Conforme a la literatura académica, la gestión de la administración pública se encuentra fiscalizada y controlada, a fin de que se desarrolle de manera correcta en búsqueda de su fin último que es el bienestar del ciudadano, mediante lo siguientes tipos de control:
Control político: ejercido por los representantes elegidos por la ciudadanía a fin de calificar y sancionar políticamente de ser el caso a los servidores públicos, generalmente que obtuvieron el cargo por elección popular, que no cumplen su rol conforme a los reglamentos pertinentes o sus antecedentes lo imposibilitan de ejercer su cargo.
Control jurisdiccional: ejercido por los tribunales judiciales, el ministerio público y el tribunal constitucional a fin de asegurar que el accionar de la administración pública se encuentre bajo el marco de la legalidad.
Control administrativo: ejercido por la misma administración pública mediante oficinas especializadas para ello (oficinas de control interno en cada entidad pública y contraloría general de la republica a nivel nacional).
Control social: ejercido por la ciudadanía en su conjunto, a fin de fiscalizar de manera eficaz y eficiente a sus representantes y a los servidores públicos en general, teniendo como pase la información del desarrollo y que hacer de la administración pública.
En ese sentido, teniendo en cuenta que el control social es el único tipo de control, en sentido estricto para el dominio de los ciudadanos directamente, es necesario que tengamos cuidado con el concepto, puesto que no toda manifestación popular –marcha, protesta o revuelta- puede ser entendida como control social, pese a que se utilice dicho termino para su convocatoria o realización, debido a que para que se considera control social real, lo participantes deben estar informados, con conocimiento real y completo del problema público que solicitan que es estado o gobierno atienda.
Entonces, podemos decir que el control social se ejerce de manera correcta con participación de ciudadanos debidamente informados, en ese sentido la doctora Mayen Ugarte Vásquez Solís, en el libro “Apuntes para apoyar la discusión del proceso de descentralización”, señala que cuando una estructura de tejido social es muy débil, por ejemplo con ciudadanos desinformados, estos tipos de espacios, entendidos como públicos, se vuelven vulnerables de ser capturados políticamente como formas de clientelismo e incluso corrupción.” (Ugarte 2005: 66)
Recordemos que todos, ciudadanos, políticos y servidores públicos en las distintas modalidades, somos quienes configuramos el aparato público. En ese sentido, entiendo que, para un buen funcionamiento del mismo, se necesita el engranaje de todos los componentes; entonces, no seamos indiferentes, ayudemos a mejorar la gestión pública, y la mejor forma de hacerlo es participando; hagamos uso de ese derecho, pero de manera informada, congruente y sin matices o sesgos políticos que esconden intereses privados, no nos dejemos manipular y ejerzamos control social.
Miguel Angel Rojas Rios
Abogado
Maestrando en Gobierno y Políticas Publicas
rojasr.miguel@pucp.edu.pe
BIBLIOGRAFÍA
UGARTE, Mayen
2005 “Apuntes para apoyar la discusión del proceso de descentralización”. En INSTITUTO PERUANO DE ECONOMIA SOCIAL DE MERCADO. Lima: Fundación Konrad Adenauer, pp. 66
