Pasados los meses en cárcel preventivamente es obvio que a la lideresa de Fuerza Popular (FP) Keiko Fujimori le conviene seguir tras las rejas. En términos políticos o de impopularidad que se ha ganado en los últimos meses debido a las denuncias que ha tenido, es obvio que estar encerrada no sólo le ha generado tranquilidad y segundos planos necesarios tras su exultante exposición, sino hasta paciencia para seguir operando su agrupación política.
Es evidente que sus decisiones en torno a las maniobras políticas se mantienen intactas, porque sus acólitos entienden que aún su capital político es productivo en función a su colchón electoral. Así lo dicen los últimos sondeos sobre su situación carcelaria. Apelar a las demandas constitucionales como el expuesto ayer ante el Tribunal Constitucional (TC) no hace sino ponerla en el escaparate peligroso para su objetivo de recuperar terreno.
Peor aún en la semana en que su bancada hace todo lo posible para que el adelanto de elecciones quede archivado y dar muestras de no importarle nada este reclamo popular, ponerla en los reflectores podría generar hasta una ola de indignación que fácilmente podrían asumir como suya los que seguramente van a pedir movilizarse en contra de la corrupción y la impunidad.
Es cierto que los antecedentes en sus resoluciones de este TC han dejado mal parado a los actuales miembros (y en general a los que vengan) como la decisión de darle libertad a la pareja Humala – Heredia, sin embargo no todas las circunstancias legales son similares como la clara diferencia de obstrucción a la justicia que habría estado perpetrando en FP por lo que apelando a esta posibilidad negarle la libertad a Fujimori el TC hasta le estaría dando una mano en varios sentidos.
Es imposible que Keiko inicie sus actividades proselitistas. Hay descaro en FP, pero llegar a la provocación actual sería contraproducente hasta para ellos mismos. Además, la Corte Suprema ya le ha dado fecha límite de prisión preventiva y esta fenece en menos de 7 meses, tiempo en el que seguramente la fiscalía, por lo visto hasta hoy, será difícil que acredite el delito de lavado de activos.
Sin pensarlo o planificarlo con todos sus estridentes parlantes que tienen en el Congreso, mantenerla en rejas estaría haciendo nacer esa sensación de victimización que todo encarcelado (político- penal como se pueda interpretar), requiere para seguir teniendo aire electoral. Incluso si se adelantara las elecciones (cosa poco probable) estaría en la posibilidad de participar desde la cárcel dándole un matiz de “sacrificio”, algo que podría – al menos – sostener a su agrupación por unos años más. Excepto, claro, que la ambición personal, el apuro penal, la autocracia de su padre y todos los males de esa gente que actualmente la rodea se impongan sobre sus decisiones.
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