La pretendida reforma política anunciada por el Presidente Martín Vizcarra en su discurso de Fiestas Patrias en el Congreso de la República ha provocado el respaldo mayoritario de los ciudadanos, según grafican las encuestas publicadas en los últimos días. No podía ser de otra forma, pues los políticos han hecho que la política esté desprestigiada. Y, como los congresistas son los más visibles de todos los políticos y, hay que decirlo, se empeñan en confirmar su descrédito, todo lo que se intente hacer contra ellos será bien visto. El Presidente de la República lo ha entendido así y su mejoría en la aceptación ciudadana lo comprueba. Es más, la caída en la popularidad que experimentó Keiko Fujimori demuestra dos cosas: que la población la ve como lideresa del Parlamento y que tendrá que replantear su acción don miras a las elecciones del 2021.
Si la reforma merece el aplauso del soberano no quiere decir que sea lo correcto y mejor para el país. Ya hemos tenido experimentos populistas, o si prefieren, populacheros. Como bien lo señala Federico Salazar en un reciente artículo: “Es una pena que la iniciativa del Ejecutivo de iniciar un proceso de reformas se arruine con proyectos que no tienen por objeto mejorar las instituciones, sino, al parecer, solo mejorar la imagen momentánea del presidente. Se ha desaprovechado una oportunidad para el país”. Ni siquiera con el golpe del 5 de abril de 1992 -que fue aplaudido entusiastamente por la mayoría de la población y motivó la crítica de los defensores de lo establecido- se dio inicio a una reforma política que mejore las instituciones y lleve a elegir a los representantes de las mismas adecuadamente. Y eso que dicha “reforma” se hizo a la fuerza, a la bruta, como siempre lo quieren las tribunas.
Entonces más que una reforma del Congreso lo que debe promoverse es una reforma de la selección de los representantes que llegan a ocupar un escaño. Necesitamos un sistema de selección de candidatos donde prevalezca la idoneidad y no el mercantilismo de las billeteras o la improvisación de los que se valen de los partidos efímeros que ni siquiera creen en el sistema partidista. De todos los casos deplorables de falsificación de documentos -certificados de estudios y más- e incapacidad de legislar la mayoría son de gente que no ha hecho vida partidaria y que tiene el transfuguismo una “cualidad” que alardear cuando en realidad debería ser visto como una traición a la democracia.
Es verdad que ningún sistema asegura la exclusión de los politiqueros pero al menos se puede minimizar las acciones. Parece que el Presidente de la República y sus asesores han entendido la protesta ciudadana contra la clase política focalizándola en el Congreso de la República. Esa es una mirada parcial. Los congresistas, que tienen la mayor cuota de acciones perjudiciales para la política, no son los únicos. Los que hoy impulsan esas reformas entusiastamente -llámese César Villanueva desde la Presidencia del Consejo de Ministros o Vicente Zeballos desde el Ministerio de Justicia- curiosamente son parlamentarios y por ello deberían entender mejor que Martín Vizcarra que el problema no es quiénes llegan al Parlamento sino quiénes llegan a la lista de candidatos. Ellos son un ejemplo de eso, de la precariedad en la selección. Uno ingresó por Alianza para el Progreso y el otro ha estado en Solidaridad Nacional y en PPK. Someter a referéndum la reelección de congresistas, la bicameralidad y el número y género de los parlamentarios es un maquillaje. Provoca aplausos desde la tribuna pero es contra la tribuna. Ya se verá.