Contraloría advirtió riesgos
Durante el desarrollo del proceso de selección, la Gerencia General de Sedaloreto declaró la nulidad de oficio de la licitación pública de los medidores de agua, disponiendo que se retrotraiga a la etapa de convocatoria dicho proceso ya que durante el estudio de mercado realizado, se presenta la cotización de una sola empresa, lo que no asegura la pluralidad de proveedores y/o marcas.
La Contraloría General advirtió riesgos en el proceso de selección para la adquisición e instalación de 36,100 medidores de agua potable por parte de la Empresa Prestadora de Servicios Sedaloreto para las localidades de Iquitos, Requena y Yurimaguas, en el departamento de Loreto, por un total de S/ 7´844,971.59.
La entidad convocó a un proceso de selección sin considerar aspectos técnicos, normas vigentes y un requerimiento previo a otra entidad. Además, se realizaron cambios de documentos en el expediente de contratación en forma irregular, lo que genera el riesgo de no cumplir con el objetivo de mejorar la micromedición del consumo de agua y la posible duplicidad en la adquisición.
El informe señala que el área usuaria de la entidad realizó el requerimiento sin sustentar la necesidad de las tres localidades, no existiendo un estudio del estado situacional de los actuales medidores debido a que no se define la ubicación en donde se van a colocar.
En ese sentido, no se puede verificar si existe la necesidad de dichos medidores y la antigüedad de cada uno. Además, no se pueden determinar los caudales y presiones mínimas requeridas de conformidad a la normativa vigente.
La entidad aprobó un expediente de contratación con deficiencias en las especificaciones técnicas y análisis de costos unitarios, que no cumple con modalidad de ejecución, lo que genera el riesgo de que la ejecución de las actividades contempladas en el expediente no cumplan con el objetivo de mejorar la micromedición.
Las bases del proceso de selección se aprobaron con incongruencias respecto a la forma de pago, lo que genera el riesgo de incertidumbre en la realización de los mismos.
En ese sentido, las bases consideran tres formas de pago que se contradicen entre sí, una a la entrega del bien, otra durante la instalación y una que considera un único pago; existiendo controversia en la forma en que realmente la entidad pagará al postor que gane la buena pro.
