Gonzalo Marsá Fuentes – Especialista intercultural
El 28 de agosto se cumplieron 5 años de la aprobación del Plan de Cierre de Brechas del Ámbito Petrolero de Loreto (DS 145-2020-PCM). Si hubiera que hacer un balance sintético sobre el de tan señalado acontecimiento, diría que lo que un día constituyó el germen o núcleo de lo que aspiraba a ser una política de Estado para Loreto, hoy es un mecanismo rutinario de financiamiento adicional.
Los cambios que se han ido produciendo a lo largo de estos cinco años han dado como resultado esterilizar el potencial de un plan único en su género. El PCB era una propuesta ambiciosa que aspiraba a modificar transformar la realidad en la Amazonía loretana con un enfoque multisectorial y un abordaje basado en la Teoría del Cambio.
Recordemos que PCB nació en un contexto propicio, como un experimento pionero en Perú para saldar una deuda histórica del Estado con las poblaciones del ámbito petrolero de Loreto, deuda reconocida por primera vez de forma pública y oficial.
La idea era ejecutar un modelo de planificación con lógica territorial y una escala que nunca antes se había intentado en Perú (más allá de experiencias exitosas de referencia como la de la reserva de Tutanaín, en Amazonas).
En el diseño contribuyeron decenas de ministerios y cientos de técnicos alineando sus estrategias y políticas de cara a desarrollar una experiencia disruptiva basada en un modelo de plataforma multiservicios y costo-eficiente y multiactor (público- privado) adaptada a las circunstancias de cada caso.
Incluso en lo territorial era ambicioso. Sobre el mapa había zonificado e identificado nodos con potencial dinamizador dónde concentrar las intervenciones públicas y hacer pivotar el paquete de servicios sobre centros de gravedad territorial (se llamaron núcleos dinamizadores de desarrollo y centros poblado de mayor jerarquía). Todo eso, ha quedado sepultado con el pasar del tiempo.
Es necesario hacer autocrítica desde el Estado. Tal vez uno de sus mayores defectos de diseño fue que tuvo una lógica excesivamente técnica y se aisló del contexto político, convirtiéndolo en un producto más que en un espacio. Este exceso de laboratorio y falta de anclaje en la realidad política motivó que al final terminase por ahogarse a los primeros vaivenes de coyuntura. Adicionalmente no alcanzó a culminar una adecuada vertebración de estructura entre los niveles técnicos de los sectores con los administrativos locales.
También hubo desajustes para hacer aterrizar el plan Maestro en los Planes de Desarrollo Locales, es decir, entre el diseño estratégico y el operativo. La cartera de Proyectos fue en buena medida un implante al cuerpo del documento forzado por las urgencias y las limitaciones de las municipalidades para sumarse al proceso. Es obvio que se intentó pero por limitaciones distintas y por circunstancias concurrentes en un contexto histórico y social convulso y complicado, no se pudo.
Tal vez su mayor error de diseño fue no haber generado un mecanismo de financiamiento ágil que permitiese que el PCB echara andar con la celeridad de vida. La realidad es que al poco tiempo de su presentación, todos se dieron cuenta que el PCB era un gigante de pies de barro. Había 6000 millones comprometidos pero no forma de ejecutarlos. Los gobiernos locales no contaban con perfiles ni expedientes viables que pudieran canalizar los recursos disponibles, tuvo que recurrirse a los sectores y hacer una kermés de intervenciones y actividades menores para inyectar dinero al plan y mantenerlo vivo el Plan. También se recurrió a los decretos de urgencia durante el año 2021 y 2022, asunto que en la práctica era insostenible y un reconocimiento de que el plan se mantenía vivo con respiración artificial
Se habían creado con bombo y platillo unas expectativas inmensas. Las poblaciones habían despertado y exigían resultados. EN cuanto empezó a empantanarse el financiamiento los líderes indígenas se desesperaron desconociendo el Acuerdo de Estado que los pueblos indígenas habían suscrito en el PCB y buscaron atajos para avanzar, todo lo cual derivó finalmente en la desafortunada intervención del Congreso y la generación de un fideicomiso, mecanismo que si bien garantiza recursos, terminó por desvirtuar el plan original y su sentido histórico.
A partir de entonces, el Estado, bajo presión, se quitó de en medio y pasó el testigo al Congreso que de un manotazo legislativo trasladó la responsabilidad de la gestión del cierre de brechas a 30 alcaldes que, además de no tener capacidad de gasto, aún hoy no tienen capacidad técnica y humana para realizar procesos de planeamiento estratégico territorial. Y lo más importante: pocos alcaldes comparten la mística original del Plan de cerrar brechas, cerrar heridas históricas con las comunidades nativas y apuntalar la paz social y la convivencia.
En definitiva, lo que fue concebido con un Plan disruptivo se ha convertido hoy en apenas un presupuesto. Las posibilidades del PCB de transformar la realidad local se han reducido significativamente. Aún hoy, es una herramienta poderosa ganada por los pueblos, y todavía tendría recorrido si se hicieran los ajustes estratégicos. Es obvio que es prematuro hacer un balance peyorativo y categórico, dado que en todo proceso complejo de cambio (como este) se necesita un periodo de aprendizaje y mejora basado en ensayo y error. No diría que el PCB está muerto pero un virtual apalancamiento de fondos podría ser un error letal que terminase con él definitivamente, al dejar a los actores futuros sin margen para nuevos aprendizajes en un camino truncado prematuramente.
La historia del PCB, en definitiva, no es otra que la del Perú en los últimos años, un país que ha hecho tentativas bien intencionadas y ambiciosas para hacer reformas de calado pero al que las circunstancias políticas y sociales (externalidades) se lo han impedido, todo ello, en un periodo histórico tremendamente azaroso y convulso que ha marginado todo proyecto de largo aliento en favor de intereses oportunistas
Tal vez, la historia del PCB puede entenderse como un nuevo fracaso del Estado en su episódico afán de crear un modelo de desarrollo para el Oriente del país, la región amazónica que nunca ha sabido gestionar ni entender desde el punto de vista de política pública
