En auditorias de nueve entidades
La Contraloría General en Loreto detectó perjuicio económico por 26 millones 345 mil 610.54 soles en nueve entidades que fueron auditadas en la región Loreto. Es cifra corresponde de enero hasta agosto. También hicieron observaciones importantes en tema de seguridad y salud durante los operativos de control.
Entre las nueve entidades auditadas por la Contraloría figura la UGEL Datem del Marañón, donde se hallaron perjuicio por 4 millones 780 mil 932.00 soles y 17 ex funcionarios con presunta responsabilidad del tipo penal y civil.
En la EPS Sedaloreto evidenciaron un perjuicio económico por 9 millones 375 mil 952.47 y 10 ex funcionarios involucrados en presunta responsabilidad penal y civil. También en la Municipalidad Provincial de Ucayali encontraron 4 millones 803 mil 647.59 soles de perjuicio y 26 ex funcionarios con presunta responsabilidad del tipo civil y penal.
Además, figura la Municipalidad Distrital de Urarinas con S/3´339,073 de perjuicio económico para la entidad y 10 ex funcionarios con presunta responsabilidad del tipo administrativo y penal, entre otras instituciones.
“A la fecha se ha realizado 354 acciones de control en toda la región, las mismas que se encuentran publicadas en el portal web de contraloría (www.contraloria.gob.pe/buscador de informe de control), al que puede acceder libremente cualquier ciudadano, desde cualquier dispositivo móvil con acceso a internet”, señalo el ing. Luis Tuesta, vocero de la Gerencia Regional de Control de Loreto.
Sobre los operativos de control, Tuesta precisó que de las 12 comisarías y 10 municipalidades inspeccionadas se detectó que no cuentan con un plan de patrullaje. Y solo el 3 % tiene una radio para comunicación. En cuanto a las cámaras de videovigilancia necesarias en casos delictivos, como asaltos principalmente, solo un municipio cuenta con ello y solo para el área urbana de Iquitos. Dieron a conocer que actualmente existe 1 efectivo policial para 924 ciudadanos y 1 efectivo de serenazgo para 1058 ciudadanos.
En salud, en cinco de los siete hospitales, que pertenecen al gobierno regional y dos a EsSalud, se evidenciaron que el 71% no tienen un código de alarma de emergencia para pacientes con Prioridad I (riesgo inminente de muerte) o este no está disponible. Asimismo, más del 138% las llamadas camas «habilitadas» (camillas, sillas de ruedas, etc.), lo cual afecta la calidad de atención brindada a los ciudadanos que acuden a estas entidades por ser informal e insegura.
