El ingeniero Félix Wong, decano del Colegio de Ingenieros de Loreto en ese entonces, habría observado la salida ilegal de montos millonarios con el objetivo de hacerse de la buena pro. En base a esa oposición se logró que venga a Iquitos el ministro de vivienda de esa época, Hernan Garrido Lecca. A su lado estaba su asesor, el abogado Víctor López Orihuela. Según declaraciones del Ex-Decano (La Región del 11-09-2018), fue invitado a una reunión privada en la oficina de Alcaldía.
El caso de la constructora brasileña “Odebrecht” es un reflejo más de los altos niveles de corrupción que se vive en el Perú. Es un problema que afecta a muchas de las entidades de los sectores público y privado. La corrupción es un problema que aqueja al Perú, y Loreto no terminó escapando de esta realidad. Este escándalo de sobornos por parte de esta compañía ha tocado fibras sensibles en nuestra región. Pero lo que perturba más al loretano de a pie, es el hecho de que se de en medio de esta gran crisis económica y alza de precios desmedidos que venimos sufriendo. La entrega de dinero para “ganar” la obra de agua potable en Iquitos genera un gran malestar debido, principalmente, a que esto alejó a muchos competidores en la licitación, además que dineros públicos terminaron en manos de los mandatarios que las concedieron, por lo que los últimos se apoderaron de estos de manera fraudulenta, cuando tales pudieron mitigar parte de la crisis económica o incluso ser utilizados para paliar uno o varios de los problemas sociales que aquejan a la sociedad loretana.
Cuando uno escucha la palabra “corrupción” puede terminar envenenándonos el razonamiento y conducirnos a justificar cualquier estupidez sin necesidad de pensar e informarnos adecuadamente. Resulta muy fácil sesgarse y asumir que todo lo que se mueve está corrupto. Y desde un tiempo a esta parte, se han puesto en duda incluso hasta los “arbitrajes”. Primero debo aclarar que se recurre a un arbitraje para evitar procesos judiciales largos, engorrosos y costosos. El arbitraje es una instancia a la que dos partes llegan para resolver, de manera rápida y confidencial, un conflicto legal fuera del sistema de justicia. Así fue como el Estado peruano y la constructora brasileña Odebrecht acordaron dejar en manos de árbitros profesionales la solución de distintas controversias, las que habían surgido durante la ejecución de mega obras. Ahora, años después de emitidos los fallos, se sabe que todo fue una estafa. Que los fallos, siempre a favor de Odebrecht, fueron negociados. Y es que escuchar decir que, dado que en todos los arbitrajes con Odebrecht el Estado perdió el 80%, significa que obviamente existió corrupción. Ese rollo es repetido por los fiscales sin mayor reflexión y seguido (de manera muy ligera) por la prensa.
Por ejemplo, un árbitro debe resolver, según la ley, el contrato y los hechos que le presentan las partes. Si el contrato se originó y los hechos involucraron corrupción, es posible que se sesgue aún más el resultado sin que los árbitros puedan modificarlo. Y es que el caso puede venir ya “empaquetado”. Como ahora, que los fallos siempre a favor de Odebrecht, fueron negociados. Gracias a lo relatado por un colaborador eficaz, se conoce que en la mayoría de los procesos se jugaron acuerdos entre los árbitros, que debieron decidir de manera imparcial la solución de los desencuentros. Los árbitros, que en la práctica eran jueces, habrían recibido sobornos. Los resultados de esos laudos arbitrales le hicieron perder al Estado peruano un poco más de US$254 millones. Solo con Odebrecht. El ex procurador anticorrupción Luis Vargas Valdivia propuso que se procese a los malos árbitros por el delito de prevaricato. Un árbitro cumple una función equivalente a la de un juez en el Perú. Los laudos tienen el efecto de una sentencia. El sistema de justicia se está reorganizando, las reglas del arbitraje en el Perú deben replantearse también. En nuestro país deben existir autoridades y tribunales en los que se pueda confiar. No pueden permitirse más árbitros que se sirvan del sistema, que se enriquezcan a costa del erario nacional. Que en lugar de solucionar un desacuerdo, aprovechen para corromperse y “arreglar”.
Es importante llegar a conocer la verdad sobre cómo operó la maquinaria de corrupción de Odebrecht en el Perú y hasta dónde llegó a penetrar la estructura del Estado. La influencia que tuvo Odebrecht en la alta esfera política nos muestra los graves niveles de corrupción que desde hace años sufre el Perú, donde además han existido otras irregularidades que incluyen a jueces, congresistas y funcionarios públicos. Es un hecho histórico sin parangón que los cuatro últimos ex presidentes peruanos están involucrados en los presuntos sobornos del consorcio brasileño. Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski. Este singular escenario ha pasado factura al país: deja a un ex presidente fallecido, uno enfermo, otro con prohibición de salir del país y, finalmente, uno prófugo hasta que las autoridades de Estados Unidos decidan enviarlo a Perú.
