Carlos García Tapullima, asesor indígena de por la Federación de Comunidades Nativas del Bajo Tigre (Feconabat), expresó su desconfianza sobre los acuerdos alcanzados en la reunión con la PCM. Según García, la falta de un marco normativo y un plan concreto para el cierre de brechas planteado en el decreto supremo 145-2022 deja a las comunidades sin garantías claras de que los compromisos se cumplirán. Destacó que los acuerdos previos a menudo se olvidan sin que se concrete el respaldo estatal necesario.
García también subrayó la necesidad urgente de servicios básicos en las comunidades del río Tigre, como agua potable, electrificación y educación. A pesar de las gestiones realizadas y los compromisos anunciados, las soluciones concretas aún están pendientes. La comunidad ha estado en protesta durante 35 días, buscando asegurar que las promesas se traduzcan en acciones reales y sostenibles.
En cuanto a la coordinación con autoridades locales, García mencionó que, aunque realizaron esfuerzos para dialogar con el alcalde distrital y provincial, aún no se ha concretado una reunión con el gobernador regional. Afirmó que el levantamiento de la medida de protesta dependerá de la implementación de un marco legal que garantice la ejecución de los proyectos prometidos, con la expectativa de que las decisiones puedan tomar forma en aproximadamente 15 días.
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