Cuando el parlamento de los fujimoristas dio su primera ley, ley donde se castigaba a los meones de aquí y de allá, todo el mundo pensó que el país iba a dejar de ser un enorme urinario público. La ley antimeona era drástica en su esencia y sus fines, pues castigaba con una multa de cinco mil soles a toda aquella persona que orinara en cualquier parte. El país estaba harto del espectáculo que daban los que orinaban fuera del envase. Era la hora de corregir ese enorme forado en la conducta de tanto peruano que no podía controlar su vejiga.
Pero, siempre hay un pero escondido en cualquier parte, unos parroquianos estuvieron en contra de esa ley que prohibía la meada descarada y formaron un colectivo que defendía a tantos meones. El país entero entonces entró en una seria controversia. Por un lado figuraban los que estaban a favor de la ley y por el otro extremo pululaban los que se oponían a la multa. Ambos bandos defendieron con tanto ahínco sus puntos de vista que toda la patria parecía poseída por el derecho a mear, por el achicamiento de la bomba o por cualquier otra referencia a ese líquido que salía por la uretra. En esa tensa oposición la ley se volvió severa y castigó con creces a los que eran pillados orinando en las veredas, las esquinas, los parques.
El radicalismo generó la aparición de un grupo armado que surgió para defender el derecho a orinar en cualquier parte y a cualquier hora. La defensa de ese derecho inelienable es la base del accionar de los alzados en armas, quienes citan las sabias enseñanzas de los que en el pasado no se hacían problemas por los meadores de distinta condición y edad. En estos días, dicho grupo publicó un manual donde habla bien de la orina y de los meadores de tantos sitios y lugares prohibidos por la citada ley antimeona.
