FEDIQUEP, FECONACOR, OPIKAFPE y ACODECOSPAT denuncian abusos
Federaciones indígenas denuncian ante Relator de Defensores de la ONU criminalización de comuneros y comuneras por parte de Petroperú y Pluspetrol
En la sala principal de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), el jueves 23 de enero en Lima, diversas organizaciones indígenas y campesinas de todo el país se presentaron para exponer casos de criminalización de la protesta ante el Relator Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Michel Forst.
En la reunión se abordaron temas como criminalización y estigmatización a defensores y defensoras, convenios entre empresas extractivas e instituciones públicas, asesinatos, persecución, entre otros hechos qur representen amenaza a la integridad y vida de personas que desempeñan un rol como defensor de derechos.
La persecución judicial a líderes y comuneros indígenas amazónicos tras el Baguazo, los númerosos juicios abiertos a ronderos campesinos y mujeres ronderas en el norte del país, la impunidad ante al asesinato del líder asháninka Edwin Chota, fueron algunos de los casos más importantes en las exposiciones.
Las organizaciones indígenas de Loreto, FEDIQUEP, FECONACOR, OPIKAFPE y ACODECOSPAT, de los ríos Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón, presentaron casos vinculados a las empresas Petroperú y Pluspetrol.
El caso Petroperú y la criminalización en el Pastaza
En febrero de 2019, la empresa Petroperú abrió un proceso judicial en la Fiscalía de Datem del Marañón donde se involucra a 3 mujeres y 5 hombres de 3 comunidades quechuas del Pastaza, tras un recorte injustificado de energía eléctrica que perjudicada el mantenimiento de medicinas en el puesto de salud de Nuevo Andoas. Los indígenas son acusados de coacción, secuestro, robo y daño agravado, entre otros. La federación FEDIQUEP ha señalado que estas denuncias son arbitrarias, dado que algunos los denunciados ni si quiera estuvieron presentes al momento de los hechos imputados.
Este tipo de prácticas vulneratorias de derechos formaría parte de una serie de políticas de control y vigilancia que pretende implementar Petroperú en territorios indígenas. Además, otras expresiones de este tipo de prácticas son los convenios suscritos por la petrolera nacional con el Ministerio del Interior para incrementar infraestructura y presencia policial en la zona del Lote 192, por un costo de casi 25 millones de soles. Existe además la intención de fimar un nuevo convenio, esta vez con Fuerzas Armadas y Petroperú.
Pluspetrol: 12 años de acoso judicial a comuneros kichwas
Por su parte, el Vicariato Apostólico de Iquitos, en representación de comuneros kichwas de la federación Opikafpe del río Tigre, presentó el caso de 18 personas denunciadas por la empresa Pluspetrol ante el Ministerio Público por cargos como robo agravado, extorsión, secuestro y otros. Pluspetrol solicita que se imponga una pena de hasta 18 años de pena privativa de la libertad y una reparación civil de hasta 15 mil nuevos soles por cada delito
El motivo de las acusaciones tiene su raíz en una protesta por remediación ambiental y mejores condiciones laborales en la cuenca del Tigre, en 2008. El caso encuentra un referente anterior en el Caso Andoas, donde acusaciones similares de Pluspetrol a 26 comuneros, en este caso quechuas del Pastaza, fueron absueltos del delito por la Corte Superior de Loreto el pasado 2018. (Puinamudt)
Los casos presentados al relator especial de la ONU, Michel Forst, se vinculan principalmente a actividades extractivas y trafico ilegal de recursos como minería, hidrocarburos, tráfico ilegal de madera y narcotráfico.
El relator, que también se ha reunido con instituciones del sector público, estará en Perú hasta el 3 de febrero, día en que ofrecerá una conferencia de prensa en Lima para presentar un informe preliminar de su visita que incluye regiones como Cusco, Ucayali, Madre de Dios y Piura. El informe final del Relator se hará público en marzo de 2021.
