Si los periodistas se proponen tienen 130 semanas para publicar otros casos de conflicto de intereses. Porque la realidad demuestra que ese conflicto es con el que tienen que lidiar todos los días los padres de la patria.
Un domingo cualquiera se prende el televisor y se desprende la complicada situación de la exvoleybolista y hoy congresista de Gana Perú, Cenaida Uribe, quien habría entrado en el terrible y a veces imperceptible conflicto de intereses porque se interesó por la situación del director del Colegio Alfonso Ugarte que, coincidentemente, tenía un conflicto contractual con la empresa que coloca paneles en varios colegios y que, también supuestamente, el gerente de la misma mantendría una relación sentimental con la otrora maravillosa seleccionada nacional del deporte que más gloria ha dado a los sufridos hinchas de este país.
Un día cualquiera se acerca al puesto de venta de periódicos y destaca un titular donde se asegura que el congresista Julio Gago a través de una de las empresas que posee ha contratado con el Estado por varios millones de soles. Lo que habría ocasionado un conflicto de intereses, pues un parlamentario está impedido de prestar servicios de cualquier índole a las entidades públicas, pues su función es o, mejor dicho, debe ser exclusiva. Como todos los noctámbulos sabemos el aún vocero del fujimorismo en el Parlamento Nacional es un empresario dedicado al rubro de la venta de artículos de fotocopia que promociona con un estilo de mercachifle en la televisión nacional.
Otro domingo del tercer mes del año se prende la caja boba y tiene que soplarse con cierta perplejidad un informe donde se demuestra que la congresista Carmen Omonte, recientemente nombrada Ministra de la Mujer, ha caído en el temible conflicto de intereses porque es accionista de una empresa minera en su natal Huánuco y, como su función legislativa le permite, ha presentado proyectos sobre la minería ilegal. Una mala manera de estrenarse como ministra porque no solo se la acusa de ser parte de un blindaje donde su líder Alejandro Toledo se llevará la mejor parte sino que ha provocado que balbucee respuestas torpes como el intento de culpar a los abogados que le asesoraron mal.
Si los periodistas se proponen tienen 130 semanas para publicar otros casos de conflicto de intereses. Porque la realidad demuestra que ese conflicto es con el que tienen que lidiar todos los días los padres de la patria. Pues los hijos, que en muchos casos los han elegido de mala gana y como última opción, todos los días acuden a ellos para pedir que intercedan ante el titular de cualquier organismo para ser atendidos. Ése es el sistema que impera en el país. Hasta para que lo atiendan en un puesto de salud se necesita la mano amiga de un padrino. Y ese padrino eventual, siempre estará en el Congreso de la República.
No hay forma de evitar los conflictos de intereses porque los interesados son aquellos pobladores que requieren de la mano amiga de un congresista para que respeten sus derechos. El día que se respete los derechos por el solo hecho de ser ciudadanos se cambiará esta situación. Antes no.
Sería muy interesante que en Iquitos se hiciera lo mismo. ¿Qué descubriríamos? ¿Qué autoridades tienen conflicto de intereses? Me encantaría que este mismo comentarista empezara a destaparlos.
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