El mercado negro de los acuaristas del Amazonas

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En Loreto, la región con el ecosistema más rico y biodiverso del Perú, impera un comercio ilegal que atraviesa dos países sudamericanos. Ojo-público.com revela el esquema del tráfico ilícito de peces ornamentales en el corazón de la Amazonía y apunta a sus presuntos operadores: exautoridades regionales y empresas exportadoras que han mantenido reuniones con el exministro de Estado, Jorge Meléndez, a fin de flexibilizar controles de fiscalización.

Una oscura noche de julio del 2018, el biólogo Jhoe Navarro Ayala viajaba en una embarcación por el extenso río Amazonas con un maletín rojo, el objetivo principal de efectivos de Aduanas que lo seguían silenciosamente. Al llegar al caserío Barrio Florido, situado a 20 minutos de la Plaza Armas de Iquitos, las autoridades lo interceptaron, abrieron el maletín y hallaron la mercancía prohibida: cerca de 200 peces cebra -especie en peligro de extinción-, se encontraban en dos bolsas negras y, dentro de estas, otras 10 bolsas transparentes que estaban bajo la posesión ilegal de quien no solo es un especialista. Navarro ocupa un puesto clave en el Gobierno Regional de Loreto, es la autoridad a cargo del control y supervisión de animales silvestres en Caballococha, una ciudad cercana a Colombia conocida por el tránsito feroz del tráfico ilícito de drogas.

Ese mismo día, los peces cebra fueron puestos en custodia de un acuario comercial llamado Aquarium Panduro EIRL -con antecedentes de comercialización ilegal de paiche desde 2013-, por Aduanas y expertos de la Dirección Regional de la Producción (Direpro), el órgano desconcentrado del Ministerio de la Producción en Loreto. Tras la entrega, el acuario advirtió que se pondría en riesgo la vida de los ejemplares debido a que estaban pintando en sus instalaciones. Finalmente, la empresa Green Fish Aquarium se hizo cargo de las especies rescatadas. Estos traslados fueron la primera señal de una alerta sanitaria, de acuerdo a documentos oficiales revisados para la investigación Fauna Perdida, un esfuerzo periodístico regional para rastrear las rutas del tráfico de especies protegidas en América Latina.

Los peces cebra son una especie endémica del río Xingú, del estado de Pará en Brasil. Desde el 2004, el Ministerio de Ambiente de ese país lo declaró en peligro de extinción. También forma parte de la lista Cites -el instrumento de comercio internacional de protección de fauna-, que lo sitúa en el grado III de amenaza. Su extracción ilícita lo expone hacia una escala más de vulnerabilidad. Al no formar parte de la cuenca amazónica peruana tienen una alta probabilidad de morir.

El 17 de julio del 2018, el gerente de ventas del acuario Green Fish, Víctor Freitas llamó a la Direpro para comunicar una emergencia ecológica: la muerte masiva de los peces cebra había alcanzado la pérdida de 143 ejemplares, siete estaban enfermos con un nado débil, cuatro moribundos y solo 40 vivieron. La situación reveló que, si bien el decomiso puede ser un freno para el tráfico, no existe un protocolo para mantener a una especie exótica rescatada. Y la empresa Green Fish lo reconocía: “Al recibir peces exóticos, desconocemos en principio sus requerimientos limnológicos y alimenticios. Pero, sobre todo, desconocemos sus agentes patógenos y sus posibles tratamientos ante una eventual mortandad”, señaló en un informe, Luis Tenazoa Maraví, biólogo acuicultor de la empresa.

Al día siguiente, las autoridades de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Loreto y efectivos de la Policía Ambiental constataron la muerte de 154 peces más por un aparente problema bacterial en el acuario. Y, el 23 de julio del 2018, tras una nueva visita al lugar, el entonces director de la Direpro, Manuel Morey y la Dirección Ejecutiva de Pesquería fueron informados de que solo 15 peces quedaban con vida.

Ante lo sucedido, la Fiscalía de Medio Ambiente dispuso aperturar una investigación preliminar contra Jhoe Navarro por el delito de tráfico ilícito de especies acuáticas. Sin embargo, esto no ha impedido que Navarro continúe en funciones como encargado de la protección y control de fauna silvestre en el Gobierno Regional de Loreto. La región amazónica que reúne a los principales zoocriaderos desde donde se exportan miles de animales silvestres amenazados.

