La directora del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, Fabiola Muñoz, dice que este año se han deforestado 74 mil hectáreas a nivel nacional, menos que en los años anteriores.
El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), adscrito al Ministerio de Agricultura, es la máxima autoridad en la gestión de los bosques en el Perú. En esta entrevista su directora responde a las críticas a su gestión y explica las medidas que están tomando para enfrentar el tráfico de madera y la deforestación, y para sustentar con la procuraduría ambiental las investigaciones contra las empresas Cacao Perú Norte (Loreto) y Plantaciones Ucayali (Ucayali), vinculadas al empresario estadounidense Dennis Melka, por deforestar miles de hectáreas en la Amazonía del Perú.
Existen varias denuncias de deforestación vinculadas a empresas que promueven el cultivo de palma aceitera. ¿Qué está haciendo el Serfor?
Nosotros hemos denunciado este tema junto con el Ministerio del Ambiente y el procurador ambiental. Además, se han sustentado las millonarias pérdidas económicas por la deforestación que han ocasionado las empresas de palma en Tamshiyacu y Ucayali. Hay que recordar que Serfor se crea en el 2014, justamente cuando el país tenía un pico de deforestación, entonces, decir que Serfor es responsable de esto es absolutamente ilógico. A estas alturas del año, estamos en 74 mil hectáreas deforestadas, después de haber tenido 177 mil y 172 mil en años anteriores.
Algunos gobiernos regionales están permitiendo el ingreso de palma aceitera en zonas de bosque.
Pelearnos con las regiones no es la solución. Tenemos que capaces para que estas regiones logren identificar un manejo forestal sostenible, sistema agroforestales y un bosque productivo. Respecto a la palma aceitera nuestra posición es muy clara, no tenemos que seguir perdiendo bosques para promover la agricultura y la agroexportación. Tenemos varias áreas deforestadas donde se podrían desarrollar estas actividades agroindustriales.
«A estas alturas del año, estamos en 74 mil hectáreas deforestadas»
¿Pero tiene el Ministerio de Agricultura (Minagri) un mapa actualizado que identifique con precisión dónde se encuentras estas áreas aptas para la palma?
Sí lo tiene. El Minagri estuvo trabajando el tema desde la COP y hemos venido trabajando de la mano con el Ministerio del Ambiente en una estrategia nacional de bosques y cambio climático. Se han identificado 500 mil hectáreas deforestadas, de esas 200 mil tenían estudios de suelos, y de estos 58.783 mil tienen condiciones para palma aceitera.
¿Qué acciones han tomado para sustentar la investigación por deforestación asociada a la palma aceitera?
Hemos enviado al fiscal nuestra opinión técnica sobre el daño forestal ocasionado por las empresas Cacao Perú Norte y Plantaciones Ucayali [vinculado a Dennis Melka]. En este documento se hizo una valorización económica de los impactos ocasionados Ucayali y Loreto. El informe concluye que la afectación al patrimonio forestal del Perú fue de S/ 220 millones en Ucayali y S/ 156 millones en Tamshiyacu.
¿Han elaborado un informe técnico similar sobre las denuncias de deforestación contra el Grupo Palmas, del Grupo Romero, en Loreto?
Te miento si te digo que sí. Yo no lo he visto.
¿Cuál es la estrategia del Serfor para frenar el tráfico de madera?
Nuestra responsabilidad como autoridad nacional es pensar en el sistema, y esto no solo implica el control y la fiscalización. Si el bosque es rentable, entonces la gente lo cuida porque ve un ingreso real. Esa es la única estrategia que ha dado éxito en el mundo. Durante muchísimos años se han priorizado únicamente los puestos de control, realizar operativos, pero esa estrategia no ha funcionado.
Hablemos del último informe de EE.UU. donde se reconoce la exportación de un cargamento de madera de origen ilegal desde el Perú.
