Alerta en el Poder Judicial
– El periodismo otra vez amenazado (De denunciante a “instigador”, faltaba más)
Es una vergüenza lo que viene sucediendo en el caso de la pornografía infantil publicado hace 5 años en el diario Pro y Contra a raíz de haberse encontrado una serie de fotografías que llegaron al diario donde dos menores de edad posaban desnudas en las oficinas de imagen institucional del Gobierno Regional de Loreto que dirigía entonces Robinson Rivadeneyra. En esa ocasión, la fiscalía denunció a Eber Coral y sospechosamente se sacó del caso al periodista Raúl Herrera Soria, entonces jefe de imagen institucional del Gorel, a pesar que las menores detallaron que fue precisamente este sujeto quien les prometió una serie de cosas a fin de fotografiarlas y que fue Eber Coral quien las llevó a esta oficina.
Esto consta en la grabación de video que el diario realizó para corroborar la veracidad de las fotos que además fueron entregadas por personal de ese ente estatal hartos de tanta inmundicia. Este video fue entregado por este diario a la fiscalía para colaborar con la investigación y, sospechosamente, meses después el jefe de imagen institucional pasó a la calidad de testigo, luego que (sospechosamente también) la fiscalía encontró en otro lugar del Perú (donde nadie sabían que estaban) a las menores quienes cambiaron su versión ¿a cambio de qué?. Ellas ahora podrían decir porqué y cómo cambiaron de versión repentinamente, ahora que ya son mayores y que se las podría llamar atestiguar al Poder Judicial si es que en realidad se quiere saber la verdad de todo esto. De ser así seguro que más de una sorpresa podrían revelar estas jovencitas sobre el caso y para que quede zanjado de una vez por todas el proceso, claro ahora estarían obligadas por la justicia y la verdad.
De hecho la fiscalía vergonzosamente se torció en este tema pues años después del 2005 el II juzgado penal de la Corte Superior de Justicia de Loreto ha enviado en copias certificadas a la V fiscalía del Ministerio Público que despacha el fiscal Juan Ramos Navarro una apertura de investigación incluyendo a este servidor como un “instigador a la pornografía infantil”. Es decir a uno de los varios que intervenimos en este caso del periodismo local (que además fue transmitido por varios canales nacionales e internacionales por la mala trascendencia del mismo), se nos abre investigación, peor aún cuando ya me encuentro alejado de la ciudad, es decir el mundo al revés.
Pese a que las pruebas eran adjuntadas como manda la ley y en beneficio a la colaboración periodística con la justicia para que esto de aclare en la investigación de las autoridades y que los involucrados tuvieron su oportunidad para expresarse sobre este tema y que a todas luces el delito se consumó en las oficinas del Gorel por lo que su jefe fue expectorado, ahora resulta que destapar a la luz pública un delito y colaborar con la justicia cuántas veces se nos ha requerido (porque siempre presentamos escritos indicando nuestra dirección al lugar del Perú donde nos trasladaríamos e incluso respondimos en el Poder Judicial de otros departamentos por este caso) nos hace instigadores a la pornografía infantil. De hecho, de proceder con estas amenazas al periodismo por parte del Poder Judicial y el Ministerio Público en casos tan flagrantes y harto investigados por los testimonios que existen, constituiría una serie amenaza al verdadero ejercicio de la profesión en Iquitos.
Más allá que la defensa de los involucrados hayan ejercido su derecho de la mejor manera que les parezca, esto no significa licencia para inventar pruebas, enlodar procesos y tergiversar testimonios y esto, encima, sea amparado (queremos pensar ingenuamente) por las autoridades judiciales y fiscales manchando aún más la imagen tibia que tienen los organismos de la administración de justicia en la región Loreto y específicamente en Iquitos frente a la población. Con estos procedimientos se pone en alerta a todo un sector de la prensa seria que sólo hace su trabajo investigando y cotejando lo que encuentra y que después de todo el esfuerzo de tratar de construir un oficio más serio que reclama la sociedad, ahora se envuelve en inminentes amenazas pues el fiscal tiene pocos días para pronunciarse sobre este caso.
Nos imaginamos que el presidente de la Corte Superior Roger Cabrera, el presidente de la Junta de Fiscales, Mario Alberto Gallo Zamudio, el magistrado Aldo Atarama (que trabajó en la gestión de Robinson Rivadeneyra) y la misma magistrada María Esther Felices Mendoza estén alertas a la manipulación grosera en la que está cayendo este caso y no amparen los intereses oscuros que hay detrás de estos tipos acusados de este delito en su momento. Que sepan que no por estar lejos de la ciudad de Iquitos uno tiene que callar las injusticias sobre el tema y las desviaciones que en corrillos periodísticos se les atribuyen a los tipos que ahora intentan sonreír porque creen que pueden manipular la justicia.