Luis Pinche, abogado de Navarro indicó a Ojo-Público.com que el acusado no reconoce totalmente la falta cometida. “Puede que tenga la posesión

pero no el conocimiento de que eso es un delito”, agregó sin brindar más detalles del caso.

Para el Ministerio de la Producción (Produce) -ubicado en San Isidro, un distrito exclusivo en Lima-, estos episodios no figuran en sus reportes oficiales. A través de un pedido de acceso a la información pública, la Dirección de Supervisión y Fiscalización reconoció que, en su base de datos sobre fiscalizaciones en Loreto, desde el 2017 a la fecha, “no se registran decomisos e infracciones cometidas referentes a los peces cebra-hypancistrus zebra”.

Este no es un capítulo aislado en Perú, uno de los países más megadiversos del planeta, poseedor de 2.000 especies de peces que representan el 10% del total mundial. Desde hace cuatro años exautoridades regionales y hasta empresas exportadoras son investigadas por tráfico ilícito de peces ornamentales. Ojo-publico.com estableció que las especies más demandadas en el mercado negro son los peces de cuenca amazónica peruana y brasileña. Todos ellos destinados con fines de exhibición o crianza especializada en el continente asiático, europeo y estadounidenses.

Los peces ornamentales son el tercer recurso económico central en la ciudad de Loreto, cuya exportación generó al país divisas superiores a los US$ 2.5 millones en el 2018, según la Oficina General de Evaluación de Impacto y Estudios Económicos de Produce. Un grupo específico integra la lista de 35 especies prohibidas de comercializar por ser exclusivamente de consumo humano, de acuerdo con el Reglamento de Ordenamiento Pesquero de la Amazonía Peruana (ROP). Forman parte de la seguridad alimentaria de poblaciones urbanas y comunidades amazónicas. Y también, las especies que más se trafican para uso ornamental.

Por otro lado, los países sudamericanos que exportan más peces ornamentales conforman, a su vez, la triple frontera de Colombia, Brasil y Perú -una zona marcada por la incidencia del narcotráfico y la violencia-, donde además se introducen ilegalmente especies exóticas brasileñas al territorio peruano. Muchas son inicialmente extraídas del río Xingú y río Negro para luego ser acopiadas en la ciudad de Manaos y trasladadas hasta Tabatinga en Brasil, según un informe indagatorio de Aduanas. Luego, para su ingreso a la localidad de Santa Rosa, en Perú, se recorre una distancia de dos horas vía embarcación fluvial. La carga ilícita se despacha en el Aeropuerto Internacional de Iquitos con destino a Lima.

Las cargas prohibidas de los exportadores

OjoPublico accedió a informes de investigación de Aduanas-Loreto que revelan los mecanismos y operación del tráfico de peces ornamentales en Perú y Brasil. De las pesquisas se desprenden que el circuito del tráfico se ve favorecido por las fallas en el sistema de fiscalización de las autoridades, la falta de reconocimiento científico de las especies exóticas y la inmunidad de los acusados. Este esquema comprende a varias empresas exportadoras en Loreto, la región que concentra el 90% de acuarios en la Amazonía.

Entre el 2018 y 2019, las autoridades de Aduanas han decomisado 2.099 peces ornamentales a empresas exportadoras, ciudadanos extranjeros y peruanos en operaciones efectuadas en embarcaciones fluviales y el Aeropuerto Internacional de Iquitos.

Peces ornamentales

Entre las empresas exportadoras bajo la mira de las autoridades figura el acuario H y P Ancistrus Aquarium Iquitos, el cual alcanzó este año el segundo lugar en el ránking de exportaciones de peces ornamentales (sumó US$ 496,78,26 en exportaciones de este rubro), y un amplio historial de decomisos. El 9 de marzo, durante la operación denominada ‘Yanapuma II’, las autoridades de Aduanas y Direpro hallaron 13 peces prohibidos, que se encontraban en cajas que tenían como consignatario a esta compañía. Cinco días después, el Juzgado de Investigación Preparatoria en Delitos Aduaneros, Tributarios, de Mercado y Medio Ambiente autorizó el allanamiento en las instalaciones de este acuario donde agentes aduaneros, la Direpro y Fiscalía decomisaron 142 unidades de carachamas amarillas, especies originarias de Brasil.