Estados Unidos empleó un mecanismo que existe en el Tratado de Libre Comercio para temas forestales y pidió una verificación. Se trata de un cargamento puntual que corresponde a la empresa La Oroza, de enero del 2015. Esa madera no está decomisada ni en México ni en estados Unidos, salió del Perú e ingresó a Estados Unidos; y probablemente ya fue usada y está en una mesa o una silla.
Es un cargamento que ya se vendió…
Exactamente. No tiene nada que ver el cargamento inmovilizado en Loreto en noviembre del año pasado (como parte de la Operación Amazonas).
Yo creo que hay un proceso de maduración del sector privado, a duras penas, pero lo están haciendo.
¿Por qué se hace tan complicado evitar la exportación de madera de origen ilegal?
Hay un problema en la demora de Osinfor en pasar información al gobierno regional y a nosotros para iniciar los procesos correspondientes. Por ejemplo, existe un caso de una supervisión de Osinfor del 17 de octubre del 2015, que comprueba irregularidades en el origen de la madera. Pero esa notificación yo la recibo recién el 7 de julio de 2016. Osinfor tarda un promedio de un año desde que hace la inspección hasta que nos envía la información. Entonces, imagínate, en esos 7 u 8 meses o un año, esa madera ya salió del país. Estamos conversando con Osinfor para implementar un sistema de alerta rápida y hemos sacado un Decreto Supremo que obliga al sector privado a presentar su plan operativo anual no solo a los gobiernos regionales, sino también a nosotros.
¿Cuál es la responsabilidad del sector privado? Hace años que se conoce que la madera de origen ilegal se comercializa con papeles falsos, mientras las empresas siguen diciendo que compran de buena fe.
Hemos corregido la norma, ya no se presume. Cuando se discutió la ley forestal se dialogó con las comunidades indígenas, con la sociedad civil y el sector privado también se sentó en la mesa. Yo creo que hay un proceso de maduración del sector privado, a duras penas, pero lo están haciendo. Hay empresarios que dicen quiero hacer las cosas bien y dicen ¿cómo se hace? Y hay otros que esperan que haya una amnistía. El sector privado está pasando por un proceso de transformación y es interesante.
¿Quién sanciona a los consultores forestales que firman documentos falsos que facilitan la venta de madera de origen ilegal?
Nosotros no somos competentes para sancionar a un consultor. Si Osinfor detecta documentos falsos, y abre un procedimiento administrativo sancionador, este puede durar un año. En este tiempo el consultor está libre y puede seguir firmando documentos. Es más, al terminar el procedimiento, Osinfor solo sanciona al titular de la concesión, no al consultor. Osinfor entrega esta información al gobierno regional y son ellos los que abren el proceso sancionador. Es falso que Serfor deba sancionarlos.
De 100 regentes forestales habilitados, 29 tienen algún proceso administrativo en marcha.
¿Los gobiernos regionales les enviaban información sobre todos los consultores forestales sancionados?
Se supone que deberían enviarnos esa información, sin embargo, no era natural que nos la mandasen. Por ley tenían que enviarla y no lo hacían.
¿Ustedes tienen un registro nacional actualizado de los consultores forestales que firmaron documentos falsos?
Lo que tenemos ahora es un registro referencial, porque hay procesos administrativos en curso. La nueva ley forestal habla de la figura de regentes (responsables de fiscalizar que la extracción de madera salga de zonas autorizadas y de firmar los planes operativos anuales) y ese registro lo estamos actualizando mensualmente. Si el regente es sancionado al final de su proceso administrativo, entonces perderá la licencia.
¿Pero qué pasa mientras dure el proceso administrativo, el regente podrá seguir firmando documentos?
Yo no lo puedo retirar del puesto antes de que termine el proceso de investigación. Lo que puedo hacer es evidenciar la información para que las empresas decidan a quién contratar. ¿A quiénes van a contratar en el sector privado? ¿A los que están investigados o a los que están limpios?
¿Cuántos regentes habilitados tienen procesos administrativos de investigación en marcha?
En el registro nacional hay más de 100 regentes y los que tienen algún problema suman 29.
¿Cuál es la situación de las especies protegidas (CITE) como la caoba y el cedro en este momento?
