El nuevo Canciller de la República, Mario López, indicó que la posición del Gobierno es de seguir dialogando sobre el tema, conociendo las diferentes posiciones alrededor de este acuerdo. “Hay una discusión que se ha abierto a nivel nacional. Pero, hay una posición que es la de seguir dialogando, conociendo los pro y los contra. No ratificarlo todavía, no hay un consenso. Es la mejor oportunidad ahora de conocer las diferentes posiciones. Recordemos que este convenio está hace un año en el Congreso”, anotó.
La Cancillería, antes de los cambios en el Gabinete, envió una carta a la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento detallando que, “el Acuerdo de Escazú recoge una postura tradicional de nuestro país. No obstante, la naturaleza jurídica vinculante del Acuerdo de Escazú, a diferencia del último instrumento citado, genera una obligación internacional para el Estado peruano específicamente en materia de defensores de derechos humanos, por lo que estará sujeto a responsabilidad internacional en caso de incumplimiento”.
Contrariamente, Fabiola Muñoz, durante su gestión como Ministra del Ambiente, señaló que el acuerdo fortalece la posición del Perú en temas ambientales al asegurar el principio permanente de soberanía de los Estados firmantes sobre sus recursos naturales, además de ser una herramienta fundamental para luchar contra la corrupción.
El Acuerdo de Escazú (“Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”) de las Naciones Unidas fue adoptado en el 2018 y se abrió a la firma de los países de la región. Para entrar en vigor, debe ser ratificado por 11 economías. Nuestro país aún no ha ratificado dicho acuerdo, el que debe ser evaluado por el Ejecutivo y el Congreso.