Durante la diligencia, el fiscalizador de la Direpro, Jhony Miguel del Águila advirtió que los peces estarían expuestos a un alto riesgo de muerte si los trasladaban. En el acta fiscal suscrita por todos los funcionarios a cargo de la operación, se dispuso que los peces permanezcan en custodia del acuario intervenido. La propietaria de la empresa, Rosa Rivas Lomas, debía mantenerlos durante el proceso penal y con la supervisión de la Dirección Regional de la Producción (Direpro). A la fecha, según fuentes de esta entidad, todas las carachamas amarillas han muerto debido a que desconocen un adecuado tratamiento para su subsistencia en Perú.

Fauna Peces

Otro de los acuarios que tenía en su poder especies prohibidas es la empresa CatFish Trading. En el 2018, esta compañía ocupó el tercer lugar del ranking de exportaciones de peces ornamentales con una suma ascendente a US$135,203,90 (6.47% del total exportado por los acuaristas ese año). En este periodo acumuló una serie de decomisos por intentar exportar ilegalmente especies acuáticas de Perú y Brasil. En mayo de ese año, las autoridades aduaneras le incautaron 1.563 peces de la especie palometa banda negra, que pretendía enviar a China. Lejos de enmendarse, en febrero del 2019 le decomisaron 70 unidades de arahuana que tenían como destino a EE.UU, y tan solo semanas después, en marzo, 40 ejemplares vivos de la especie zúngaro alianza que estaban a punto de ser llevados a Japón.

Todas las especies no contaban con la autorización legal para su exportación. Y otras, como la banda negra y el zúngaro alianza estaban prohibidas de comercializar bajo el amparo del Reglamento de Ordenamiento Pesquero de la Amazonía Peruana (ROP).

Pese a estos antecedentes, entre el 2018 y junio 2019, el Ministerio de la Producción autorizó a la empresa CatFish exportar un total de 40 unidades de rayas continentales de distinto tipo -en el grado II y III de amenaza-, hacia Asia y Estados Unidos, mediante permisos Cites (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, por sus siglas en inglés).

En varios decomisos en exportaciones hay un patrón: las especies no estaban declaradas en el certificado de procedencia que otorga la Dirección Regional de la Producción (Direpro). Un permiso fundamental para el envío de especies acuáticas que se otorga tras la verificación y recomendación del área de Extracción y Procesamiento Pesquero. En este punto, Aduanas ha identificado que “esta área acepta distintos nombres científicos para una misma especie. Esto se puede prestar a declaraciones erróneas para hacer pasar una especie por otra”. Con esa base, los fiscalizadores en el aeropuerto descubren especies que no están declaradas en el documento legal.

Por ejemplo, la empresa CatFish fue intervenida bajo esta práctica cuando le decomisaron las 40 unidades de la especie zúngaro alianza. “Estos peces se encontraron en el primer piso de una de las cajas de peces declarados como Myleus schomburqui (banda negra)”, añaden.

Consultado para este reportaje, Renzo Tuesta, gerente general de la empresa Catfish dijo que los tres decomisos fueron infracciones por un error de conteo y descoordinación con su personal a cargo del embarque en el aeropuerto. “No es un delito es una infracción por el error que he cometido. Cualquier persona puede cometer errores y por los cuales yo estoy asumiendo “. Solicitamos a Tuesta el registro de multas que, según dijo, está cancelando a Aduanas y Direpro, pero al cierre de esta edición no alcanzó ninguna evidencia. “Que yo sepa no soy el único [exportador] que ha cometido infracciones”, concluyó.

Ojo Público viajó a Iquitos para rastrear a las empresas exportadoras involucradas en esta historia. Según el registro oficial de la Dirección de Seguimiento, Control y Vigilancia (Disecovi), área a cargo de la fiscalización de las exportaciones de la Direpro, existen un total de 24 acuarios dedicados al comercio de peces ornamentales. En su mayoría, están ubicadas en San Juan Bautista, un distrito que en los últimos meses ha sido remecido por varios escándalos de corrupción. En uno de esos casos, el entonces alcalde, José Arévalo, fue grabado mientras recibía, en el interior de su despacho, un presunto soborno para la construcción de una obra pública. Las denuncias contra funcionarios que reciben dinero ilícito no son extrañas en ese sector.

