José Manuyama, miembro del Comité del Agua, enfatizó la relevancia de la acción de amparo que se llevará a cabo el 15 de agosto para proteger el río Nanay. Según Manuyama, la controversia se originó cuando Henry Luna, actual viceministro de Minas, otorgó una licencia minera sobre el río Nanay, una autorización que él considera inválida y perjudicial para el ecosistema y la salud de medio millón de personas. La acción de amparo busca cancelar esta licencia y resguardar los derechos fundamentales de los habitantes afectados.
Expresó su preocupación sobre la posibilidad de que el Poder Judicial no falle a favor de la justicia, aunque confía en que, en este caso, los derechos fundamentales como el acceso a agua potable deberían prevalecer. Destacó que el juez encargado, Juan Miguel del Águila, es residente de Iquitos y consume el agua del Nanay, lo cual podría fortalecer la imparcialidad en la resolución.
El activista subrayó la importancia de la movilización ciudadana en esta batalla, indicando que el Estado, que otorga las licencias, debería estar al servicio del bienestar de la población y no de intereses mineros. Manuyama resaltó la tendencia positiva en el derecho internacional hacia la protección de los ríos y la naturaleza, y espera que esta acción judicial inspire cambios significativos en la protección de los recursos naturales en la Amazonía.
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