Volviendo a Iquitos. La constructora Odebrecht habría realizado pagos ilícitos para obtener la buena pro de la obra “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable de Iquitos”, (2006 – 2008)”. Que se adjudicó en el 2006 por US$ 90.2 millones. El proyecto terminó costando US$ 121 millones. El proyecto constaba de la construcción, suministro y montaje del equipamiento, pruebas y puesta en operación de la Nueva Planta Hidráulica de Tratamiento de Agua Potable con capacidad de 700 litros por segundo. ¡Pero nada de esto se hizo realidad! Según confirmaron fuentes del equipo especial de la Fiscalía, a través de su División de Operaciones Estructuradas, la constructora brasileña realizó, para obtener esta obra, diversos pagos en efectivo a dos personas. Una de ellas identificada con el codinome “Río”, quien habría sido un alto funcionario de nuestra principal entidad edil de aquella época, que terminó recibiendo ¡NADA MENOS QUE LA BICOCA! de US$ 1 millón 258 mil dólares americanos, de acuerdo al print del servidor mywebday. Falta identificar quién es RÍO.
Y la otra al conocido árbitro de controversias de obras públicas con discrepancias con las instituciones estatales y abogado Víctor Manuel Belaúnde Gonzáles, más conocido como “Pipo”, a quien correspondería el Codinome “Pescador”. Este recibió coimas por US$ 120 mil, a través de una cuenta que tiene en Panamá. Que corresponde a la obra de agua potable en Iquitos, citada en el párrafo anterior. El exrepresentante de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, fue interrogado la mañana de miércoles 07/08 por los fiscales José Domingo Pérez y Geovanna Mori, integrantes del equipo especial Lava Jato del Ministerio Público peruano. Durante la primera parte de la diligencia, el exejecutivo reveló algunos nombres de los destinatarios de sobornos que hizo la constructora, donde se encontrarían los involucrados en esta obra. Los pagos de coimas habrían sido identificados con “codinomes”, tal como operaba la famosa Caja 2 de Odebrecht. Para la justicia tiene que ser prioritario detectar a los funcionarios corruptos que actuaron con total impunidad y disfrutando de la plata sucia de los brasileños, quienes (como vemos en el caso del agua potable de Iquitos), no parecen estar tan dispuestos a decir toda la verdad sobre el escandaloso desembolso de sobornos.
No hay que olvidar que el ahora congresista Juan Carlos Del Águila, estuvo de alcalde cuando Hernán Garrido Lecca fue ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Y que también es amigo personal del ex-alcalde, quien llegó a Iquitos a influenciar para que de todas maneras se ejecute la obra del mejoramiento del agua potable. Es para tener en cuenta que el “Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento” (OTASS) es adscrito al citado ministerio. Y es el ente encargado de coordinar la supervisión de las obras de saneamiento. Por eso es que ahora resulta sospechoso que se pagaran S/ 30.8 millones de más solo en sobrecostos a la empresa brasileña Odebrecht por la obra referida al agua potable de Iquitos. La misma que fue adjudicada durante la gestión del Ex alcalde provincial de Maynas, el ahora congresista fujimorista “Juan Carlos del Águila Cárdenas”. Obra que tenía un costo referencial de 90.2 millones de soles millones de soles, pero al final se le terminó pagando a la constructora 121 millones de soles. Tampoco hay que olvidar que cuando dejó de ser alcalde Del Aguila Cárdenas fue asesor de Garrido Lecca cuando éste se desempeñó como Ministro de Salud y se destapó los posibles negociados para la construcción de hospitales en todo el país.
