DEFENSORÍA DEL PUEBLO DEMANDA A LA PNP Y AL MINISTERIO PÚBLICO ACTUAR CON CELERIDAD
La Defensoría del Pueblo viene interviniendo en el caso de la ciudadana D.A.A.M. (31 años), mujer con Síndrome Down que sufrió violencia sexual en Iquitos. La víctima, que fue hospitalizada en atención a los problemas de salud presentados, falleció el pasado 17 de marzo y a la fecha, la Policía Nacional del Perú (PNP) y Ministerio Público no habían realizado las diligencias necesarias para encontrar responsabilidades.
A partir de la difusión del caso sobre su muerte relacionada al tema de violencia sexual, comisionados de la Defensoría del Pueblo en Loreto se reunieron con la hermana de la víctima, quien nos informó que se denunció la presunta comisión del delito contra la libertad sexual el día 12 de marzo, basándose en un examen médico legal reafirmando que sufrió violación sexual. Un día después, ingresó al tópico de medicina general del Hospital Regional de la zona debido a diversas afectaciones físicas que venía sufriendo. Al no responder a su tratamiento, falleció.
La Defensoría del Pueblo constató que hasta el 18 de marzo no se había gestionado la intervención de un fiscal para el proceso de investigación por violencia sexual. En ese sentido, la oficina de Loreto intervino para asegurar que se califique el caso en el día y se programe de manera inmediata las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos. Como resultado, se logró asignar un fiscal para el caso el 20 de marzo. Se continúan las diligencias de seguimiento al cumplimiento de funciones de las autoridades.
“En el caso en cuestión, resulta preocupante que hayan pasado 8 días para seleccionar al fiscal a cargo de la investigación, puesto que, por la gravedad de los hechos, se espera que se tomen acciones inmediatas” señaló Malena Pineda, jefa del Programa de Defensa y Promoción de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo.
La Defensoría institución llama la atención a las autoridades para que asuman con especial énfasis la investigación de casos de violencia sexual, especialmente las que involucren a personas con discapacidad.