Para llegar al acuario H y P Ancistrus Aquarium Iquitos se requiere atravesar la carretera Nauta hasta la altura de la calle Las Camelias, en San Juan Bautista. El rasgo principal de la zona es que los acuarios difícilmente se distinguen: tienen fachadas similares a una casa común, a medio construir o protegidas por puertas metálicas como los depósitos industriales. Esta compañía tenía aspecto de una casa común y corriente. Allí, un encargado nos permitió el ingreso y comentó que en el lugar labora el señor Américo González Rivas, un personaje investigado por tráfico ilícito de especies acuáticas desde el 2015, según expedientes fiscales revisados por OjoPúblico.

Al ingresar al establecimiento encontramos más de un millar de ejemplares en peceras de vidrios, baldes de plástico y dos paiches adultos sumergidos en un estanque de cemento, apenas cubierto con cartones y tablones de madera. “Es una especie muy prohibida”, dijo en el encargado a la hora de explicar la presencia de estos últimos ejemplares. Los detalles de esta visita constan en un archivo de vídeo que obra entre las evidencias de esta investigación. Y no el único caso.

Miriam Runciman, dueña del Aquario Miriam EIRL, almacena algunas especies en una bodega de abarrotes cerca a la plaza 28 de Julio de Iquitos. De entrada, en ese local es posible divisar algunas peceras de vidrio. “Ella guarda aquí algunas especies”, dice una mujer que se identifica como hermana de Runciman. En mayo pasado, este acuario fue objeto de una intervención en la que agentes de Aduanas detectaron 43 peces ornamentales vivos de la especie Panaque SP -sin certificado de procedencia legal- a punto de exportarse a China.

El reconocimiento científico de las especies juega un rol determinante en el tráfico de peces ornamentales. Hay especies nuevas o exóticas que carecen de nombre y estudios científicos. Esto se convierte en una coartada para eludir los controles de Aduanas: “El funcionario aduanero no es biólogo ni mucho menos taxónomo como para determinar la especie exacta que se presenta físicamente al despacho de exportación”, señalan en el informe.

Las incautaciones han develado vacíos en el sistema de detección de especies prohibidas. Entre los principales destacan que hay dificultades para inspeccionar por completo las cajas embaladas con tecnopor, papel y bolsas de plásticos; luego, alertan de que los exportadores, al parecer, realizan una ‘reoxigenación’ de la carga, es decir, abren cajas y bolsas para facilitar oxígeno a los peces para colocar especies prohibidas. Según Aduanas, probablemente el cargamento inspeccionado no sea el mismo que llega al país de destino. A esto se suma que el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (Sanipes) y Aduanas son los únicos que fiscalizan la exportación de peces ornamentales en los aeropuertos. Ninguno tiene la facultad de certificar legalmente especies prohibidas que provienen de la Amazonía. La autoridad encargada, el Ministerio de la Producción, está obligado a supervisar sólo las exportaciones de especies protegidas por la Cites.

Exautoridades regionales bajo sospecha

En noviembre del 2015, la bióloga Teresa Moncada fue víctima de una grave agresión durante el decomiso de cinco cajas de la empresa exportadora JR Tropical Fish Amazon Perú. La especialista detectó un lote camuflado de peces cebra valorizados en US$330. El destino era Osaka, la ciudad con uno de los acuarios más impresionantes de Japón. El certificado de procedencia incluía una lista de 105 ejemplares de pleco vitatta y 60 loricaria camaleón, pero no había información sobre los peces cebra.

De inmediato, Moncada intentó inmovilizar el producto. Cuando estaba tratando de comunicarse para pedir apoyo a la Dirección de Seguimiento, Control y Vigilancia (Disecovi), se percató de que las cajas que inmovilizó eran dispuestas en una mototaxi por el dueño de la empresa exportadora y sus trabajadores. Una tercera persona apareció de pronto. Se identificó como el titular del embarque y le arrebató a Moncada la única caja que rescató. Ella intentó oponer resistencia, pero fue agredida a la altura del esternón y la muñeca izquierda.