Lo que te puedo garantizar es que el 100 % de lo que se comercializa de especies CITE actualmente es legal y eso lo verificamos nosotros.
La fiscalía ambiental se disculpó y reconoció que fue un error [dejar partir al barco Yacukallpa con la madera de origen ilegal]
¿Se ha pensado en actualizar la lista de especies protegidas e incorporar a otras como la shihuahuaco, que está bastante presionada?
En este momento estamos en un proceso de actualización de información por el tema de Shihuahuaco. Hemos iniciado un proceso de consulta para saber cuál es el procedimiento que tendríamos que seguir y localmente hemos empezado una conversación con el sector privado. Todavía no existe suficiente información sobre la especie, y eso lo define la autoridad científica que es el Ministerio del Ambiente. Hemos conversado con ellos y estamos recopilando información.
¿Cuál es la opinión de su sector respecto al Decreto Legislativo 1220, que permite a la Fiscalía acciones de interacción y la inmovilización de madera con los informes de Osinfor?
Hay que entender cómo miramos el sistema. Entonces, donde no hay forma de que haya tala legal, la fiscalía tiene este mecanismo para actuar de inmediato y con capacidades extraordinaria de interdicción…
Este decreto se usó en noviembre del 2015 para inmovilizar más de mil metros cúbicos de madera de la empresa La Oroza, en Iquitos, que iba en el barco Yacukallpa y tenía como destino México y Estados Unidos.
En ese caso, lo que nosotros reclamamos y le pedimos al Fiscal de la Nación era que nos explique porqué los dejaron irse, personalmente no lo entiendo. Si había madera donde yo sé que tenía origen ilegal, entonces yo no permito que se mueva el barco.
En ese momento hubo presiones de varios sectores para que dejaran partir al barco. Incluso, enviaron una carta al fiscal diciendo que si detenía el barco debía pagar los días de pérdida.
Yo nunca he visto que un fiscal haga un pago de ese tipo. Si tú tienes una madera ilegal, para qué le dan permiso de que se vaya. Yo personalmente he estado en reuniones en las que los ministros de Estado le han planteado al Fiscal de la Nación, cómo es posible que hayan dejado partir ese barco. La fiscalía especializada ambiental se disculpó y reconoció que fue un error. Todos estamos sorprendidos porque esa madera no debió salir del país.
Un grupo de madereros cuestionó esta intervención y la tildó de abuso del Ministerio Público por aplicar ese decreto…
Ese decreto fue creado para los lugares donde no tienes dudas. Si acá había duda, probablemente no. El decreto 1220 fue creado y así fue pensado para aplicarlo en lugares donde no existiera duda y por eso se habla de que tenía que haber certeza de que hay madera ilegal para poder intervenir.
¿Ustedes están de acuerdo en que la guía de transporte forestal debe incorporarse en la declaración de aduanas al momento de la exportación?
Lo que nosotros hemos dicho desde el principio es que debemos tener un sistema simple en el que todo el mundo pueda hacer seguimiento. Si eso implica modificar la declaración de aduanas o implica hacer un formato nuevo, hay que hacerlo. En el acta de la sesión de fecha de 23 de junio del 2016, del comité multisectorial de lucha contra la tala ilegal, la Sunat dejó constancia de que Aduanas podrá solicitar información adicional a los exportadores. Es falso -como ha señalado el exjefe de Osinfor, Rolando Navarro- que nosotros no queramos que se implemente esta medida.
¿Considera que el Perú ha reducido los volúmenes de madera de origen ilegal que exportaba?
Yo creo que sí. Es obvio porque al bajar la tasa de exportaciones, se baja el volumen de lo que se está aprovechando. Además, se ha mejorado el sistema de control en el país. Osinfor ha mejorado en el trabajo, los gobiernos regionales a pesar de sus problemas han mejorado, nosotros hemos mejorado. Por ejemplo en Piura impusimos multa de tres millones a taladores ilegales.
(Entrevista de: Nelly Luna Amancio, publicado en ojo-publico.com)
