Cuando no existe una cultura de diálogo las discusiones rápidamente se polarizan, lo dijo en su momento el historiador Alberto Flores Galindo cuando trabajaba en la obra “Buscando un inca”. Recuerdo que leía el libro bajo las sombras del terrorismo de Sendero Luminoso y los excesos de las fuerzas del Estado contra la población civil. Vivimos en Perú una década de estado de excepción. Lo que está sucediendo con la firma y ratificación del Convenio Escazú es justamente esta polarización superflua, anotada por el Alberto Flores, porque no nos lleva a ninguna dirección. Cuando se discute no puede haber el pro y contra de una posición, es simplificar demasiado el debate que tiene muchas aristas. Seguro que tiene mucho rédito periodístico, pero desenfoca, y mucho, el debate en la palestra tropical. Así perdemos todos y todas. Tampoco se hace una labor educativa acerca de los alcances del convenio. Hay más bramidos que ideas, como el manido argumento de las ONG, me viene a la memoria que el Estado se defendía cargando las tintas contras las ONG cuando se denunciaban los abusos de derechos humanos en las décadas de los ochenta y los noventa. Estos debates así planteados parecieran que obviaran el contexto en el que se está debatiendo. Hace unas semanas atrás se ha publicado el libro “Benjamín Saldaña Rocca. Prensa y denuncia en la Amazonía cauchera”, de Leopoldo Bertucci y Ana Varela (compiladores), son crónicas seleccionadas del ínclito periodista Benjamín Saldaña sobre este período funesto y sangriento en la floresta que tiene que ver con las denuncias sobre la extracción de los recursos naturales y las muertes de integrantes de pueblos indígenas en las estancias caucheras del Putumayo. No es baladí citarlo, creo que el libro puede ayudarnos a situarnos en el contexto en el cual se está debatiendo el convenio Escazú. Simplificar el debate sobre el convenio obvia el duro contexto que se vive de cara a los recursos naturales en la floresta y a los que habitamos en ella.
