.

Sabemos cuántas aves marinas o tortugas han sufrido por la ingesta de plástico y cómo les causamos la muerte”. También mencionó que conocemos muy poco sobre las consecuencias del plástico en nuestro organismo, al que llega a través de los peces que consumimos.

“En Perú, casi 950 mil toneladas de plástico se consumen al año. De ellas, el 75 % se convierte en residuos municipales urbanos y solo el 25 % corresponde a productos con una vida útil mayor a un año”, explica Carmen Heck, Directora de Políticas de Oceana.

De acuerdo a cifras del Ministerio del Ambiente —agrega Heck— solo el 56 % de los residuos plásticos que se generan en Perú terminan en un relleno sanitario, mientras que el 43 % llega a botaderos y termina en ríos y en el océano. Solo el 0.3 % es reinsertado en la cadena productiva a través del reciclaje. “Esta situación explica por qué más del 50 % de la basura marina recogida en campañas de limpieza de playas en los últimos 20 años está conformada por plásticos”.

La representante de Oceana menciona que, como parte del proceso de legislación, se han promovido espacios de diálogo y debate técnico en el Parlamento y en el Ministerio del Ambiente para escuchar las preocupaciones y aportes que pudiera tener el sector empresarial, las instituciones técnicas,la academia y la sociedad civil. “Los diferentes actores coinciden en señalar que las bolsas oxodegradables (aquellas a las que se le agregan aditivos para acelerar su fragmentación), deben salir del mercado ya que sus impactos en el ambiente son incluso mayores al de las bolsas convencionales debido a que el tratamiento al que son sometidas no permite que sean recicladas y su fragmentación acelerada las lleva a convertirse en microplásticos”.

El proyecto de ley para la regulación del uso de plásticos desechables no ha sido debatido en la legislatura que acaba de finalizar, pero quienes impulsan la norma esperan que entre a discusión en el pleno del Congreso durante la siguiente legislatura que se inicia a fines de julio. De aprobarse la propuesta, el Ejecutivo deberá ratificar la norma para que entre en vigencia.