“Todo sucedió en presencia de Juan Manuel Rodríguez Chávez, quien, al parecer, estaba alquilando la autorización de funcionamiento del acuario comercial JR Tropical Fish Amazon Perú a Américo González Rivas, quien era el propietario de los ejemplares hypancistrus zebra, peces cebra, [sic].”, detalló la experta en un informe que el 18 de noviembre del 2015 remitió a Luis Alfredo Vásquez Uribe, el exdirector ejecutivo de Pesquería, días después de lo sucedido.

Fauna

Un mes después, en diciembre del 2015, la empresa JR Tropical Fish Amazon Perú incurrió en la misma modalidad con un lote más ambicioso que estaba destinado a Inglaterra. Esta vez, el inspector Yuri Luna, de Disecovi, decomisó una caja con 20 unidades de peces cebra. La especie no estaba declarada en la lista de 1.018 peces ornamentales del certificado de procedencia que consiguió la compañía en tres días.

Por esos días las cosas habían llegado a un punto crítico debido a que el inspector Luna había detectado la misma modalidad en varios cargamentos. Durante una inspección de rutina, Luna halló información contradictoria en el certificado de procedencia de la empresa Aquarium San Pedro: del total de ocho cajas de tecnopor declaradas (con más de 400 peces ornamentales), cinco contenían peces cebras. Por este hecho, el inspector sustentó un informe en el que afirma que solo incautó 2 unidades de las presuntas especies prohibidas por recomendación del exdirector ejecutivo de Pesquería, Luis Vásquez Uribe, quien lo habría llamado con ese objetivo en plena inspección del embarque.

En el informe 001-2015-GRL/DIREPRO, de febrero del 2015, el inspector Gustavo Monzón da cuenta de otro hecho irregular. Al acudir al Aeropuerto Internacional de Iquitos para la revisión de las 5 cajas con la especie arahuana, vio que el propietario de la carga, Segundo Laulate Rivas no contaba con el certificado de procedencia legal de la Direpro. Monzón consideró que no podía revisarlo sin ese requisito. Luego, en una llamada telefónica, el exdirector ejecutivo de Pesquería, Luis Vásquez Uribe, le habría ordenado continuar con la verificación porque había visto el documento en la Direpro. Al día siguiente, Monzón hizo la búsqueda, pero no encontró el permiso de esa carga.

Peces Cebra

Desde el 2017, Luis Vásquez Uribe, exdirector Ejecutivo de Pesquería; y Hermes Sánchez Sánchez, exdirector Regional de Producción de Loreto son procesados por tráfico ilícito de especies acuáticas debido a que “conociendo todos los hechos, no denuncian […] y permiten que con ello se continúe comercializando y que la empresa siga con los permisos comerciales que otorga Direpro”, según se lee en el documento que formalizó la investigación preparatoria en su contra en la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Loreto.

En su declaración ante la Fiscalía, en diciembre 2016, Hermes Sánchez negó toda responsabilidad en los decomisos de peces ornamentales, además, dijo que la acusación estaría motivada por personal de la Direpro. «Esta denuncia está direccionada por personas interesadas en dañar mi imagen, mi honra». Mientras que, Luis Vásquez, indicó que tras las intervenciones comunicó a los exportadores, mediante una medida precautoria, la prohibición para comercializar peces cebra. Aunque, reconoció que no tenían facultades sobre ello. “Sobre esta especie brasileña no existe normativa de prohibición para su uso en nuestro país, y el ingreso que determine no es competencia de funciones de la Dirección Regional de Producción».

Lejos de asumir medidas correctivas, las exautoridades acusadas aún han mantenido relativa cercanía con el Ministerio de la Producción; como Hermes Sánchez, ingeniero pesquero y afiliado al partido aprista, quien pese a tener este cargo en su contra ha dictado cursos de capacitación sobre manejo y crianza de peces amazónicos para acuicultores en Maynas, Loreto, hace tres años.

