La situación en el Bajo Tigre alcanzó un punto crítico tras la paralización de las actividades por parte de pobladores indígenas. Según Juan Montero García, presidente de la Federación de Comunidades Nativas del Corientes (Feconaco), las comunidades locales han bloqueado el acceso al río como medida de protesta, exigiendo respuestas a las demandas históricas que fueron ignoradas durante años. La protesta, que incluye el cierre de embarcaciones, ha agravado la crisis en la región al limitar el suministro de bienes, como alimentos y medicinas.
La empresa Upland, que recientemente reactivó sus operaciones en el lote 8, convocó una reunión de emergencia para este martes 13 de agosto en Villa Trompeteros. Esta reunión busca abordar la preocupación de las comunidades afectadas y discutir la forma de resolver la paralización que está impactando negativamente la vida de los residentes. Participarán en la reunión representantes de la empresa, autoridades del gobierno regional, el Ministerio de Energía y Minas, y líderes de la Feconaco. Montero García enfatizó la necesidad de encontrar soluciones viables que respeten los derechos de las comunidades.
Montero también hizo un llamado al Estado, destacando que las protestas reflejan el descontento con el manejo de los recursos y la falta de atención a las necesidades básicas de las comunidades indígenas. “La falta de acceso a bienes esenciales y servicios básicos es una consecuencia directa de la inacción y el incumplimiento de acuerdos por parte de las autoridades y la empresa. Es imperativo que se tomen decisiones concretas y se garantice una consulta adecuada y respetuosa con las comunidades indígenas”, afirmó.
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