Recordemos que el ingeniero Félix Wong, decano del Colegio de Ingenieros de Loreto en ese entonces, habría observado la salida ilegal de montos millonarios con el objetivo de hacerse de la buena pro. En base a esa oposición se logró que venga a Iquitos el ministro de vivienda de esa época, Hernan Garrido Lecca. A su lado estaba su asesor, el abogado Víctor López Orihuela. Según declaraciones del Ex-Decano (La Región del 11-09-2018), fue invitado a una reunión privada en la oficina de Alcaldía. Estuvieron los tres y el alcalde de esa época, Juan Carlos Del Águila, así como el gerente de Sedaloreto, Vargas Schrader. Ahí expusieron su preocupación, dando a conocer la experiencia de Piura. El entonces asesor López Orihuela dijo que para anular el proceso y llamar a una nueva licitación demoraría tanto tiempo que se correría el riesgo que la empresa japonesa anule el préstamo. Y para rematar las cosas, salió el ahora congresista Juan Carlos Del Águila, a decir claramente que: “LA OBRA TENÍA QUE HACERSE SI O SI”. Porque “DISQUE” era una obra esperada por el pueblo. Arguyeron que los millones demás al precio referencial eran porque traerían técnicos extranjeros y máquinas de última generación (igual decían del alcantarillado). Y que habría agua hasta el quinto piso de una casa. Después de todo esto nos quedamos con la fea sensación o sentimiento que provoca conocer el trasfondo de esa convocatoria y obra. Y una tremenda indignación. Definitivamente tocamos fondo, todo esto da asco. Y creo que el Ministerio Público en Loreto debe hacer su trabajo, investigar, encontrar a los responsables y sancionar como debe sancionar. La sociedad civil está lista para apoyar al Ministerio Público.
También debemos tener presente que durante este periodo cumplía el cargo de presidente regional Robinson Rivadeneyra Reátegui, desde enero del 2003 a diciembre del 2006, con el movimiento Unipol. Después asumió el cargo, Yván Enrique Vásquez Valera con Fuerza Loretana desde 1 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2010. Durante este mismo periodo fue alcalde de la provincia de Maynas Salomón Abensur Díaz. Por lo que estos políticos también deberían esclarecer su participación en los beneficios indebidamente otorgados a la empresa brasileña, que al margen de la millonaria inversión NO solucionó el problema de la falta de agua potable. Recordemos que durante la ejecución de la obra, organizaciones populares y no gubernamentales y vecinos organizados de Iquitos denunciaron deficiencias e irregularidades. Pero las autoridades locales no investigaron los hechos. Y es que el Municipio Provincial de Maynas es accionista de Sedaloreto y designa a un representante en su Directorio. Inclusive nombraba al gerente, además que el Comité Especial que adjudicó la obra a Odebrecht estuvo presidida por su asesor personal y amigo del ex-burgomaestre.
Con esta obra se pretendía solucionar el problema de abastecimiento de agua potable en la ciudad de Iquitos. Además de la producción de 700 litros de agua por segundo, estaba la instalación de más de 53 kilómetros de tuberías para redes de distribución, más los 11 kilómetros de líneas de impulsión para los reservorios elevados, así como la construcción de 6 de estos con un volumen total de 11,000 metros cúbicos. También estaba la construcción y rehabilitación de plantas de bombeo y ejecución del sistema principal de alimentación de energía en 10 kilowatts. Nada de esto se llegó a concretar. Se llegó a decir que el agua potable llegaría hasta el quinto piso de las casas, cuando es bien sabido que el servicio es peor que antes de esta obra. Encima pagaron ¡COIMISION! Sin embargo, según publicación del diario La Región (22-02-2017), el ex alcalde de Maynas del periodo 2003 al 2006 y actual parlamentario descartó cualquier vinculación con “Odebrecht” en el proceso de la obra de agua potable que se llevó a cabo en Iquitos. Manifestando que su participación solo se ciñó a conseguir el saldo pendiente de la contrapartida local.
Y es que el ex-burgomaestre, posteriormente a estos hechos, en el año 2007 fue asesor principal del ministro de Vivienda, Hernan Garrido Lecca, durante el periodo del investigado ex presidente Alan García. Llegó a viajar a España y otros países en compañía del cuestionado ex-ministro. Haría bien la Fiscalía en solicitar se abra investigación profunda para descubrir a los responsables de esta obra de carácter social que nunca funcionó, que ha terminado siendo toda una estafa ya que actualmente dan agua por horas y de muy mala calidad. El pueblo padece sed de agua, pero en el mismo nivel, SED DE JUSTICIA. Que se haga justicia, entonces. Podrían empezar a citar a los responsables directos o solicitando una copia de la resolución 204-2011-EPS Sedaloreto, a fin de conocer por qué se incrementó en varios millones de soles el pago a la empresa Odebrecht después de conocerse el monto contratado. Está bien apuntar a los ex-alcaldes, ex-gobernadores, asesores y demás políticos que recibieron coimas por esta obra. Pero el brazo de justicia tiene que llegar a todos, incluyendo a los funcionarios públicos de todas las jerarquías y que, por ahora, están pasando piola. Más allá de lo que diga el corruptor Jorge Barata, es necesario llegar hasta el fondo para que la sensación de impunidad no se siga respirando en el aire de Iquitos.