De otro lado, en agosto pasado, agentes de la Brigada de Operaciones Amazónicas de Aduanas (BOA), la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Iquitos y la Direpro intervinieron nuevamente al acuario Jr Tropical Fish Amazon Perú. Esta vez, en sus instalaciones, encontraron 92 peces cebras vivos (equivalentes a $1.417.04 de elusión tributaria, según Aduanas), y otros 5 fallecidos dentro de unas peceras y un recipiente de color verde. Guadalupe Pinche Rengifo se identificó como arrendataria del local y dijo que obtuvo los peces por una mujer a la cual no conocía con exactitud. Ojo-Publico.com acudió a la diligencia de traslado de estas especies en el acuario Neotropical, situado en el distrito de San Juan Bautista. Al llegar, los trabajadores del acuario habilitaron una pecera e hicieron el conteo de los peces cebra: uno más había muerto en el trayecto.

El cónclave

Las empresas que venden estas especies al exterior están agrupadas en dos organizaciones: la Asociación de Exportadores de Peces Ornamentales (Apexpo) y la Asociación de Exportadores de Peces Ornamentales de Loreto (Expara). La primera está representada por Christopher Velásquez Delpino, dueño de Aquarium Panduro, cuyas exportaciones fueron de USD$ 286,499,60 en el 2018, a pesar de que él figura como sancionado por el Ministerio de la Producción (Produce) en febrero del 2016: cuatro años antes había tratado de exportar a Rusia un cargamento de 130 crías de paiche, el segundo pez de agua dulce más grande del mundo, que no contaban con el permiso legal.

En sus descargos ante Produce, Velásquez exigió que sea eximido del proceso sancionador y negó haber cometido alguna infracción: “En ese sentido reiteramos que desconocemos cómo fueron a parar esas especies prohibidas en nuestro embarque”. Sin embargo, la Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanciones multó Velásquez con una suma de S/ 7.800, según consta en el informe legal del caso en el 2016. OjoPúblico se comunicó con Velásquez, pero evitó declarar vía telefónica para este reportaje.

Por otra parte, la Asociación de Exportadores de Peces Ornamentales de Loreto (Expara) está presidida por Milagros Ferreyra Ahuanari, propietaria de al menos tres empresas dedicadas a la exportación de fauna terrestre y la mayor comerciante de vida silvestre en el país.

Ambas organizaciones plantean la flexibilización de los mecanismos de control de las cargas que se destinan al mercado internacional, bajo el argumento de que resultan excesivos. En cambio, plantean que Produce revise únicamente los cargamentos de especies Cites y que las cargas inspeccionadas en Iquitos no vuelvan a pasar por el control en Lima, una doble verificación con la que las autoridades apuntan a evitar las suplantaciones de especies en tránsito a salir del país.

Esta modalidad fue puesta en evidencia en abril del 2018, cuando el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (Sanipes) detectó un caso que involucra precisamente a la hermana de la presidenta de Expara, Lita Ferreyra Ahuanari.

La dueña del acuario Valentina pretendía exportar 13.770 unidades de arahuana acopiadas en 16 cajas con destino a China. El embarque fue inspeccionado por la mañana en el Aeropuerto Internacional de Iquitos, pero personal de Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (Sanipes) en el Callao recibió una alerta: las cajas que salieron del aeropuerto de Iquitos habían sido cambiadas. Cuando los funcionarios de Sanipes revisaron las cajas en el Callao, confirmaron sus sospechas: 4 especies con un total de 893 unidades no estaban declaradas en el certificado de procedencia del acuario.

Produce levantó un acta de fiscalización con el detalle que el acuario Valentina había cometido una infracción por haber presentado “información incorrecta al momento de la fiscalización que acredite el origen legal y la trazabilidad de los recursos”. Las autoridades reconocieron que debían incautar las especies no declaradas por el acuario, pero la Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción de Produce no llegó a decomisar la carga debido a que «no se cuenta con la logística necesaria para mantener vivas las especies provenientes de la Amazonía». La carga permaneció en custodia del acuario.

Consultada para este reportaje, Lita Ferreyra Ahuanari, propietaria de Acuario Valentina, dijo que cometió un error al cambiar las especies sin comunicarlo formalmente, pero responsabilizó a las autoridades por la inmovilización y muerte de los peces que iba a exportar. “Paralizaron todo el embarque y eso no está permitido, eso es abuso de autoridad. Ellos tampoco sabían qué especies eran”, dijo.

