El daño cometido por los imputados, sin embargo, puede repararlo también la empresa detrás. Pero para cobrarle esta reparación, debe ser incluida como TCR en un proceso judicial. Esto para la Procuraduría ad hoc es clave, pero desconoce por qué la gestión anterior no lo hizo, más que en un caso (IIRSA-Línea 1 Metro).
La situación de las empresas socias de Odebrecht se complica. Esta semana, la Procuraduría ad hoc del caso Lava Jato presentará un pedido ante el juez Richard Concepción Carhuancho para incluir como “tercero civil responsable (TCR)” a Graña y Montero, JJ Camet e ICCSA en el proceso penal en el que se investigan los actos de corrupción en la concesión del proyecto Interoceánica Sur, tramos 2 y 3.
Desde que empezó la gestión del nuevo procurador ad hoc, Jorge Ramírez, en agosto, el trabajo que han realizado en la Procuraduría se ha mantenido en silencio. Buscaban evitar interferencias mediáticas en las decisiones de los jueces. Pero hoy aseguran tener resultados positivos que comunicar.
La Procuraduría defiende al Estado, pero no persigue el delito. Eso solo lo puede hacer el fiscal. Su rol es buscar la reparación civil del daño patrimonial y extrapatrimonial (imagen, honor) causado al Estado, principal víctima de los delitos de corrupción.
En los casos de Lava Jato, por más que fueron personas naturales las que actuaron, lo hicieron a “nombre de” o “subordinados” a una empresa que, producto de una concesión ilícita, salió beneficiada.
