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Amazonía peruana: ¿la ley de la selva?

Javier Lizarzaburu

BBC Mundo, Perú

La Curva del Diablo fue un mal sino. Esta esquina de la selva peruana quedó grabada como el escenario de uno de los peores enfrentamientos en la historia reciente de Perú. También dejó al descubierto una tensión latente en la región: la de la lucha por los recursos naturales de la Amazonía. ¿Qué ha cambiado a un año de los sucesos?

Ese 5 de junio de 2009, en la norteña provincia de Bagua, murieron 34 personas, 25 de ellos policías, tras meses de tensión entre comunidades indígenas y el gobierno peruano, enfrentados por una serie de leyes que afectaban directamente a la Amazonía.

A un año de los incidentes en la Curva del Diablo

Basta pasar revista a una clic cronología de los hechos, presentada por una comisión independiente, para darse cuenta de que parecía haber una cierta prisa por legislar sobre los recursos naturales en la selva.

En esos momentos, el gobierno peruano estaba abocado a adecuar su legislación a los requisitos estipulados en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, suscrito en 2008.

Lucha por el botín

Pero al mismo tiempo, tenía el compromiso asumido, mediante el clic Convenio 169 de la OITclic , de consultar a las comunidades indígenas cada vez que preparase legislación que las afectara. Eso nunca sucedió, según el gobierno peruano, porque no se había reglamentado esa legislación.

Para no olvidarnos del pasado

Una cuestión de fondo, además de la exclusión histórica de las comunidades nativas, parece ser lo que el economista Hernando de Soto llama el último botín de la globalización: la Amazonía.

“Antes de la gran recesión, de lo que más se hablaba era de que iba a haber una escasez de comida y agua en el mundo. Y entonces, a nivel de los grandes organismos internacionales, se comenzó a hacer un inventario”.

Tras comprobarse las vastas riquezas de esta región, señala, en los últimos años se está dando una carrera por hacerse con un pedazo de la torta.

Y no es de extrañar. Además de que no le falta el agua, esa tierra potencialmente cultivable está salpicada de minerales preciosos.

Con el 72% de la Amazonía peruana concesionada a empresas de hidrocarburos, “la barrera que se levantaba entre las empresas y los recursos eran los pueblos indígenas”, señala Carlos Soria, abogado del Instituto del Bien Común.

La estrategia “de modificar la propiedad de la tierra y plantear que comunidades enteras salieran de la selva hacia poblados, con el pretexto de recibir mejores servicios, fracasó”, añade Soria.

Medidas del gobierno peruano

En el último año, el gobierno peruano tomó medidas en respuesta directa a las exigencias del momento: se derogaron los cuestionados decretos; se instalaron cuatro mesas de diálogo para estudiar la problemática indígena; se creó una comisión independiente para analizar los sucesos de Bagua.

Premier Javier Velásquez

Incluso, el Congreso aprobó recientemente la llamada Ley de Consulta a los Pueblos Indígenas, vinculada a sus obligaciones con el Convenio 169 de la OIT.

“La situación ha mejorado, pero costó 34 vidas”, precisa Soria.

Pero en los temas de fondo, como lo relativo al régimen de propiedad de la tierra y su acceso a los recursos naturales para las comunidades nativas, por ahora no hay mucho que mostrar.

Desconfianza histórica

Hablando con BBC Mundo, el primer ministro Javier Velásquez Quesquén señaló que el gobierno entiende que las comunidades no crean todo lo que se está haciendo por ellas.

“Uno de los errores que cometió el Estado, no el gobierno, es haber tenido esta brecha histórica de comunicación con las comunidades indígenas. Entonces entre ellos hay mucha desconfianza, y es justificada”, comentó Velásquez Quesquén.

Y no se equivoca. Representantes indígenas acusan al gobierno actual de malas tácticas.

Para Saúl Puerta, Secretario General de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), la mayor organización indígena del país, las autoridades “están tratando de organizar alternativas con otros grupos indígenas, con lo que están dividiendo a los pueblos. Y no solucionan nada sino que provocan más división”.

Caminos

Según Carlos Soria, la pregunta de fondo debería ser cómo hacer sostenible el desarrollo de esta región, tomando en cuenta las necesidades de las comunidades nativas y la presencia de grandes empresas.

Y la aplicación del Convenio 169 es un importante primer paso, señaló.

Saúl Puerta

El riesgo, explicó Saúl Puerta, dirigente indígena, “es que el gobierno les dé todas las tierras a extranjeros o gente de fuera, y si no nos escuchan, nuestra última alternativa es convertirnos en región autónoma, y con eso podemos hacer respetar nuestros territorios, para hoy y para los hijos de los hijos”, señaló.

Ante este panorama, a un año del “Baguazo”, lo más probable es que las fisuras tarden en sanar. Este fin de semana, y de manera separada, tanto autoridades como grupos indígenas tienen planificadas una serie de actividades en la Curva del Diablo y otros de los escenarios donde se dio la batalla.

En Imacita, la población indígena del lugar ha anunciado que no cantará el Himno Nacional durante la ceremonia del fin de semana. Según le dijo al diario El Comercio su alcalde, Fernando Kakias, “la población indígena no se siente identificada con la estrofa ‘somos libres’ “.


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