Mediante una solicitud de acceso a la información pública, solicitamos a Produce el expediente completo del caso, pero la entidad denegó el pedido con la explicación de que se trata de un procedimiento administrativo sancionador “carácter confidencial”.

Dos meses después de los hechos, el entonces congresista Jorge Meléndez organizó una reunión con las empresas exportadoras de peces ornamentales y las autoridades encargadas de supervisar los embarques. Según un informe de Sanipes y Produce, el motivo de la cita se debía a la queja de Lita Ferreyra respecto a que “las inspecciones innecesarias por parte de Aduanas, Produce y Sanipes” supuestamente habían causado la muerte de 10.000 unidades de peces, que ella trataba de exportar a China.

OjoPúblico tuvo acceso al documento oficial del Ministerio de la Producción que define la posición de los exportadores. En esa reunión, la presidenta de Expara, Milagros Ferreyra, señaló lo mismo que su hermana Lita: que las autoridades realizan “excesivas inspecciones” en el aeropuerto del Callao debido a que maltratan a las especies y generan la mortalidad de estas en el país de destino. El presidente de la Apexpo, el también sancionado Christopher Velásquez, sugirió que las inspecciones deben articularse mejor entre instituciones. Y el mayor exportador de peces ornamentales, Francisco Pin, objetó el control de Aduanas y Produce en el Callao debido a que abren todas las cajas en el embarque, lo cual “produce demoras”.

Como se muestra en las fotografías y reuniones públicas, el exministro Meléndez ha encabezado reuniones con exportadores que figuran que han sido intervenidos con especies prohibidas en sus cargamentos o mantienen vínculos con procesados por tráfico ilícito de especies acuáticas. Como el presidente de la Apexpo, Christopher Velásquez, quien también forma parte de la investigación fiscal que apunta a los exfuncionarios públicos de la Direpro.

Entre 2018 y 2019, tras estas reuniones en la que se puso a discusión la flexibilización de controles ante el exministro Meléndez, se produjeron decomisos de más de 2 mil ejemplares en el Aeropuerto Internacional de Iquitos y en embarcaciones, de acuerdo a los reportes aduaneros y de la Dirección Regional de la Producción (Direpro) en Iquitos.

Consultado sobre el tema, el exministro Jorge Meléndez señaló que las reuniones fueron realizadas «en el ejercicio de mi función de representación como congresista y representante de la región de Loreto, realicé diversas actividades, las mismas que fueron públicas, para escuchar a los diversos actores de este y otro sector productivo.

Las asociaciones de exportadores también exigen que la lista de 35 especies de peces que son de consumo humano en la Amazonía pasen a comercializarse como ornamentales hacia otros países. Varios ejemplares de ese grupo han sido decomisados del poder de los acuaristas de la Apexpo y Expara. En abril pasado, elaboraron un documento que sustenta este pedido; entre ellos, alegan que las especies en “17 años de prohibición han tenido el tiempo suficiente para que sus poblaciones se recuperasen”. El informe -patrocinado por dos empresas de Milagros Ferreyra-, fue elaborado por José Grocio Gil Navarro, exjefe de la Reserva Nacional Pacaya Samiria acusado por el delito de tráfico ilícito de especies acuáticas desde el 2016.

En octubre último, autoridades de la Direpro realizaron un decomiso de 270 kilogramos de paiche seco salado -especie en veda hasta febrero del 2020- en bolsas de polietileno almacenadas en una embarcación fluvial, en la comunidad de Mazán en Loreto. El director de la Disecovi, Miguel Vega, comentó que la acción conjunta con la Policía Ambiental y Aduanas impidió su comercio en los mercados de Iquitos. Pese a que se trata de una especie Cites, protegida, en el grado II de amenaza; no hubo ningún detenido, ni mucho menos sospechosos o testigos que sindiquen al propietario del producto. Sin embargo, delitos como el tráfico ilícito de peces ornamentales funcionan a gran escala, rebasan la capacidad de las autoridades, involucran a las empresas exportadoras, mientras que se depreda indiscriminadamente a especies que son fuente de alimento, y otros, que están a punto de desaparecer. (Gianella Tapullima / Ojo Público)